Uruguay arrastra desde hace años un problema serio: cómo mejorar la formación de sus docentes. En eso existe acuerdo.
Pero que el diagnóstico sea compartido no significa que cualquier solución sea buena. Y la creación de la Universidad Nacional de la Educación (UNED) parece ser exactamente eso: una respuesta que suena ambiciosa, pero que puede terminar empeorando más de lo que mejora.
Porque crear una universidad no garantiza una mejor educación.
De hecho, durante la anterior administración se avanzó en mecanismos concretos para elevar el nivel académico de la formación docente sin necesidad de crear una nueva estructura estatal. A partir de la Ley de Urgente Consideración se impulsaron instrumentos como la acreditación docente y nuevos planes de estudio que permitieron reconocer nivel universitario equivalente para miles de docentes en ejercicio.
Eso abrió oportunidades académicas y profesionales reales, fortaleciendo además la investigación, la extensión y los espacios de participación estudiantil y docente.
También se realizaron concursos y llamados para fortalecer la institucionalidad de los centros de formación docente, muchos de los cuales hoy la actual administración ha dejado en una situación de incertidumbre.
Porque hay algo importante que decir con claridad: la inexistencia de una universidad específica nunca impidió la vinculación académica internacional, ni el desarrollo de una cultura universitaria dentro de la formación docente.
Por eso, resulta falso instalar que hoy no existen condiciones para una formación de calidad.
Pero, además, la UNED plantea otro problema de fondo: menos libertad y más concentración.
La propuesta apunta a concentrar la formación docente en una universidad específica, separada del resto del sistema universitario. Y mientras el mundo avanza hacia modelos integrados y multidisciplinarios, acá se propone aislar.
Eso también puede dificultar aún más la coordinación de las prácticas docentes con los centros educativos donde los futuros docentes deberán trabajar.
Y hay otro aspecto todavía más preocupante: la incertidumbre.
El proyecto no da certezas claras sobre qué ocurrirá con los docentes en actividad, con las acreditaciones ya obtenidas, ni con los estudiantes que comenzaron sus carreras bajo otro sistema.
Títulos, trayectorias y reconocimientos quedan sujetos a futuras resoluciones.
Y cuando hablamos de educación, la incertidumbre nunca es un detalle técnico. Es un problema de fondo.
A esto se suma, además, la creación de una nueva estructura estatal: más cargos, más burocracia y más recursos públicos.
Porque cada nuevo ente autónomo implica expansión administrativa.
El proyecto prevé nuevas autoridades, nuevos equipos y nuevas estructuras. Y mientras tanto, la actual administración del CFE ya reinstaló figuras como los coordinadores académicos por áreas y regiones, pasando de alrededor de 18 cargos antes de 2019 a cerca de 60 en la actualidad, con previsión de seguir aumentando.
La pregunta es inevitable: ¿ese es realmente el mejor destino para los recursos de la educación?
Más aún cuando muchos centros de formación docente sufrieron recortes de horas y algunas carreras quedaron en pausa.
Por eso, la discusión de fondo no parece pedagógica. Parece política.
La creación de un nuevo ente autónomo genera, además, un espacio de poder con menor control del gobierno y mayor influencia corporativa y gremial sobre la formación docente.
Y cuando la educación empieza a responder más a intereses políticos que a objetivos académicos, el sistema pierde equilibrio y pierde calidad.
Uruguay necesita seguir mejorando la formación docente.
Pero mejorar no es empezar de cero. Mejorar es fortalecer lo que funciona, corregir lo que falla y exigir excelencia.
El problema de la educación uruguaya no es la falta de una universidad.
Es la falta de decisiones que verdaderamente coloquen la calidad educativa por encima de los intereses políticos.