Opinión | Los olvidados de la tierra

En diversas oportunidades se ha acusado al Frente Amplio de darle la espalda al campo, de olvidar su existencia, estableciendo una falsa dicotomía entre campo y ciudad. Dicha perspectiva además de ser falsa esconde otra falacia: refiere al “campo” como un elemento homogéneo, desconociendo la diversidad de realidades que conforman el ámbito rural.

Ni los gobiernos del Frente Amplio olvidaron al interior del país ni existe un solo interior. Porque dentro del conjunto de pobladores, hay peones, terratenientes, pequeños y medianos productores. Hay quienes pueden seguir viviendo en el campo, pero también hay miles que necesitan del apoyo del Estado para producir, para vivir, para no emigrar.

El Presupuesto Nacional 2020-2024 del actual gobierno desmanteló gran parte de la institucionalidad, creada en los últimos 40 años, cuyo objetivo es el apoyo al desarrollo agropecuario. Dicho desmantelamiento impacta directamente en los medianos y pequeños productores de nuestro país, quienes son los que utilizan de manera mayoritaria el apoyo público de financiamiento, acceso a tierras y apoyo tecnológico. De esta manera, las posibilidades productivas quedaron libradas a aquellos productores con capacidad financiera.

Se redujo un 42% el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Rural lo que significa la fragilización de las políticas de apoyo a la sustentabilidad económica y social de los emprendimientos de la producción agropecuaria familiar. La reducción presupuestal para INALE, INIA, INASE, IPA, institutos públicos de derecho privado vinculados al MGAP, van del 13% al 53%.

Instituto Nacional de Colonización

El Primer Congreso Nacional de Colonización fue una gran “asamblea abierta”. Una iniciativa de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) cuya organización llevó más de dos años, pero logró concretarse los días 19 y 22 de mayo de 1945, en la ciudad de Paysandú. Este acontecimiento reunió a un nutrido conjunto de instituciones y organizaciones para debatir sobre posibles cambios a la legislación de la colonización agraria. De los aportes de las siete comisiones que trabajaron en el congreso se obtuvieron parte de los insumos que dieron lugar a la creación del Instituto Nacional de Colonización (INC), proyecto aprobado el 10 de enero de 1948, con el impulso del presidente Luis Batlle Berres. 

Actualmente el INC administra más de 615 mil hectáreas, donde se desarrollan más de 3700 unidades de producción familiar, involucrando a más de 5500 familias. Las tierras del INC representan un 27% de la superficie ocupada por la producción familiar nacional y un 4% del Uruguay. 

Desde el 2005 al 1019 se incorporaron más de 133 mil hectáreas a la cartera. En promedio se adjudicaron más de 10 mil hectáreas por año a productores familiares y asalariados rurales que viven y trabajan en el medio rural. En el año 2000, los emprendimientos colectivos eran 27, a fines del 2019 eran 226 emprendimientos en más de 100 mil hectáreas. 

Las políticas del INC permiten que productores familiares y asalariados rurales puedan acceder a la tierra y permanecer en el campo. Y al mismo tiempo, participar de procesos colectivos generando valores de cooperativismo y asociativismo. 

Es imprescindible tener una política de tierras que permita que la gente pueda seguir viviendo en el medio rural. Como bien lo expresa la exposición de motivos del proyecto de ley de “Repoblamiento de la campaña”, iniciativa del extinto Jorge Larrañaga y el ex vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, Carlos Daniel Camy: “Si bien hay quienes emigran voluntariamente hay muchos ciudadanos que son expulsados de las zonas rurales por falta de mínimas posibilidades de subsistencia. El objetivo del presente proyecto de ley es lograr que el Instituto Nacional de Colonización disponga de las tierras necesarias para desarrollar una agresiva política de asentamiento de familias en el medio rural retomando así las mejores tradiciones Artiguistas que unen a todo el pueblo uruguayo.” Esta ley, aprobada en 2007, fue enriquecida por aportes de legisladores de todos los partidos y votada por unanimidad en el Senado, dicho consenso fue producto de una construcción multipartidaria, de una mirada colectiva sobre un asunto muy grave, que aqueja a nuestro país. Hoy se está rompiendo ese consenso.

Discutir sobre la tierra ha sido siempre problemático en Uruguay, porque implica discutir de patrimonio, de riqueza, de acumulación, y sin lugar a dudas, también de poder. Pensar ese recurso natural tan importante para un país agropecuario, es pensar cómo se accede, en calidad de qué, cuál es su propiedad y estas preguntas han generado varios debates a lo largo de la historia. 

Por ejemplo, durante la discusión del proyecto, el 9 de julio de 1947, la Federación Rural del Uruguay expresó su rechazo a la creación del INC, en un editorial del Diario Rural, calificó al instituto como “...un organismo exótico para sovietizar la tierra regada con la sangre generosa de los gauchos y el sudor honrado de los criollos.”

Hoy a 73 años de su creación, el INC está siendo fuertemente amenazado por una serie de definiciones políticas que ha tomado este gobierno. En el Presupuesto Nacional, se redujo la partida presupuestal para compra de tierras en más de un 90%; en la rendición de cuentas 2020, se plantea no destinar rubros para la compra de tierras, decisiones que se complementan con los artículos de la LUC donde se sacaron unas 60.000 ha de la afectación de la Ley 11.029 y se quitó la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en las tierras afectadas al INC.

El ataque al INC es innegable y su afección perjudica a los sectores más vulnerables del campo. El desmantelamiento de la institucionalidad pública y el recorte de subsidios y subvenciones a los institutos de apoyo y desarrollo agropecuario, tiene un impacto más profundo en los medianos y pequeños productores que en los grandes. Esto traerá aparejado una mayor concentración económica, desprotección a la población rural más vulnerable, reducción del poblamiento de la campaña y efectos directos sobre  la soberanía y seguridad alimentaria.

El Estado debe otorgar acceso a la tierra en el medio rural para generar oportunidades, para que la producción familiar permanezca allí y que haya condiciones para que sean sustentables tanto el uso del recurso natural como el desarrollo de las familias en ese medio. Este es un país bastante complejo, que tiene la mitad de la población en la capital, y muchas veces nos olvidamos que gran parte del destino de nuestro desarrollo se juega con lo que suceda en el medio rural. Se necesitan políticas públicas, desarrollo de bienes públicos en el interior, lo que no sólo significa acceder a la tierra, sino también generar las condiciones para una producción sustentable y para el acceso a otros bienes, como la educación, la salud y el conocimiento.