Opinión | Nueva descentralización: hacia la federalización de cometidos

Uruguay necesita configurar una nueva dimensión descentralizadora.

En nuestro país se ha hablado durante décadas de reformar el Estado. Pero pocas veces se ha enfrentado el núcleo real del problema: la distancia entre quien decide y quien vive las consecuencias de lo decidido. Y también, en quien ejecuta las decisiones. 

Así las cosas, los cambios han pasado por reformas políticas, necesarias sí, pero insuficientes para alcanzar lo que necesita una política pública legitimada e eficiente: resultados. Los avances en el papel muchas veces no alcanzan el suelo donde viven los problemas. La reforma que importa no es la que reorganiza oficinas en Montevideo. Es la que permite que, quienes están en mejores condiciones de captar inquietudes y ofrecer soluciones —los gobiernos departamentales y municipales— sean capaces de gestionar respuestas concretas.

En el país hay inequidades territoriales que es posible, necesario —y justo— reparar.

En un país pequeño como el nuestro, la desigualdad territorial no debería ser un destino. Sin embargo, las diferencias en calidad de vida, acceso a servicios y oportunidades revelan una fragmentación que compromete la igualdad real. Por eso, reparar las desigualdades realizando esfuerzos por integrar el país tiene un sentido ético.

Veamos algunos datos. Según el Censo 2023, Montevideo tiene poco más del 37% de la población del país, sin embargo concentra el 49% de los vínculos laborales con el Estado.

El ingreso de los hogares de Montevideo es 38% superior al de los hogares del interior. El peso del PBI ha evolucionado, pero sigue siendo desequilibrado; al interior “vuelve” menos que lo que allí se genera.

Y así se pueden repasar cifras y cifras, que nunca son tan elocuentes como la realidad.

En 2007, el Directorio del Partido Nacional, en respuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el proyecto de creación de Municipios, definía a la descentralización como el “proceso por el cual se transfieren roles y poderes de decisión desde un órgano central de gobierno hacia otros órganos periféricos de gobierno a nivel departamental o local o incluso regional y al mismo tiempo, de los recursos financieros necesarios para hacerlos efectivos. Debe buscarse con ello asegurar mayor eficiencia, transparencia y control en el uso de tales recursos con respecto a las necesidades de los pobladores en el territorio, región o vecindario de que se trate y al mismo tiempo el ejercicio de un mayor protagonismo y participación de las poblaciones y localidades y de los gobiernos locales o departamentales para afrontar y resolver los problemas de cada comunidad en un ámbito territorial determinado” (los resaltados son de nuestra autoría).

Quien conoce el país sabe de las disparidades y las necesidades concentradas en el interior.

Por eso es necesario avanzar en algunos procesos de políticas públicas. En 2013 acompañé a Jorge Larrañaga a Finlandia, con el propósito de conocer dos experiencias exitosas: su sistema educativo y su sistema descentralizador. Me detengo en este último punto. No era nueva la dedicación de Larrañaga al tema. Ya en 2004 había propuesto la creación de Agencias Regionales de Desarrollo para asociar lo nacional con las necesidades locales. Luego de esa visita propuso que el siguiente paso del país debía ser federalizar cometidos, algo que vimos había funcionado con pleno éxito en Finlandia. “Federalizar cometidos y servicios” supone que el Estado transfiera gestión y recursos hacia gobiernos departamentales y locales para el desempeño de obras, tareas y servicios. Esa arquitectura puede iniciarse a través de regionalizar algunos cometidos, de modo de hacer gradual la transferencia de responsabilidades y recursos. La lógica es simple: muchas funciones requieren gestión de proximidad, y no pueden seguir dependiendo de oficinas lejanas y burocracias insensibles.

Por la fuerza de los hechos —la necesidad—, se han dado pasos en ese sentido. En su momento con la construcción de centros educativos, en el último período la colaboración con el FISU (Fideicomiso Integración Social y Urbana) en la construcción de viviendas.

Allí las intendencias han mostrado ser eficaces y eficientes y por ello es que hay que avanzar; hay una serie de cometidos y actividades que pueden ser desempeñados por los gobiernos locales —con la consecuente redistribución de recursos.

No hay eficiencia sin presupuesto. Pero tampoco hay integración sin descentralización.

Muchos gobiernos departamentales ya vienen cumpliendo tareas que son de la órbita nacional, pero no pueden —ni quieren— escapar de la responsabilidad de dar respuestas a su comunidad. Pero no es eficiente tener superposición de tareas.

La transferencia de cometidos del nivel central a nivel subnacional debería ser objeto de un Plan Nacional de Descentralización, que surja de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes y sea ratificado desde el Parlamento, mediante una ley que fije las condiciones y el presupuesto.

Esa transferencia sería la base para desarrollar planes de inversión pública y privada con escala regional de modo de incrementar la formación de capital humano y, con ello, impactar el desarrollo productivo del interior.

Para la OCDE “las disparidades regionales reducen el crecimiento potencial de un país, erosionan la cohesión social y generan ineficiencias macroeconómicas considerables. La inversión pública debe priorizar la convergencia territorial como condición para la sostenibilidad del desarrollo”.

Uruguay tiene margen —y urgencia— en avanzar y restituir justicia, comenzando por ampliar los poderes descentralizados.