Escribo esta nota al día siguiente de las elecciones departamentales. En esta ocasión, Uruguay ha presentado nuevamente una demostración elocuente de fortaleza democrática, republicana e institucional. Como es de esperar, ya estamos en pleno desarrollo de una evaluación crítica de los resultados. Ojalá sepamos ordenarla de acuerdo con la elección de calidad que tuvimos y asegurar que quienes resultaron triunfadores dispongan de una base sólida para gobernar, tanto a nivel departamental como municipal.

Pero estamos hablando de política, siempre de política, porque ese es el camino obligado de quienes queremos transformar la realidad. Y en el Uruguay político se perciben hoy algunos rasgos que no podrán estar ausentes en los análisis y la evaluación de los resultados de las recientes elecciones. El objetivo de esta nota es el de presentarles mis puntos de vista al respecto.

Durante el transcurso de los últimos días, la realidad política nacional permite detectar algunas características - no necesariamente por primera vez - pero que es preciso percibir y comentar. Es que hay una acentuación de las mismas que - a mi juicio - es negativa, potenciada por la articulación que existe entre los rasgos mencionados.

Justamente por esta razón elegiré un punto de partida, pero antes lo voy a fundamentar. La política es la actividad que desarrollamos los seres humanos para intentar cambiar una realidad y por ello es que, formando parte del gobierno o de la oposición, tomamos decisiones o ponemos en práctica distintos tipos de acciones.

Ante esta situación, la ciudadanía también toma decisiones y reacciona de diferentes maneras respecto a las propuestas del sistema político. De esta manera, los resultados que se perciben en la práctica constituyen los efectos de miles y miles de decisiones que la gente adopta continuamente. Es que la política la hacen, en definitiva, los integrantes de la sociedad, de lo que hay que deducir que el gran desafío de quienes deciden desde un gobierno es ubicarse con la mayor cercanía posible respecto a las aspiraciones - y también las frustraciones - del público que al final del día laudará. Un ejemplo bien simple y común resulta útil para trasmitir el planteo precedente. Supongamos que un gobierno se ha fijado una meta en materia de inflación y ha elegido herramientas que la gente lee como señales y en función de ellas actúa. En realidad, la verdadera inflación resultante será la consecuencia de los diferentes tipos de reacciones con las que la ciudadanía responda a las señales recibidas.

Para completar e integrar este planteo, quiero incorporar dos rasgos fundamentales para percibir cómo se está encarando la actividad política en el país. El primero tiene que ver con lo que ya es una polémica instalada hace tiempo y es la que refiere a las relaciones entre las perspectivas política y jurídica, y cuáles son los lugares que una y otra ocupan en la jerarquía de los asuntos públicos.

No sólo por esa razón, pero si se comparte el análisis precedente sobre la gestación de resultados políticos, no puede caber ni la más mínima sombra de duda de que lo político está y estará siempre en un lugar superior a lo jurídico.

Es que la aproximación jurídica no puede estar ausente en la lista de instrumentos - o sea, la apelación al poder - que se ponen al servicio de la elaboración política para lanzar señales a la población. Y es esta misma condición la que coloca a este instrumento en una jerarquía superior. En última instancia, no es posible subordinarlo a una actividad a la que tiene que asistir.

Reconozco que el otro rasgo que deseo incorporar al análisis no constituye una novedad y que también ostenta perfiles obvios, pero a pesar de ello, nunca tuvo tanta incidencia como la que estamos comprobando en el presente. Me refiero al papel crecientemente dominante que los profesionales de la publicidad juegan en la definición y desarrollo de las campañas electorales.

Repito que esta situación se verifica hace muchos años, pero nunca había llegado al nivel de poner en gran medida el contenido de esas campañas en manos de expertos en la tarea de buscar los mejores réditos electorales, no basando esa búsqueda en la densidad o profundidad de las propuestas, sino en su atractivo para obtener mejores "ventas" que los demás. Muchas veces en el pasado hemos identificado con la palabra "comando" al grupo que conducía una campaña. Pues bien, hoy al frente de ese comando, al menos en algunos casos muy relevantes, hay publicistas.

