Opinión | La paradoja de los US$ 120 millones: prioridades que no cierran

Escribe Adriana Balcarcel

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Adriana Balcarcel

Dirigente política del Partido Nacional. Herrerista, legisladora en la Junta Departamental de Montevideo desde el 2010 hasta 2025. Integró activamente el Congreso Nacional de Ediles, donde también cumplió funciones como coordinadora.

Hay momentos en los que la política abandona el terreno de las intenciones y debe rendir cuentas ante la cruda realidad de los números. Y cuando las cifras se ponen de costado, no solo cae el relato: quedan al descubierto las verdaderas prioridades.

En estos días asistimos en el Parlamento a discusiones simultáneas que pintan de cuerpo entero la inconsistencia del oficialismo.

Por un lado, se busca aprobar a las apuradas y “a ciegas” un Fondo de Garantía de hasta 120 millones de dólares para salir al rescate del Casmu.

Por otro lado, en la Rendición de Cuentas, el Gobierno presenta como una “revolución social” un incremento presupuestal de 31 millones de dólares adicionales —1.200 millones de pesos— para unificar las transferencias destinadas a la primera infancia y atender a los niños de 0 a 3 años que nacen y crecen en los hogares más vulnerables de nuestro país.

La matemática es irrefutable y la paradoja, indignante: para tapar el pozo de la gestión de una institución médica privada hay hasta 120 millones de dólares disponibles; pero para enfrentar la pobreza que afecta a más de 50.000 niños en la etapa más crítica de su desarrollo, el refuerzo apenas representa una cuarta parte de aquella cifra.

Como si esta contradicción no fuera suficiente, la comparecencia de las autoridades de la Universidad Tecnológica ante la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda, volvió a revelar el doble discurso del Frente Amplio.

La UTEC solicitó apenas 33 millones de pesos para ampliar su sistema de becas y sostener la continuidad educativa de jóvenes del interior, especialmente de aquellos que provienen de los hogares con menores ingresos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no asignó recursos incrementales para ese propósito.

No se trata de una demanda abstracta. Más del 60 % del estudiantado de la UTEC pertenece a los quintiles 1 y 2. En la región norte, que comprende Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, ese porcentaje alcanza el 70 %; en Fray Bentos representa el 65 %, y en Durazno ronda el 60 %. La Universidad advirtió, además, que enfrenta una desvinculación cercana al 48 % y que muchos jóvenes abandonan sus carreras por dificultades económicas que, en algunos casos, podrían resolverse con apoyos oportunos.

La institución cuenta actualmente con algo más de 500 becas del Fondo de Solidaridad, pero estima que necesita otras 1.800 para alcanzar a los estudiantes provenientes de los sectores más postergados. Los 33 millones de pesos solicitados estaban destinados a tres modalidades: becas de vida universitaria, becas vinculadas a proyectos de investigación y extensión, y apoyos para la primera experiencia laboral.

Estamos hablando de 33 millones de pesos. No de dólares. Una cifra mínima frente a los 120 millones de dólares que el Gobierno pretende habilitar para garantizar la situación financiera del Casmu.

Las propias autoridades de la UTEC expresaron ante el Parlamento que los recursos que necesita la Universidad se miden en millones de pesos, mientras que otros gastos del Estado se miden en millones de dólares, y que una pequeña reasignación dentro del Presupuesto Nacional permitiría atender sus necesidades.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuál es la verdadera prioridad del Gobierno en materia de infancia, adolescencia y juventud?

Porque la protección no puede comenzar y terminar en la primera infancia. También debe estar presente cuando esos niños llegan a los 17, 18 o 19 años y necesitan oportunidades reales para estudiar, capacitarse, trabajar y construir un proyecto de vida. Las autoridades de la UTEC fueron claras: si los jóvenes llegan a esa edad sin opciones, el costo social termina siendo mucho mayor.

No alcanza con rasgarse las vestiduras hablando de infancia y adolescencia. Las prioridades se demuestran asignando recursos y tomando decisiones coherentes.

¿Cuál es el criterio ético y fiscal detrás de esta ecuación? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía uruguaya que la caja del Estado se flexibiliza ante el apuro de una institución privada, mientras que para las familias más postergadas y para los jóvenes del interior la respuesta siempre encuentra el límite del rigor presupuestal?

No se trata de desconocer la delicada situación de los 171.000 afiliados ni la incertidumbre de los trabajadores del Casmu. Se trata de exigir responsabilidad, transparencia y coherencia.

Pretender que el Parlamento firme un cheque de hasta 120 millones de dólares sin auditorías previas exhaustivas, sin un plan de reestructura serio y comprobable, y con informes entregados a última hora, es una irresponsabilidad con el dinero de los contribuyentes.

Y mientras se pretende habilitar semejante garantía, se le niegan a la UTEC 33 millones de pesos para becas destinadas a jóvenes que estudian en el interior y que, muchas veces, deben elegir entre continuar su carrera o salir a trabajar.

Desde el Partido Nacional marcamos la cancha con claridad: los recursos públicos se cuidan; no se rifan ni se distribuyen sin criterio ante presiones coyunturales. La estabilidad fiscal no es un dogma frío. Es la única garantía de que las verdaderas políticas sociales puedan sostenerse en el tiempo.

Si una Rendición de Cuentas no refleja prioridades humanas reales y, además, pretende sostenerse sobre ingresos proyectados que no cuadran, es una Rendición de Cuentas que, lisa y llanamente, no es votable.

La política es la administración de las prioridades de una nación. Si el Estado no tiene 120 millones de dólares de libre disponibilidad para enfrentar definitivamente la pobreza en la primera infancia, tampoco puede tenerlos para asumir a ciegas los pasivos y balances en rojo de una institución privada.

Y si el Gobierno afirma que la infancia y la adolescencia constituyen su principal prioridad, debe explicar por qué no encuentra 33 millones de pesos para evitar que jóvenes de los hogares más humildes del interior abandonen la Universidad.

Exigimos seriedad. Exigimos que se mire a la cara a los uruguayos y se les diga la verdad. Que no se disfrace de “compromiso social” un presupuesto que le otorga cuatro veces más respaldo al déficit de una institución privada que a los niños más vulnerables del Uruguay, mientras deja sin recursos adicionales las becas que podrían cambiar la vida de cientos de jóvenes.

La coherencia no se negocia.