Opinión | Hacia un nuevo contrato republicano

Escribe Daniel Caggiani

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Daniel Caggiani

Senador de la República por el Frente Amplio. Militante social y político del Movimiento de Participación Popular.

En un contexto internacional de creciente desconfianza hacia las instituciones, Uruguay conserva un prestigio sustentado en sus valores democráticos sólidos. Sin embargo, la robustez de nuestro sistema republicano exige un compromiso ético de constante revisión y mejora. La presentación simultánea de tres proyectos de ley en el Parlamento —dedicación exclusiva de legisladores, rendición de viáticos y reforma de subsidios políticos— por parte de la bancada del Frente Amplio constituye un paso más en esta línea, para consolidar un nuevo marco normativo parlamentario adaptado al siglo XXI. No son medidas aisladas, sino una estrategia integral para que los legisladores se dediquen 100% a la tarea parlamentaria, se erradiquen privilegios, se prevengan conflictos de interés y se acerque la función pública a las demandas de transparencia de la ciudadanía.

Exclusividad legislativa: el fin de estar “de los dos lados del mostrador”

El primer proyecto aborda la convivencia entre la representación pública y el ejercicio de otras actividades tanto públicas como privadas. La norma extiende las prohibiciones del artículo 126 de la Constitución e impide que senadores y representantes desempeñen empleos dependientes o independientes, integren la dirección de sociedades comerciales o reciban cualquier otro ingreso más allá de su remuneración como legisladores, durante el tiempo por el que se extienda su mandato, exceptuando únicamente la docencia universitaria honoraria.

Cerca del 25% de los legisladores uruguayos mantiene actividades laborales o participación empresarial privada y alrededor del 50% recibe otros ingresos provenientes de jubilaciones, rentas o pensiones. En este sentido, se debe apuntar que ser parlamentario es una gran responsabilidad que la ciudadanía nos designa por cinco años y es una de las más importantes que se ejercen en democracia. Ser mejores legisladores implica estar disponible 24 horas, los 365 días del año para representar, controlar y legislar. Para ello la ciudadanía nos paga un muy buen salario y esa inversión debe ser bien utilizada.

Por otra parte, la posibilidad de tener más de un ingreso u otras actividades laborales plantea, además, un evidente posible conflicto ético: por un lado, existe el riesgo de que haya presiones corporativas sobre los integrantes del Parlamento. Por el otro, se da la paradoja de legislar sobre sectores en los que los parlamentarios podrían mantener vínculos económicos directos o representación de clientes. