Opinión | Las dos cajitas de Azucena

La ministra Arbeleche pone a consideración del Parlamento una nueva propuesta en una misma y coherente línea de acción. Esta vez, exoneraciones de Aportes Patronales en el BPS, de IRAE, de Impuesto al Patrimonio, nuevo alivio a las nuevas empresas monotributistas, medidas para las monotributistas MIDES, amén de Refinanciación de adeudos con BPS y DGI. Todo en un paquete que deberá tener rápida consideración porque habrá de tener inmediata aplicación. Se trata de mantener vivas a las empresas. De mantenerlas en actividad y de sostener el empleo a pesar de la crisis.

El paquete quita carga a las empresas para permitir su viabilidad. Les quita costos fijos. Baja su punto de equilibrio para que puedan alcanzarle en este tiempo de dificultades de nuestra economía. No se posterga el problema. Se lo quita. Se exonera no se pospone. No se condena a la empresa a un eterno peregrinar portando una amenaza de pendiente ejecución. No se la transforma en eterno culpable de su presunta mala gestión. Se reconoce la dificultad de la economía y se despeja el camino. El que ha hecho el sacrificio comprometiéndolo todo hasta aquí, tendrá unos meses para reponer fuerzas y seguir adelante.

"Mantener encendidos los motores de la economía" fue la frase de la ministra que marcó el rumbo con diáfana claridad desde el principio de la pandemia. Fue un mensaje claro. Fue decir que el Uruguay del trabajo no se entrega. Queremos salir con nuestro aparato productivo en marcha. Con la producción agropecuaria, con la industria, con el comercio, con los sectores de la inteligencia, con los servicios. Con todos. No pretendemos que el Estado sustituya al empresario como principal empleador. No queremos que la gente pierda su trabajo para devenir en rentista de baja monta. No lo queremos por el ingreso familiar y no lo queremos por el hábito de trabajo. Un Uruguay de ciudadanos que se sientan útiles. Que compartan la carga de sacrificio que la situación impone. Nunca grises incapacitados esperadores de dádivas del Estado. Eso no son los uruguayos aunque algunos así lo quieran.

El Agro se ha mantenido activo y produciendo. La naturaleza no para y el hombre que trabaja la tierra tampoco. El gran motor está encendido. La industria y los servicios asociados ya están en actividad plena. Los servicios turísticos sintieron fiero. Se les alivió carga y este proyecto los vuelve a contemplar. Por supuesto no compensará lo perdido. Pero alienta saber que alguien se preocupa por uno. Hubo alivio de cargas e incentivo del turismo interno. Se mantuvo vivo el sector.

En este país el 97% de las empresas son pymes. Este es un proyecto para las pymes. Las pymes dan en el orden del 67% del empleo nacional. Es de corte social en el mejor sentido. Para algunos lo social es únicamente dar una transferencia. Eso también se hace, pero como último recurso. Se trata de respetar la dignidad de la persona. Al que trabaja le gusta mantener su familia con su trabajo. Este gobierno le quiere ayudar a mantener su emprendimiento a unos y su empleo a otros. No los quiere transformar en lo que les amargaría ser.

El aporte patronal al BPS es un costo fijo inflexible. Incide en cuanto costo que la actividad económica debe pagar, pero además lastima por su periodicidad. Son fondos que hay que juntar se haya podido trabajar o no. Si se vendió o no se vendió es lo mismo. Al BPS hay que pagarlo. Mes a mes. Sin tiempo de respiro. Sin tolerar el atraso. Castiga por lo que es y castiga por cómo es. Es caro y es ahora. Visto con perspectiva, en una sociedad del trabajo, que dice querer al trabajo y dice querer alentarlo, el aporte patronal al BPS es una multa al que da empleo. Expresa una valoración negativa de la sociedad hacia el que da trabajo. Lo castiga por utilizar el trabajo ajeno. No es un premio al que elige emplear gente produciendo, en vez de especular con su capital. No es un premio al que se hace cargo de lo que el Estado tendría que hacerse cargo. Es un castigo y por partida doble. Económico y financiero. Presente y futuro. No es justo ni bueno. Este proyecto le afloja en la mitad, al menos para los más chicos.

Al que se tuvo que atrasar con BPS o DGI, el proyecto lo alivia de doble manera. Lo alivia por la aplicación de un régimen de facilidades y lo alivia porque le quita esa dificultad que significa la no aceptación de las nóminas por el BPS cuando la empresa tiene retrasos. Parece menor, pero esas cuestiones siempre implican costos. La facilidad determinada y clara es estabilidad de reglas hacia el futuro, se pasa de la incertidumbre a la certeza. Si eso es importante para una empresa cualquiera, más lo es para una de pequeña estructura.

