Opinión | Montevideo merece un gobierno que la cuide

Escribe Rosana García

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Rosana García

Exsecretaria general de Formación en Educación (CFE) de la ANEP entre 2020 y 2025. Especialista en gestión educativa, programas de formación, investigación y extensión. Escribana, docente y clautrista de la Facultad de Derecho de la Udelar.

Montevideo es la capital del país, una puerta de entrada para quienes nos visitan y el lugar donde transcurre la vida cotidiana de cientos de miles de uruguayos. Su patrimonio, su costa, sus barrios y su actividad cultural merecen una ciudad cuidada. Sin embargo, la limpieza sigue siendo una deuda que atraviesa administraciones, programas y promesas electorales.

Una deuda de gestión que ahora también se convierte en una obligación financiera para los montevideanos. El financiamiento extrapresupuestal aprobado para limpieza permite comprometer hasta cincuenta millones de dólares, con un plazo máximo de cancelación de veinte años. Los vecinos deberán afrontar ese compromiso sin que la aprobación del dinero garantice, por sí sola, la solución del problema. La Intendencia debe explicar cómo asegurará que este esfuerzo se traduzca en una ciudad limpia de manera sostenida.

Después de más de tres décadas de gobiernos del Frente Amplio, corresponde discutir la responsabilidad política por esa deuda. Quien ha conducido la Intendencia de manera ininterrumpida desde 1990 ha tenido tiempo para conocer el problema, ensayar soluciones, evaluar resultados y corregir lo que falla. La continuidad en el poder también implica hacerse cargo de lo que se hereda de los propios gobiernos.

La disconformidad tiene respaldo en la opinión de los montevideanos. En la medición de agosto de Equipos Consultores para la propia Intendencia, la limpieza de la ciudad registró un 61% de desaprobación y apenas un 20% de aprobación. Es una evaluación que debería ocupar el centro de las prioridades del gobierno departamental.

La administración de Mario Bergara debe responder por su gestión y por el rumbo que elige. En una entrevista con Montevideo Portal, el director de Desarrollo Ambiental reconoció que el sistema de contenedores había colapsado. Esa definición, formulada desde el propio gobierno, exige explicar cómo se llegó a ese punto y qué garantías existen de que las decisiones actuales permitirán superarlo.

Montevideo necesita un servicio que funcione con regularidad. La limpieza debe sostenerse después de cada intervención, en todos los barrios de Montevideo, sin distinción. Cada vecino tiene derecho a recibir un servicio adecuado, viva donde viva.

La capital recibe visitantes que recorren su rambla, conocen su historia y sostienen parte de la actividad de comercios, restaurantes y emprendimientos. El cuidado urbano influye en esa experiencia y en la imagen que Uruguay proyecta. Pero la exigencia comienza por quienes viven acá todo el año. Una ciudad debe estar limpia para la familia que sale a trabajar, para el comerciante que abre su local y para la persona mayor que camina por su barrio.

La Intendencia ha presentado un Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos para 2026–2027, con cincuenta líneas de acción, metas e indicadores. Esa planificación compromete a las autoridades a mostrar avances que puedan comprobarse: cobertura, frecuencia, tiempos de respuesta, costos y soluciones sostenidas en los puntos críticos. Los vecinos necesitan poder contrastar los compromisos con el servicio que reciben.

También hay experiencias que merecen ser consideradas. Una encuesta divulgada por la Intendencia en agosto mostró que el 91% de los consultados en zonas donde ya funciona el nuevo sistema de recolección percibía mejoras en la limpieza de su cuadra y su barrio. El alcance de ese dato es específico y valioso. Si una solución funciona, corresponde explicar cómo se extenderá, en qué plazos y cómo se resolverán las necesidades de los barrios donde todavía persisten los problemas.

Desde el Partido Nacional hemos puesto alternativas sobre la mesa. En marzo, Martín Lema y la estructura departamental presentaron propuestas que incluyen hidrolavado y tercerización de la recolección mediante contratos con exigencias de cumplimiento. Esas iniciativas merecen una discusión sobre resultados, costos y capacidad de control. La Intendencia debe estar dispuesta a evaluar mecanismos distintos cuando el servicio que presta sigue generando tanta disconformidad.

Contratar a una empresa tampoco exime al gobierno de responsabilidad. Exige elaborar buenos pliegos, controlar el trabajo y aplicar las consecuencias previstas ante incumplimientos. La conducción pública se demuestra al organizar un servicio eficaz y responder por él. Defender una modalidad de gestión por costumbre política, sin someterla a evaluación, termina dejando las necesidades de los vecinos en segundo plano.

Por supuesto, los ciudadanos tenemos obligaciones. Disponer correctamente los residuos, respetar los espacios comunes y cumplir las normas forma parte de la convivencia. A la Intendencia le corresponde facilitar ese cumplimiento, fiscalizar y garantizar el servicio. La responsabilidad compartida requiere que cada parte cumpla la suya, empezando por la autoridad que administra los recursos y dirige la política de limpieza.

Montevideo necesita recuperar la confianza en su gobierno departamental. Eso supone que un reclamo tenga seguimiento, que una solución perdure y que las autoridades puedan explicar qué hicieron con los recursos disponibles. La limpieza es una prueba concreta de esa capacidad de gestión.

Desde el Partido Nacional aspiramos a gobernar Montevideo. Esa aspiración nos obliga a presentar alternativas, ejercer el contralor y construir una propuesta capaz de mejorar la vida cotidiana. La alternancia puede aportar la renovación que una gestión tan prolongada necesita.

Los montevideanos tienen derecho a exigir más. El Frente Amplio debe responder por los resultados de sus gobiernos, y quienes queremos conducir la Intendencia debemos demostrar que podemos hacerlo mejor. Montevideo merece un gobierno que la cuide todos los días.