Opinión | La seguridad se tiene que notar en el barrio

Escribe Adriana Balcarcel

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Adriana Balcarcel

Dirigente política del Partido Nacional. Herrerista, legisladora en la Junta Departamental de Montevideo desde el 2010 hasta 2025. Integró activamente el Congreso Nacional de Ediles, donde también cumplió funciones como coordinadora.

La seguridad es una responsabilidad central de cualquier gobierno. Cuando una familia teme por el trayecto de sus hijos al liceo, un comerciante ve amenazada su fuente de trabajo o un barrio modifica sus rutinas por la violencia, el Estado tiene la obligación de actuar. Asegurar que las personas puedan vivir y trabajar en libertad es una prioridad política que exige conducción, decisiones y resultados.

Desde el Partido Nacional y el Herrerismo defendemos el ejercicio de la autoridad dentro de la ley, el respaldo a la Policía y la protección de quienes sufren el delito. Esa convicción supone exigirle al gobierno que utilice las herramientas disponibles, explique sus decisiones y rinda cuentas sobre sus consecuencias. La responsabilidad de conducir la seguridad pública corresponde al Poder Ejecutivo. La nuestra, como oposición, es controlar, proponer y reclamar las correcciones necesarias.

Con ese criterio participé en la comparecencia del Ministerio del Interior ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del pasado 22 de octubre. Pregunté cómo se distribuyen los efectivos, qué protección tienen los entornos educativos, cómo se responde a los llamados robos piraña y qué respaldo reciben los policías. Son preguntas sobre la capacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía.

El Ministerio presentó acciones, recursos y avances de su plan. Corresponde analizarlos con seriedad. También corresponde exigir que esa información permita comprender qué está cambiando en cada territorio. Las cifras nacionales sobre ingresos policiales necesitan traducirse en respuestas sobre cuántos funcionarios están efectivamente disponibles, dónde cumplen tareas y qué necesidades siguen pendientes.

El gobierno administra el Ministerio, define los despliegues y establece las prioridades. Por eso debe explicar cómo sus decisiones fortalecen la prevención y la respuesta frente al delito. La discusión permanente sobre las administraciones anteriores ofrece pocas respuestas a quienes hoy necesitan protección. Cada gestión debe asumir las responsabilidades del tiempo que le toca gobernar.

Vivo en Paso Molino y conozco la preocupación que generan los episodios de violencia en las zonas comerciales. En la comisión mencioné hechos que alteran la tranquilidad de vecinos y trabajadores. También reconocí la presencia policial que había observado en mi zona. Valorar esa presencia y exigir que tenga continuidad forman parte de una misma posición: queremos una Policía con capacidad de prevenir, intervenir y sostener el control del territorio.

Esa presencia tiene que llegar también a los entornos educativos. Trasladé relatos difundidos públicamente por familias sobre ofrecimiento de drogas y cobros de una especie de “peaje” a estudiantes. Pregunté si existían denuncias y qué coordinación se había dispuesto con las instituciones de enseñanza. La gravedad de esos planteos exige verificar lo ocurrido y establecer una respuesta concreta.

La coordinación entre organismos es necesaria. Su eficacia se demuestra cuando hay responsabilidades definidas y actuaciones oportunas. Cuando una familia denuncia una amenaza, necesita saber quién interviene, cómo se protege a los estudiantes y qué seguimiento tendrá la situación.

Desde nuestra concepción de la seguridad, respaldar a la Policía implica darle herramientas legales, formación, equipamiento y una conducción que sostenga su actuación profesional. Implica, además, cuidar a sus funcionarios. El Ministerio informó sobre la formación de nueve meses y medidas de bienestar laboral y atención psicosocial. Corresponde conocer su alcance efectivo y qué respuesta recibe un policía cuando necesita ayuda. El respaldo debe poder comprobarse en sus condiciones de trabajo.

Al cerrar la comparecencia, el ministro reconoció la sustancia de mis preguntas y propuso contestarlas por escrito. Varias precisiones quedaron, por tanto, sin respuesta durante la sesión. Dar seguimiento a ese compromiso es parte de mi responsabilidad parlamentaria. Una comparecencia debe permitir evaluar la gestión y obtener la información necesaria para ejercer el control democrático.

Estamos dispuestos a acompañar las medidas que mejoren la seguridad y a aportar propuestas. Esa disposición exige del gobierno apertura al contralor y voluntad de corregir. Los acuerdos necesitan información y compromisos verificables.

Sabemos que los problemas de seguridad son complejos y que algunas transformaciones requieren tiempo. Mientras tanto, el Estado debe proteger a la población con todos los recursos legítimos a su alcance. Desde el Herrerismo vamos a seguir defendiendo esa obligación y exigiendo su cumplimiento. La autoridad del Estado se demuestra cuando garantiza que la libertad de vivir, estudiar y trabajar les pertenezca a los ciudadanos en cada barrio.