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Escribe Aldo Lamorte

Opinión | Movilidad eléctrica y seguridad jurídica: las reglas cambian a mitad de camino

Lo que está en discusión no es solamente una política de promoción específica, sino la credibilidad del país.

11.06.2026 16:32

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Escribe Aldo Lamorte

Aldo Lamorte

Diputado (s) por el Partido Nacional, Unión Cívica. Arquitecto, empresario, consejero de nómina de gobierno de Italia en el Consejo General de los Italianos en el Exterior.

Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto a la eventual eliminación o reducción de beneficios fiscales vinculados a los vehículos eléctricos, generan preocupación y abren un debate que trasciende al sector automotor. Lo que está en discusión no es solamente una política de promoción específica, sino la credibilidad del país a la hora de establecer reglas de juego para ciudadanos e inversores.

Durante años, Uruguay impulsó activamente la transición hacia la movilidad eléctrica. Lo hizo mediante exoneraciones tributarias, incentivos a la importación y señales claras orientadas a fomentar una transformación tecnológica alineada con los objetivos ambientales y energéticos del país. Miles de ciudadanos, empresas e instituciones tomaron decisiones de inversión confiando en esas señales.

Por eso resulta llamativo que ahora se plantee modificar o retirar beneficios que fueron creados precisamente para acelerar ese proceso. Cuando un gobierno promueve una conducta, invita a invertir y genera expectativas legítimas sobre determinadas condiciones, debe actuar con extrema responsabilidad antes de alterar el escenario que él mismo contribuyó a construir.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observan las diferencias de criterio dentro del propio Poder Ejecutivo. Mientras desde el Ministerio de Economía se transmiten señales sobre posibles cambios, desde el Ministerio de Industria han surgido dudas respecto a si este es realmente el momento adecuado para adoptar una medida de estas características. Esa falta de alineamiento no contribuye a brindar certezas ni a fortalecer la confianza de quienes deben tomar decisiones económicas de largo plazo. La propia ministra de Industria, Fernanda Cardona, tomó distancia de la postura expresada por el Ministerio de Economía al señalar públicamente que “no estamos todavía en el momento oportuno de tomar esa decisión” y que, a su entender, Uruguay aún no está en condiciones de gravar o reducir los incentivos a la movilidad eléctrica. Sus declaraciones reflejan que ni siquiera dentro del gobierno existe una visión unificada sobre un tema que afecta inversiones, decisiones de consumo y una política de Estado que el propio país ha promovido durante años. Cuando dos ministerios envían señales diferentes sobre el futuro de una actividad económica, la incertidumbre se transforma en un costo adicional para ciudadanos e inversores.

También resulta inevitable recordar que durante la campaña electoral las actuales autoridades fueron enfáticas al señalar que no se crearían nuevos impuestos ni se incrementaría la carga tributaria. Si bien técnicamente eliminar una exoneración puede no equivaler a la creación de un nuevo tributo, para el ciudadano o la empresa que debe afrontar un mayor costo el efecto económico es exactamente el mismo: termina pagando más.

Las políticas públicas requieren previsibilidad. La confianza se construye durante años, pero puede deteriorarse rápidamente cuando las reglas parecen modificarse a mitad de camino. Uruguay ha logrado destacarse en la región precisamente por ofrecer estabilidad institucional, respeto por los compromisos asumidos y seguridad jurídica. Esos atributos son mucho más valiosos que cualquier recaudación coyuntural que pueda obtenerse mediante la eliminación de incentivos previamente establecidos.

La discusión sobre la eficiencia de los beneficios fiscales es legítima y necesaria. Ninguna política pública debe ser eterna ni inmune a la evaluación. Sin embargo, cualquier revisión debe realizarse con estudios técnicos sólidos, diálogo con los sectores involucrados y una estrategia gradual que no castigue a quienes actuaron de buena fe siguiendo las señales emitidas por el propio Estado.

La seriedad de un país no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos. También se mide por la consistencia entre lo que promete y lo que hace, entre lo que incentiva y lo que posteriormente decide gravar. Uruguay necesita más que nunca preservar ese capital de confianza que tanto esfuerzo ha costado construir.

Resulta difícil comprender cómo, por un lado, el gobierno continúa promoviendo la movilidad eléctrica como un objetivo estratégico de la política energética nacional y, por otro, analiza reducir los incentivos que permitieron precisamente su crecimiento. Más aún cuando la propia ministra de Industria sostiene que todavía no es el momento para avanzar en esa dirección. La falta de coherencia entre los mensajes oficiales genera dudas sobre cuál es la verdadera política del gobierno y debilita uno de los principales activos que Uruguay ha construido durante décadas: la previsibilidad de sus decisiones.

Las inversiones, grandes o pequeñas, no llegan solamente por los beneficios fiscales. Llegan porque existe la convicción de que las reglas serán claras, estables y previsibles. Ese es el verdadero activo estratégico que el país debe proteger.