Opinión | Jornada, productividad y competitividad, tres aristas de un mismo problema

Escribe Daniel Pérez

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Daniel Pérez

Daniel Pérez es sociólogo, dirigente del Partido Independiente y especialista en políticas de empleo y relaciones laborales. Fue director nacional de Empleo y viceministro de Trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño de políticas públicas, inclusión social y análisis del mercado laboral.

En las últimas semanas, el Sunca acordó con las cámaras empresariales llevar la jornada del sector a cuarenta horas semanales, de manera gradual y sin pérdida salarial, en lo que su dirigente Hugo Coronel definió como “el broche de oro” de un reclamo histórico. El mismo volvió a poner sobre la mesa un debate que el PIT-CNT impulsa desde 2023, que el gobierno incluyó entre sus prioridades y que el empresariado, en general, resiste. El tiempo de trabajo será, sin dudas, uno de los grandes temas de los próximos años.

Buena parte de la discusión pública se ha concentrado sólo en la cantidad de horas, esto es, en si son cuarenta y ocho o cuarenta las que corresponde trabajar. Y la cantidad de horas es apenas la punta del problema. Antes de discutir cuánto deberíamos preguntarnos cómo y cuándo, porque la jornada no es una variable que se mueva sola, es una pieza que integra un sistema junto a otras dos, la productividad y la competitividad.

Estas tres variables forman una tríada, por lo cual no se puede tocar una sin afectar a las otras dos. Uruguay llega a este debate con una productividad que apenas se ha movido en los últimos años, y con un reconocido problema de competitividad, el de un país caro en dólares que compite en desventaja con la región. En ese contexto, reducir las horas trabajadas sin que la productividad acompañe tiene consecuencias, ya que el costo de esas horas no desaparece, se traslada, y termina apareciendo en los precios o en el empleo. Discutir la cantidad de horas sin mirar el sistema es abordar sólo una parte del problema.

Esto no significa que la reducción sea un capricho o un lujo. Detrás del reclamo hay una aspiración legítima, recuperar tiempo para la familia y para la vida. Esa es la cuarta pata que la discusión económica suele olvidar. Es cierto que la calidad de vida no puede quedar subordinada de manera indefinida a la espera de condiciones ideales, pero una reducción mal diseñada, que destruya empleo o dispare precios, terminaría perjudicando a los trabajadores/as que dice proteger.

En 1915, la ley de las ocho horas impulsada por Batlle y Ordóñez colocó al país a la vanguardia del mundo, pero aquella conquista se dio dentro de un modelo en expansión, con una economía que crecía y podía absorber el cambio. Hoy el escenario es otro, y por eso la tríada obliga a mirar con cuidado los tres caminos que conducen al fracaso. Bajar la jornada sin mejorar la productividad hace que la cuenta la termine pagando la competitividad, por la vía de más precios o de menos puestos de trabajo; mejorar la productividad sin tocar la jornada deja a los trabajadores/as sin su parte; y blindar la competitividad congelándolo todo condena al país a no avanzar jamás. Para salir no alcanza con mejorar uno solo de esos frentes, hay que mover los tres a la vez y con cierto orden.

La pregunta no debería ser si reducir o no la jornada. La pregunta es en qué condiciones puede hacerse sin comprometer lo que se busca proteger. El camino pasa por construir esas condiciones, mejorando la productividad sector por sector, acompañando a las empresas que no pueden hacerlo de un día para el otro y reservando para cada rama la solución que su realidad admite. El acuerdo de la construcción demuestra que, cuando las condiciones se trabajan, la reducción deja de ser una consigna y se vuelve un hecho. Ahora bien, construir esas condiciones cuesta, y todo costo tiene alguien que lo paga. Esa es la próxima pregunta, quizás la más incómoda de todas, y merece un tratamiento aparte.