Opinión | Montevideo: años para una letra, décadas esperando soluciones

En una ciudad donde las urgencias sociales se hacen cada vez más visibles, cuesta no preguntarse en qué se están enfocando realmente los esfuerzos de gestión. La reciente propuesta de la Intendencia de Montevideo de cambiar el nombre de la avenida Ramón Anador por “Ramón Anadón”, con el objetivo de corregir lo que se considera un error histórico, expone una discusión que trasciende lo simbólico: ¿cuáles son hoy las verdaderas prioridades?

El planteo, respaldado por el intendente Mario Bergara, surge tras más de diez años de investigación que concluyen que el nombre correcto del militar homenajeado es Juan Ramón Anadón, quien falleció en la Batalla de San Lorenzo combatiendo junto a José de San Martín. Desde el punto de vista histórico, la precisión es atendible. Pero el problema no es la intención, sino el contexto.

Porque mientras se invierten años de estudio, horas de trabajo institucional y ahora tiempo político en discutir una corrección nominal, Montevideo enfrenta realidades que no admiten demora. El crecimiento de asentamientos irregulares, la persistencia —y en algunos casos el aumento— de personas en situación de calle, y las dificultades en servicios esenciales son parte de una agenda urgente que afecta directamente la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

No se trata de desestimar el valor de la historia ni de negar la importancia de los símbolos. Se trata de entender que gobernar implica priorizar. Y priorizar significa asignar tiempo, recursos y energía a aquello que más impacta en la sociedad en el presente.

La discusión sobre el nombre de una avenida que lleva más de cien años instalada en la identidad urbana no parece responder a una demanda social concreta. Para quienes nacimos y crecimos en la zona de Parque Batlle, transitando esa avenida y conviviendo con referencias históricas del barrio como el antiguo zoológico, “Anador” no es un error: es parte de una memoria colectiva, de una forma de nombrar y de habitar la ciudad.

Modificar ese nombre implica más que una corrección técnica. Supone intervenir en una construcción cultural arraigada, sin que exista un reclamo ciudadano que lo exija. Y, además, conlleva costos: administrativos, logísticos, operativos. Desde la cartelería hasta los registros, desde el tiempo de los funcionarios hasta el tratamiento en la Junta Departamental.

En ese sentido, la pregunta no es si el cambio es correcto desde lo histórico. La pregunta es si es oportuno.

En un contexto donde cada recurso cuenta, donde cada hora de trabajo debería estar orientada a resolver problemas concretos, este tipo de iniciativas deja una sensación difícil de evitar: la de una política que, por momentos, parece más cómoda corrigiendo el pasado que enfrentando el presente.

La gestión pública no debería perder de vista que su legitimidad se construye en la respuesta a las necesidades reales de la población. Y hoy esas necesidades pasan por vivienda, inclusión, seguridad urbana, servicios y oportunidades. No por una letra.

El debate que ahora deberá dar la Junta Departamental no es menor, pero tampoco debería ser aislado. Porque más allá de lo que se resuelva, lo que queda en evidencia es una forma de asignar prioridades que merece ser discutida.

Tal vez el verdadero error no esté en cómo se escribió un nombre hace más de un siglo. Tal vez el error esté en creer que corregirlo hoy cambia algo esencial en la vida de los montevideanos.

Las ciudades no mejoran por cómo nombran sus calles, sino por cómo cuidan a quienes las recorren.Una letra no tapa la realidad: Montevideo y el problema de las prioridades.