Opinión | La burocracia del horror o cómo el chavismo asesina y desaparece

Por Ángel Arellano*
@angelarellano

Hay muertes que no sorprenden. Hay muertes que el poder calcula, administra y archiva como si fueran trámites burocráticos. La muerte de Víctor Hugo Quero Navas es una de esas. El Estado venezolano lo detuvo, lo torturó, lo enterró en secreto y, durante nueve meses, le mintió a su madre en la cara. Eso no es negligencia. Eso es política.

Esto acaba de ocurrir en la Venezuela intervenida, la de Delcy Rodríguez y el chavismo residual, la que por un lado coquetea diciendo que cumple con lo que Estados Unidos le pide y, por el otro, sigue torturando, matando, olvidando.

Víctor Hugo tenía 51 años. Le llamaban el Ruso por su pelo rubio. Vendía pantalones vaqueros. No era militar, no era político, no tenía expediente de disidencia. Era, como tantos otros venezolanos, un hombre tratando de sobrevivir en un país donde esto es un acto de resistencia. Lo detuvieron el 3 de enero de 2025 agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sin pruebas, sin trámites. Lo incluyeron en un expediente llamado “Los Extranjeros”, aunque él era venezolano. Lo acusaron de terrorismo y ser agente del Centro Nacional de Inteligencia español. Ninguna prueba. Ningún proceso. Solo la maquinaria del miedo haciendo su trabajo.

Durante 48 horas desapareció en el limbo que el chavismo ha perfeccionado con los años: ese espacio sin nombre ni dirección donde los detenidos sufren sus primeras torturas antes de ser trasladados a una celda oficial.

Después lo llevaron al Rodeo 1, la prisión que la comunidad internacional ha señalado como uno de los mayores centros de tortura del hemisferio. Allí murió el 24 de julio de 2025. El Estado lo enterró seis días después, el 30 de julio, en el Parque Memorial Jardín La Puerta (un cementerio de Caracas). Sin avisar a nadie. Sin informar a su familia.

Mientras tanto, Carmen Navas buscaba a su hijo.

Esta mujer tiene más de ochenta años. Recorrió cárceles, comisarías, fiscalías y tribunales. Recibió amenazas de muerte de paramilitares revolucionarios para que abandonara la búsqueda. No lo hizo. Siguió buscando durante 16 meses, golpeando puertas que nadie abría, preguntando por un hijo que ya llevaba nueve meses bajo tierra.

El gobierno, mientras tanto, respondía con silencio y burocracia. El comunicado oficial del Ministerio de Servicios Penitenciarios tuvo la desvergüenza de argumentar que Víctor Hugo “no suministró datos sobre vínculos filiatorios” y que ningún familiar se había presentado a solicitarle visita. Una mentira fría, calculada, impresa en papel membretado.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, lo dijo con precisión: el comunicado es por sí solo indignante, porque mientras el Estado alegaba abandono familiar, la madre del detenido llevaba meses buscándolo y nadie le decía nada. No es un error administrativo. Es una mentira de Estado con firma institucional.

El caso de Víctor Hugo no es una anomalía. Es el patrón. Durante el mandato de Nicolás Maduro al menos 27 presos políticos murieron en las cárceles venezolanas. La misma acusación de espionaje con el CNI español que usaron contra Quero sirvió antes contra los turistas vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme (convertidos en rehenes durante 17 meses hasta que la presión de Washington los liberó en enero).

La acusación es una herramienta, no una verdad. Se aplica según las necesidades del momento, sin pruebas, sin juicio, sin vergüenza.

Lo que el caso Quero revela, con una claridad brutal, es la arquitectura del terror que sostiene al régimen. Un sistema de detenciones arbitrarias que algunos describen basado en cuotas, diseñado para extorsionar y para aterrorizar. Un aparato judicial que niega la amnistía incluso a los muertos (un juez rechazó formalmente la amnistía de Víctor Hugo Quero antes de que se reconociera oficialmente que llevaba meses fallecido). Una burocracia del horror que entierra cuerpos y fabrica documentos, que convierte la desaparición forzada en procedimiento ordinario.

María Corina Machado lo nombró con las palabras que merece: crimen de lesa humanidad, ejecutado con impunidad absoluta. Tiene razón. Pero hay que agregar algo más: es un crimen que el régimen no cometió a pesar del escrutinio internacional, sino delante de él. Con descaro. Con la certeza de que no pasará nada.

Venezuela no necesita más informes ni más resoluciones que se archiven. Necesita que alguien en el mundo entienda que Carmen Navas no es solo una madre que llora ante una tumba. Es el espejo en el que se refleja lo que le han hecho a un país entero: buscarlo durante años, encontrarlo muerto y descubrir que el Estado sabía desde el principio.

El chavismo no solo mató a Víctor Hugo Quero. Lo administró. Y esa es la diferencia entre un crimen pasional y un crimen de sistema.

* Ángel Arellano es doctor en ciencia política y periodista. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay. Presidente de la Cámara Venezolano Uruguaya.