Opinión | Infancias primero: no es gasto, ni es cero

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia es otro paso fundamental que da nuestro país en la protección de los sectores más vulnerables; reafirma el compromiso que asumió este gobierno cuando destinó más del 40% de los incrementos a la infancia y la adolescencia en la Ley de Presupuesto Quinquenal el año pasado, y recoge un planteo de consenso en el Diálogo Social.

Es una de las grandes noticias que trae esta Rendición de Cuentas, porque supone aumentos significativos para actuar contra las peores consecuencias de la injusticia social.

La evidencia acumulada a nivel internacional muestra que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Por eso, invertir en niñas y niños de 0 a 3 años no es solamente una política asistencial, es una política de equidad, de desarrollo humano y de construcción de futuro. Es una postura ética ante una realidad que nos golpea desde hace décadas.

Debemos tener muy presente que la pobreza infantil es un problema estructural de nuestra sociedad y que es de larga data. Si bien hoy nos encontramos con el registro histórico más bajo de pobreza en primera infancia, con casi un tercio de la población de 0 a 5 años en situación de pobreza, sabemos que estamos muy lejos de lo que pretendemos. También debemos tener en cuenta los efectos de las políticas sociales desarrolladas. En 2016, la pobreza en la primera infancia alcanzaba al 32,8% de esta población, uno de cada tres niñas y niños de 0 a 5 años era pobre. En 2019 se logró mejorar esta incidencia a 30,5%. Sin embargo, la administración anterior dejó el indicador de pobreza en primera infancia en 32,2% (año 2024) y finalmente el último dato oficial 2025 indica que descendió a 29,1%, logrando una baja significativa en la pobreza de este grupo de menores de edad.

En esa perspectiva se inscribe la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, anunciada por el Poder Ejecutivo en el marco de la Rendición de Cuentas 2025. La medida implica una transformación profunda del sistema actual de transferencias monetarias destinadas a hogares con niñas, niños y adolescentes, mediante la unificación de prestaciones que hoy funcionan de manera separada: las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

El objetivo de esta reforma es construir un sistema más simple, accesible y eficiente, con criterios comunes de ingreso y una única vía de acceso para las familias. Esto permitirá reducir problemas de acceso, disminuir errores de exclusión y bajar costos administrativos, concentrando los esfuerzos en quienes necesitan mayor apoyo.

El cambio más significativo está vinculado a la primera infancia. La nueva política prioriza los primeros 1.000 días de vida, reconociendo que allí se juega una parte central de las oportunidades futuras. Para los niñas y niños de 0 a 3 años pertenecientes a los primeros cinco deciles de ingresos se plantea un aumento sustantivo de los montos de las transferencias. En los hogares ubicados en los deciles 1 y 2 la prestación llegará a $10.000 mensuales; en los deciles 3 y 4 alcanzará los $6.600, mientras que en el quinto decil será de $3.300.

El incremento promedio de las transferencias para esta franja etaria será del 82% y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, más de 50.000 niños y niñas ingresarán al nuevo sistema en 2027. El gobierno proyecta además una reducción significativa de la pobreza en los grupos alcanzados por la nueva asignación.

La decisión de priorizar infancia no es un hecho aislado dentro de la Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo definió la infancia como una de las áreas prioritarias de incremento del gasto, junto con seguridad, educación y atención a personas en situación de calle. Para las políticas de infancia, el financiamiento se prevé mediante revisión del gasto tributario y una reestimación de recursos, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad fiscal.

La creación de esta asignación representa un cambio de enfoque: pasar de un conjunto de prestaciones fragmentadas a una política integrada, con mayor capacidad redistributiva y con una mirada centrada en garantizar derechos desde el inicio de la vida. No se trata solamente de aumentar una transferencia económica, sino de asumir que las desigualdades que se producen en los primeros años condicionan profundamente las oportunidades futuras.

El desafío de una sociedad más justa comienza por reconocer que nadie elige el lugar en donde nace. Por eso, fortalecer las políticas de infancia significa que el Estado asume una responsabilidad colectiva, construir condiciones más equitativas para que cada niña y cada niño pueda desarrollar plenamente sus capacidades. En esa tarea, la inversión social temprana no es un gasto, es una apuesta estratégica por el futuro del país.