Opinión | La reducción no se decreta, se construye

Escribe Daniel Pérez

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Daniel Pérez

Daniel Pérez es sociólogo, dirigente del Partido Independiente y especialista en políticas de empleo y relaciones laborales. Fue director nacional de Empleo y viceministro de Trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño de políticas públicas, inclusión social y análisis del mercado laboral.

Reducir la jornada no es cuestión de voluntad ni de un simple número, sino de condiciones y de costos. La pregunta que hoy divide a los actores es la del instrumento, mientras el PIT-CNT reclama una ley pareja para todos, el gobierno se inclina cada vez más por la negociación sector por sector.

Es bueno detenerse en un detalle no menor, el gobierno dejó de hablar de “reducción de la jornada” para hablar de “reducción del tiempo de trabajo”, y el cambio de palabras encierra un cambio de enfoque. La jornada es la cantidad de horas; el tiempo de trabajo, en cambio, es algo más amplio, que abarca cómo se distribuyen esas horas, los descansos, las horas extra y la estacionalidad. Mirarlo así, y no sólo como un recorte de horas, lleva a la pregunta por el instrumento, porque un objeto tan diverso difícilmente pueda ordenarse con una regla única.

El tablero es conocido, la central sindical propone una ley general de cuarenta horas con el salario de cuarenta y ocho, y la convirtió en una de sus banderas. El gobierno, que empezó dispuesto a enviar un proyecto si no había acuerdo, se corrió hacia otra estrategia, y hoy su subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, sostiene que el mejor camino es el “diálogo social”, gradual y por ramas antes que una norma uniforme de un día para el otro. El empresariado aparece dividido, con cámaras que se niegan a discutir y otras que admiten el debate pero reclaman atar la jornada a la productividad, advirtiendo que el país “no está preparado”.

La jornada nunca fue un bloque homogéneo. La propia ley distingue desde siempre entre las cuarenta y cuatro horas del comercio y las cuarenta y ocho de la industria, pero la diferencia decisiva es la que existe puertas adentro de cada rama, porque no es lo mismo una gran empresa con espalda para reorganizarse que un pequeño taller que vive al día, ni una actividad de Montevideo que otra del norte del Río Negro, donde la escala, los costos y hasta el mercado de trabajo son distintos. Sobre ese mapa desparejo, ni siquiera un acuerdo que abarque a toda una rama alcanza por sí solo a captar las diferencias.

De ahí que la negociación no deba pensarse en un único plano. Puede darse en el ámbito nacional o de la rama, pero tiene que poder bajar a cada empresa y atender la realidad de cada región. Y no tiene por qué ser uniforme en plazos ni en formatos, ya que lo que una empresa resuelve en dos años otra lo necesita en cinco, y lo que en un caso conviene como menos horas por día en otro funciona mejor como más días de descanso, anualización de la jornada o compensación de las horas extra. Un menú de opciones, más que una fórmula única, es lo que permite que la reducción se adapte a cada realidad en vez de forzarla. No es una especulación, un informe de la OIT del año pasado relevó una veintena de acuerdos que ya reordenaron el tiempo de trabajo, con cambios en turnos, descanso y horas extra.

La negociación favorece a los sectores con sindicatos fuertes y puede dejar atrás a los más débiles, a los trabajadores/as sin organización, a los informales, a quienes no tienen con qué negociar, de modo que confiarlo todo a la mesa ensancharía la brecha entre unos y otros. Por otra parte, una regla pareja tampoco es la solución, porque, aplicada sobre realidades que no lo son, muchas veces termina incumpliéndose justo donde más se la necesita, o empujando el empleo hacia el “trabajo en negro”, y recae con especial dureza sobre las micro y pequeñas empresas, la enorme mayoría del tejido productivo, casi doscientas mil en el país, que operan al día y sin margen para absorber de golpe un costo mayor. El amparo de los más débiles, trabajadores y pequeños emprendimientos por igual, no se resuelve con un mismo molde para todos, sino garantizando un piso mínimo por debajo del cual nadie pueda caer y abriendo la negociación a los ámbitos donde hoy no llega.

Algo de razón asiste a las cámaras cuando señalan que pretendemos resolver problemas del siglo XXI con una ley de jornada que ya cumplió más de cien años. Modernizar esa ordenación del tiempo de trabajo —habilitando, por ejemplo, que las horas extra se compensen con descanso y no sólo con dinero— es la condición para que la negociación tenga, en cada mesa, con qué construir.

La pregunta no es reducir o no, porque es una aspiración justa. La pregunta es cómo, sin romper el equilibrio entre jornada, productividad y competitividad, sin que la cuenta la paguen los de siempre y sin pretender que una sola norma resuelva realidades distintas. Cuando hay condiciones y voluntad de acordar, la reducción deja de ser consigna y se vuelve un derecho posible. Ese es el camino, construirla paso a paso, rama por rama, empresa por empresa y región por región. Uruguay fue vanguardia en 1915, y puede volver a serlo, siempre que esta elija en el diseño y no se quede en la consigna.