Opinión | La resignación también es una forma de política

Hay daños que una sociedad condena de inmediato y otros que aprende a tolerar. Los primeros suelen provocar indignación. Los segundos terminan formando parte del paisaje. Uruguay lleva años conviviendo con una de esas resignaciones silenciosas: la degradación constante del espacio público y privado.

Está en las fachadas recién pintadas que amanecen rayadas. En los comercios que invierten recursos para mejorar su entorno y descubren a la mañana siguiente que alguien decidió apropiarse de una pared ajena. Está en plazas, monumentos históricos, escuelas, hospitales y edificios patrimoniales que acumulan capas de pintura, pegatinas y marcas que nadie autorizó.

La pregunta es cuándo decidimos aceptar que eso era normal.

Acabo de presentar un proyecto de ley para incorporar al Código Penal una figura específica que sancione los graffitis, rayados, pegatinas e inscripciones realizadas sin autorización sobre bienes públicos y privados. Habrá quienes reduzcan el debate a una vieja discusión entre arte y censura. Sería un error. El propio proyecto establece una diferencia clara entre las expresiones artísticas realizadas con autorización o en espacios habilitados y las intervenciones efectuadas sobre bienes ajenos sin consentimiento. El problema no es la expresión. El problema es la imposición.

Las sociedades democráticas funcionan sobre una regla elemental: la libertad de una persona termina donde comienza el derecho de otra. Esa regla vale para la propiedad, para la convivencia y también para el espacio compartido. Quien decide pintar, rayar o intervenir un muro ajeno está tomando una decisión sobre algo que no le pertenece. Está trasladando a terceros las consecuencias de su conducta. El costo económico queda para el propietario. El costo visual queda para todos.

Resulta curioso que durante años se haya desarrollado cierta tolerancia cultural hacia estas prácticas. Nadie discutiría que romper una vidriera constituye un daño. Nadie justificaría que alguien destruyera un banco de una plaza o arrancara una puerta de un edificio público. Tampoco se escucharía una defensa apasionada de quien decide pintar con aerosol un automóvil ajeno. La reacción social sería inmediata porque todos entienden que existe una invasión ilegítima sobre la propiedad de otro. Sin embargo, cuando la misma conducta recae sobre una fachada, un monumento o un espacio público, aparecen explicaciones que relativizan lo que en esencia sigue siendo lo mismo: la decisión unilateral de alterar un bien que pertenece a otros o a toda la comunidad.

Tal vez porque el problema nunca fue únicamente material.

Existe también una dimensión colectiva que suele pasar inadvertida. Las ciudades son mucho más que un conjunto de calles y edificios. Son el escenario cotidiano donde transcurre la vida de los uruguayos. La forma en que lucen esos espacios influye en la percepción de seguridad, en el sentido de pertenencia y en la calidad de vida urbana. Cuando el deterioro se multiplica, el mensaje implícito es que nadie cuida nada y que todo vale.

Por eso el proyecto incorpora agravantes especiales para los casos que afectan monumentos históricos, bienes patrimoniales, centros educativos, hospitales, templos religiosos, plazas, parques y otros espacios destinados al uso público. No se trata solamente de proteger paredes. Se trata de proteger símbolos, lugares de encuentro y parte de la memoria colectiva de todos nosotros.

Hay además una cuestión que pocas veces se menciona. Los gobiernos departamentales y diversos organismos públicos destinan cada año importantes recursos a tareas de limpieza, restauración y mantenimiento. Dinero que sale de toda la sociedad para reparar acciones realizadas por unos pocos. Recursos que podrían destinarse a otras prioridades y que terminan absorbidos por una tarea repetitiva e interminable.

No es casualidad que numerosos países hayan incorporado figuras específicas para sancionar este tipo de conductas. Alemania, Francia, Bélgica, España, diversos estados de Estados Unidos y entidades federativas de México cuentan con normas que reconocen que ciertas formas de deterioro exceden la mera infracción administrativa y merecen una respuesta jurídica concreta.

Se trata de un tema de convivencia. Sobre el derecho de todos a preservar aquello que construyó con esfuerzo. Sobre la obligación de respetar lo que pertenece a otros. Sobre la defensa del patrimonio común frente a la indiferencia.

Las sociedades también se deterioran cuando naturalizan pequeñas renuncias cotidianas. Cuando dejan de exigir respeto por los espacios compartidos. Cuando se acostumbran a mirar para otro lado.

Llegó el momento de preguntarnos si queremos seguir considerando inevitable algo que nunca debió ser normal.