Opinión | Imaginen

No apelo a ninguna capacidad especial de imaginación, sino a la más básica y elemental. Imaginen que una fiscal, actuando en un proceso contra un jerarca del gobierno anterior, hubiera cometido la cantidad de estupideces y de exposiciones en todos los medios de prensa posibles e imposibles.

Que al principio de la causa hubiera solicitado al fiscal de Corte ser trasladada, mejor dicho ascendida de la Fiscalía de Flagrancia y Turno a la de delitos económicos; luego hubiera hecho circular un chat en el que manifiesta que todos los involucrados filtran documentos, ministerios, la Fiscalía de Corte y hasta la Presidencia; luego de este enchastre en su propio barro, pide licencia médica por 15 días, al poco tiempo se cura de apuro y regresa más de apuro para solicitar que no le saquen la causa de un funcionario de otro gobierno anterior, al que luego de una audiencia de siete minutos lo pasó de testigo a indagado y, durante más de un mes, no informó a nadie de las causas de esa definición.

Cuando regresa, discute y se pelea a los gritos con su colega subrogante, el fiscal que la substituyó en su conveniente enfermedad relámpago y luego lo denuncia por acoso laboral.

Desde setiembre del 2022 a cargo de una causa como nunca antes hubo en el país, en el que el jefe de la custodia presidencial está inculpado de muchos delitos, entre otros de asociación para delinquir, hace un acuerdo y lo condena a cuatro años y medio de cárcel. Su jefe principal, sus jefes subalternos, toda la cúpula de la policía está implicada de una u otra manera y surge de los documentos (chats) del condenado principal.

En el medio, para entretenerse acusa de difamación al presidente de la principal fuerza política de la oposición, a varios periodistas y a dos usuarios de las redes sociales. Creo que no me falta nada, además de sus declaraciones a la prensa que son de antología.

La opinión pública percibe que una causa de este tipo, pero cualquier causa penal debería ser investigada por un/a fiscal equilibrada, profesional, ecuánime y cuyo objetivo fuera realizar su trabajo en silencio y con todas las garantías.

Sucede exactamente todo lo contrario.

La Fiscalía de Corte, por obvias razones debe intervenir, se lo reclamaban desde las más distintas posiciones con excepción del Gobierno y sus lacayos. ¿Sospechoso?

Pues el fiscal de Corte finalmente interviene y traslada a la fiscal a otro turno, es decir a otra Fiscalía del mismo nivel, obviamente no la promueve.

Hasta ahora no hemos apelado a vuestra imaginación, sería imposible llegar a estos hechos escandalosos, pero ahora sí, imaginen lo que hubieran dicho, publicado, declarado los voceros de los partidos multicolores en la oposición.

Hubiera sido una macumba interminable pidiendo que sacaran a la fiscal, que la Justicia funcionara con un mínimo de seriedad y profesionalidad, que se respetara una de las bases de la República y por lo tanto de la democracia y que un personaje con esas características fuera apartada de una causa de esa entidad e impacto institucional.

Por más que se expriman el cerebro, nunca alcanzarían el nivel del griterío opositor si algo parecido hubiera sucedido. Pero como la situación es a la inversa, los oficialistas actuales, se indignan porque funciona lo más elemental de las instituciones y no se deja a cargo de una investigación a una persona que no ha demostrado en ningún momento capacidad y profesionalidad para llevarla a cabo. Se habla más de la fiscal que del caso y los imputados. ¿Suena raro, no?

Yo insisto que las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas por los responsables de haber instalado en la Torre Ejecutiva y utilizando a troche y moche el poder otorgado por el presidente de la República una banda para delinquir encabezada por el jefe de la custodia presidencial. Es más, nos mintieron al Parlamento y, sobre todo, a toda la población reiteradamente sobre este tema y conexos.

Esas responsabilidades políticas no las resolverá ni la fiscal ni ningún juez. Esos deben ocuparse de las violaciones de las leyes penales de todos los implicados, al nivel de sus responsabilidades y con el lema principal de la Justicia: todos somos iguales ante la ley.

Pero para cumplir esa elemental tarea republicana y democrática, se ha dado un gran paso, se ha apartado a una fiscal que nunca estuvo a la altura.