Opinión | Narcotráfico: la amenaza que busca reemplazar al Estado

Escribe Nicolás Guillenea Mármol

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Nicolás Guillenea Mármol

Nicolás Guillenea Mármol nació el 5 de marzo de 1987 en Montevideo. Fue Director de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones durante la gestión de Yamandú Orsi y actualmente es diputado suplente para el período 2025-2030. Desarrolla actividad en el ámbito privado asesorando empresas en materia de seguridad, convivencia y vínculos internacionales. En el ámbito deportivo participa activamente de la vida política y social del fútbol uruguayo, especialmente vinculado a Peñarol. Escribe sobre seguridad y convivencia, deporte, política territorial y realidad social.

Durante muchos años, los uruguayos observamos el narcotráfico como un problema ajeno, asociado a otros países de la región. Sin embargo, esa percepción hace tiempo dejó de reflejar la realidad. Hoy el crimen organizado transnacional ha puesto sus ojos sobre Uruguay y lo ha incorporado a sus rutas, redes logísticas y operaciones financieras.

La pregunta es inevitable: ¿por qué Uruguay?

La respuesta es sencilla y preocupante. Nuestro país reúne condiciones muy atractivas para las organizaciones criminales: estabilidad institucional, ubicación estratégica entre dos gigantes regionales, puertos modernos, infraestructura logística desarrollada y una economía formalizada que facilita, si no existen controles adecuados, el lavado de activos.

Uruguay ya no es únicamente un país de tránsito. Es también un país de acopio, logística y salida de cargamentos hacia Europa y otros mercados internacionales.

El negocio es extraordinariamente rentable. Un kilo de cocaína en zonas de producción de Colombia, Perú o Bolivia puede costar entre 1.500 y 2.500 dólares. Ese mismo kilo, una vez trasladado al Cono Sur y preparado para su exportación, multiplica su valor. Al llegar a Europa puede superar los 30.000 o 40.000 dólares al por mayor y, fraccionado para venta minorista, alcanzar valores superiores a los 80.000 o 100.000 dólares.

No existe prácticamente ningún negocio legal capaz de generar semejante margen de ganancia.

Y donde hay tanto dinero, aparece el verdadero peligro: el poder.

Porque el narcotráfico no solo vende droga. Compra voluntades, corrompe instituciones, infiltra economías y disputa territorios.

Pero el dinero obtenido del delito tiene un problema: es dinero ilegal. Por eso necesita ser lavado.

¿Dónde se lava el dinero?

En inversiones inmobiliarias, compra de campos, vehículos de alta gama, comercios, empresas de fachada, construcción, gastronomía, casinos, apuestas y múltiples actividades legales que permiten mezclar fondos ilícitos con ingresos legítimos.

El lavado de activos es el combustible que mantiene vivo al crimen organizado.

Por eso la lucha contra el narcotráfico no es únicamente policial: es también financiera, tributaria, aduanera y judicial.

Sin embargo, el mayor daño que provoca el narcotráfico va mucho más allá de la droga.

El crimen organizado destruye la convivencia.

Aumenta la violencia, multiplica los homicidios, genera enfrentamientos territoriales, promueve el reclutamiento de jóvenes y debilita el tejido social de barrios enteros.

Allí donde el Estado llega tarde o no llega, las organizaciones criminales intentan ocupar ese vacío.

Prestan dinero, entregan alimentos, financian fiestas, ayudan económicamente a familias o generan trabajos informales. Lo hacen no por solidaridad, sino para comprar lealtades y ejercer control.

En algunos territorios de América Latina, las organizaciones criminales han llegado a brindar respuestas más rápidas que el propio Estado.

Y cuando un grupo criminal comienza a resolver problemas mejor o más rápido que las instituciones, deja de ser solamente una organización delictiva: empieza a disputar poder.

Ese es el verdadero riesgo.

Porque el narcotráfico no busca solo ganar dinero. Busca gobernar territorios, imponer reglas y sustituir al Estado.

Por eso el combate al narcotráfico no puede reducirse a más patrulleros o más cárceles.

La seguridad es fundamental, pero no alcanza.

También se necesita educación, cultura, empleo, deporte, salud y convivencia.

Cada joven que encuentra oportunidades es un joven menos vulnerable al reclutamiento criminal.

Cada barrio recuperado es un territorio menos para el delito.

Cada peso lavado que se detecta es poder que se le quita al crimen organizado.

La lucha contra el narcotráfico no es una discusión ideológica. Es una defensa de la democracia, de la convivencia y del derecho de nuestros hijos a crecer en una sociedad donde quien manda es el Estado y no las organizaciones criminales.

Porque cuando el Estado retrocede, el narcotráfico avanza.

Y recuperar esos territorios después es infinitamente más difícil.