Opinión | No todos llegamos igual a los 65

Escribe Sol Maneiro

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Sol Maneiro

Diputada por Montevideo desde 2025. Madre de cuatro y repostera de profesión. Integró el equipo de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Militante del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.

No es lo mismo llegar a los 65 años con salud y un buen empleo que llegar desgastado por años de trabajos exigentes. La reforma de 2023 los trató como si fueran lo mismo. El proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento busca corregir esa injusticia.

Para el Frente Amplio, gobernar es hacerse cargo: recoger las demandas que buscan mejorar la vida de la gente y encontrar los caminos para hacerlas realidad. Hacerse cargo implica, cuando baja la espuma de la campaña electoral, cumplir con lo que nos comprometimos. Una de esas promesas fue corregir el sistema de jubilaciones y pensiones en beneficio de las grandes mayorías.

En 2023 se aprobó una reforma, con nuestro voto en contra, que subió la edad jubilatoria a 65 años de forma generalizada, sin distinguir trayectorias laborales. Esa fue y sigue siendo una de nuestras principales críticas a la forma en que se instrumentó este proceso. No negamos el bienvenido aumento de la esperanza de vida, ni el envejecimiento de la población, ni los cambios en la forma en que las personas se vinculan con el trabajo. Pero consideramos que la reforma trató igual a quien llega a los 65 con salud y con un buen empleo, y a quien llega desgastado, con una changa, con años de informalidad y sin ninguna certeza de sostener un trabajo hasta esa edad.

Como parte del Diálogo Social que convocó el gobierno poco después de asumir, se presentó evidencia académica sólida acerca de algo que todos sabíamos, aunque fuera intuitivamente: el aumento de la esperanza de vida que se ha producido no se distribuye equitativamente entre toda la sociedad. Estudios de la Asesoría General de Seguridad Social del BPS y de la Universidad de la República muestran que la esperanza de vida no es igual entre personas de ingresos altos y bajos. Pedirles a todos el mismo esfuerzo cuando no todos llegan en las mismas condiciones es injusto.

Al mismo tiempo, si extender la edad de retiro implica extender la cantidad de años de trabajo, algo que parece lógico, se vuelve muy relevante la preocupación por el impacto que tendría incrementar la edad mínima de jubilación. Nuevamente, los estudios realizados a tales efectos nos permiten, al menos, advertir las potenciales consecuencias. Según un estudio del año 2021 de la economista Graciela Sanroman, basado en la experiencia de varios países que aumentaron la edad mínima de retiro, menos de la mitad de las personas extendieron efectivamente su vida laboral, mientras que el resto debió ampararse en un subsidio por desempleo, enfermedad o invalidez. Parece claro que solo extender la edad para jubilarse no es una solución suficiente.

¿Qué propone el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento? Plantea que, sin perjuicio de que la edad normal de retiro siga siendo 65 años, se habilite una causal de retiro anticipado para que todas las personas tengan la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años con 30 años de aportes. Y acá está lo importante: no es un beneficio parejo para todos, es un esquema escalonado. A los trabajadores y trabajadoras de ingresos bajos y medios-bajos se les garantizará que, al retirarse anticipadamente, van a cobrar montos iguales o superiores a los que hubiesen accedido antes de la reforma de 2023.

Para el resto de los trabajadores también se habilitará el acceso desde los 60, con incentivos para quienes puedan y quieran seguir trabajando más tiempo. Naturalmente, para este grupo de ingresos medios y altos, el adelanto de la edad de jubilación tendrá como contrapartida un menor monto jubilatorio. Será entonces decisión del trabajador o trabajadora elegir la solución que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Este proyecto no busca imponer a nadie a qué edad debe jubilarse. Tampoco va en la dirección de desarmar o romper el esquema existente. Lo que se busca es corregir uno de los aspectos más injustos de la Ley 20.130 aprobada en 2023: tratar como si fueran lo mismo a quien puede sostenerse en el mercado laboral hasta los 65 y a quien no puede.

Del mismo modo, conviene aclarar que estos cambios no afectarán la estabilidad financiera del sistema de seguridad social ni pondrán en entredicho su sostenibilidad futura. Este es un hecho que vale la pena destacar, en momentos donde empiezan a aparecer los mismos mensajes alarmistas de siempre cuando se trata de expandir derechos y beneficios. La propuesta se basa en cálculos técnicos realizados junto al BPS, que sustentan la viabilidad económica a largo plazo de este cambio. Dicho de otra forma, este proyecto no implica lesionar ni comprometer la salud financiera del BPS.

Cuando este proyecto llegue al Parlamento, lo vamos a defender con estos argumentos. Uruguay envejece, la natalidad cae, y eso exige respuestas serias, no relatos fáciles de ningún lado. Pero las respuestas serias empiezan por reconocer que no todos llegamos igual a la vejez. Esta causal anticipada, focalizada y creciente, es una forma concreta de hacerlo.