Podemos intuir fácilmente cual es la consecuencia más clara y más negativa de esta situación: el deterioro de la calidad de la política. Con un papel protagónico de las llamadas redes sociales y algunos medios de comunicación como vehículos principales de trasmisión, el publicista que está al frente del comando estará convencido de que vende más denostando al adversario, muchas veces mintiendo, que procurando trasmitir que tiene propuestas cuyos fundamentos se acerca a las aspiraciones de la gente.

Uno de los temas trascendentes que han sido abordados en un contexto como el comentado hasta ahora, es el que tiene que ver con la definición y la medición de la pobreza. Por un lado, se afirma que si ello se realiza con un criterio unidimensional, tomando como base el nivel de ingreso de las personas, se verifica un notable descenso de la pobreza, pasando de alrededor de 40 por ciento a aproximadamente 10 por ciento durante los gobiernos del Frente Amplio.

Por otro, se sostiene que la condición de pobre pone en juego otros factores diferentes al ingreso que enriquecen el análisis de quienes se encuentran en esta situación, incluyendo en particular la resiliencia de quienes han sido calificados sólo por su nivel de ingresos. Así, en este diagnóstico multidimensional quizás los factores mencionados más importantes sean la educación, la salud, la seguridad pública, la vivienda y el cuidado ambiental.

Es absolutamente obvia la insuficiencia del enfoque unidimensional, lo cual torna totalmente limitadas sus conclusiones, pero ello no significa - a mi juicio- que sea descartable como un elemento de apoyo para el seguimiento de la evolución de la perspectiva multidimensional. Especialmente, porque la promoción de esta perspectiva nace en cierto contexto que no es evidente y - por lo tanto - es preciso aclarar.

Por un lado, buena parte de sus promotores son operadores del gobierno y desde esa condición y utilizando el protagonismo creciente de la publicidad y las redes de comunicación, han presentado y promovido esta aproximación al problema. Por otro lado, no se han limitado a declarar que la medición multidimensional es más completa - que lo es - sino que han elaborado un plan para vender bien esta condición desde el punto de vista político y electoral.

Así, por ejemplo, prestemos atención a la ley de urgente consideración. Como demuestran en un excelente análisis Alicia Milán, Margarita Percovich y Teresa Supervielle, dicha ley genera riesgos y peligros de recortes y supresión de servicios vinculados al sistema nacional integrado de cuidados, como por ejemplo,

a) la extensión de servicios de cuidados y atención de niños y niñas de hasta 2 años de edad, especialmente vinculados a acuerdos con sindicatos y empresas;

b) los espacios de cuidados para hijos e hijas de familias que participan de la enseñanza media;

c) la ampliación prevista de los centros de atención a la primera infancia;

d) el programa de asistentes personales en los casos de discapacidad;

e) el déficit de personal técnico en INAU;

f) la articulación del sistema de cuidados y educación en primera infancia, lo cual puede conducir a una falsa diferenciación y fragmentación a partir de los 4 años.

En pocas palabras, es bien distinto abogar por el enfoque multidimensional en base a sus fundamentos conceptuales, que realizarlo desde el propio enfoque del gobierno y previo plan para crear condiciones que permitan defenderlo mejor.

Los gobiernos del Frente Amplio han demostrado con múltiples decisiones tener muy clara la diferencia entre las dos vías de la medición y la definición de la pobreza. Basta comprobar la atención que se le prestó al papel de la educación, la salud, la seguridad pública, la vivienda y el cuidado ambiental. Los números al respecto están claramente contenidos en la Rendición de Cuentas de 2019.

Sólo que no es posible calificarlos olvidando el gran desacople que el gobierno anterior puso en práctica respecto a las realidades de varios países de América Latina, y especialmente Argentina y Brasil. Si no se desea ir más atrás, los números del segundo trimestre de este año son muy ilustrativos. Me refiero a la evolución interanual del PBI en el segundo trimestre de este año. De acuerdo con algunos analistas, la caída en Argentina llegó a 18,7%, en Brasil a 11,4%, en Chile a 13,7%, en Colombia a 14,9%, en México a 18,7%, y en Uruguay a 9,1 %.

Es que en la actividad política, lo que se evita es frecuentemente más importante que lo que se hace y - además - tenerlo en cuenta nos da la oportunidad de juzgar con mayor equidad y honestidad intelectual el desarrollo del proceso político en el país.