La exoneración del anticipo de IRAE es otra ayuda significativa. Para empresas que funcionan a menos de media máquina, con reservas agotadas y sin posibilidad de crédito bancario remanente, la obligación del anticipo implica endeudamiento del peor o no cumplimiento. La exoneración alivia la carga y es oportuna. Conste que estamos haciendo referencia a empresas de la primera franja de aportación. Si la medida hubiera sido pertinente para cualquier caso, para el caso de estas empresas nadie discute su absoluta pertinencia.

Otra facilitación vendrá por el lado del Impuesto al Patrimonio. La mitad para los de la primera franja y un 25% de alivio para los de la segunda franja de aportación. Para los que tienen facturaciones del orden de los cien y doscientos mil dólares respectivamente. Lo mismo para los aportantes de IMEBA. Es otro peso fijo cuya carga se aliviana en momentos en que casi ningún patrimonio rinde nada.

Desde la óptica de la economía en general vemos al procedimiento como sano. Acompaña pero no sustituye. Sostiene el empleo y no incentiva la pereza. Sostiene la lucha y no impone la dejadez. No crea malas adicciones. Alienta el trabajo. Da al pequeño empresario un incentivo para seguir luchando. Le dice que el Estado lo valora y que valora su esfuerzo. Le dice que el Estado quiere que siga activo y dando empleo. Le dice que para este Estado no es el incomprendido de siempre. Le dice que el Estado lo necesita fuerte y por eso no lo quiere debilitar. Es un buen mensaje de un Estado que sabe lo que cuesta cada peso.

El conjunto de medidas tiene un costo que asciende a los 150 millones de dólares. No es una cifra pequeña. Más aun en un país con abarcativa y costosa cobertura social permanente. Más en un país cuya sanidad económica está siempre amenazada por el sostenimiento de ese aparato social que se mantiene cuando está en uso y cuando no lo está. Algún día deberíamos preguntarnos como sociedad si es buena cosa la permanencia de esa cobertura y ese gasto. Aparenta ser bueno, y lo es hasta que comprendemos que esa cobertura es tal salvo cuando más la necesitamos, que es en tiempos críticos. Nos gastamos los recursos sociales cuando hay y no los tenemos cuando no hay. No pagamos cuando podemos pagar a costo de no tener cuando necesitamos. Será motivo de pensarlo en otro tiempo y circunstancia. Por ahora entretengamosnos en seguir agrandando la cuenta que tienen que pagar nuestros hijos.

Los 150 millones gastados en sostener la actividad y el empleo rinden mucho más que transferidos al consumo. Rinden más por las cuestiones morales que referimos. Rinden más porque el trabajador quiere trabajo y no subsidios. Rinden más porque ahorran el costo de la recreación del entramado empresarial del Uruguay. Rinden más en el mediano plazo porque el ingreso reacciona mejor ante este tipo de medidas que ante las de transferencia directa a las personas.

Seguramente alguno me responderá con modelos de economías centrales donde el multiplicador del gasto para el consumo es mayor que para la inversión o para el ahorro empresarial. Doble error. Aquí no hay ahorro. Tampoco hay inversión. Hay cuidado del mantenimiento de los activos existentes y hay consumo por la actividad económica de la empresa y consumo por los salarios. El segundo error deviene de la aplicación de modelos de economías centrales, grandes y protegidas a una economía pequeña, dependiente y necesariamente abierta, que además se encuentra en deplorable estado de falta de competitividad por el costo heredado en precios, tarifas, cargas e ineficiencias y costos estatales. Si queremos Keynes razonemos con Keynes. Nuestro keynesianismo debe ser un sur-keynesianismo y viene por el lado del incentivo al consumo por la baja de costos. El salario consume más porque devino mayor su poder de compra con la baja relativa de otros costos.

Finalmente, una mención al acierto de la idea de las 2 cajitas que repite la ministra. La del gasto permanente e inflexible y la del gasto coyuntural por la pandemia. Todo el gasto que sea necesario en la circunstancia. Que no se quede nadie porque no hubo con qué sostenerle activo. Que no se deje de asistir a nadie porque no hay con qué. Que tampoco se gaste lo innecesario. No es plata de nosotros. Es de los que de verdad necesitan porque esta sociedad los dejó sin chance y es de las generaciones que no tenemos derecho a sobrecargar. Por otra parte, nada más inflexible que el gasto. Infla la cajita mala. La cajita que no debemos agrandar. En ese sentido el manejo ha sido el inteligente. Mucho cuidado en no convertir el gasto coyuntural en estructural. En este mismo período pagaremos la cajita mala con los ahorros de la buena.