Opinión | La interpelación que el Estado se debe a sí mismo

Hay temas que no admiten el refugio de la burocracia. Este es uno de ellos. Cuando mueren niños y adolescentes que estaban bajo tutela del Estado, la discusión pasa a ser, en el acto, una cuestión política en el sentido más exigente de la palabra. Política no como disputa menor entre partidos, sino como examen del poder cuando este fracasa en su deber más elemental: proteger a quienes no pueden defenderse solos.

Por eso promoví la interpelación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social por la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado. No lo hice por estridencia ni por cálculo electoral. Mucho menos por esa tendencia contemporánea a suponer que toda decisión parlamentaria responde a una necesidad de visibilidad. La interpelación existe porque el Parlamento no fue creado para comentar tragedias una vez consumadas, sino para exigir responsabilidades cuando los mecanismos del Estado muestran fallas demasiado graves como para ser relativizadas en explicaciones tardías.

Conviene detenerse en el fondo del asunto. Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia, está haciendo una promesa muy concreta: que podrá proteger mejor que el entorno del que lo aparta. Esa promesa no es retórica. Es la base institucional del sistema de protección. Si esa promesa se quebranta, lo que se resiente es la confianza misma en la capacidad del Estado de cumplir con su función más básica.

Porque ese es el punto central. Aquí no faltó información. No faltaron advertencias. No faltaron informes. Lo que faltó, si uno se atiene a los hechos y no a los discursos de ocasión, fue la capacidad de transformar conocimiento en decisión y advertencia en prevención. Esa distancia abismal entre saber y actuar es, precisamente, el territorio donde aparece la responsabilidad política.

Es habitual escuchar que estos problemas vienen de antes, que el sistema arrastra deficiencias históricas y que nadie puede corregir en poco tiempo lo que lleva años de deterioro. Puede ser cierto. Pero ese argumento no puede convertirse en una explicación suficiente. Si los problemas eran conocidos, había todavía más razones para actuar con rapidez y con prioridad política. Lo estructural no atenúa la responsabilidad presente; la vuelve más evidente.

También se dirá que el sistema de protección es complejo. Es cierto. Pero precisamente porque es complejo necesita conducción política clara. Los sistemas simples pueden sostenerse con la rutina; los sistemas complejos requieren dirección, control y decisiones oportunas.

La interpelación nace de una obligación republicana elemental: saber qué falló, por qué falló y qué cambió para que no vuelva a fallar. ¿Qué decisiones se tomaron frente a las advertencias existentes? ¿Qué modificaciones concretas hubo en los protocolos? ¿Qué garantías puede ofrecer hoy el gobierno de que no existen otros niños en situación de riesgo dentro del sistema? Estas preguntas no buscan dramatizar el debate. Buscan esclarecerlo.

Hay, además, un problema en el modo en que el Estado comunica sus propios fracasos. Con frecuencia se adopta un lenguaje técnico que vuelve impersonal lo que es profundamente humano. Se habla de “situaciones” o “eventos”, y en ese proceso la tragedia corre el riesgo de diluirse en una categoría administrativa. Pero no estamos ante un trámite. Estamos ante vidas que dependían directamente del sistema de protección.

No es serio reducir este debate a una discusión entre oficialismo y oposición ni a una cuestión de oportunidad parlamentaria. La pregunta relevante es si el Estado está llegando a tiempo allí donde el tiempo es decisivo. Cuando la respuesta es incierta, el silencio de la política deja de ser prudencia y pasa a ser omisión.

Las instituciones no se fortalecen evitando las preguntas difíciles. Se fortalecen respondiéndolas y corrigiendo aquello que no funciona. La niñez bajo tutela del Estado merece algo mejor que la repetición de diagnósticos conocidos. Merece decisiones.

En definitiva, la interpelación no busca dramatizar la realidad. La realidad ya es suficientemente grave. Busca establecer una premisa básica de cualquier democracia seria: cuando el Estado asume la tutela de un niño, no puede fallar sin que exista una responsabilidad política por ese fallo. Si no hay responsabilidad allí, entonces la palabra responsabilidad habrá perdido todo sentido.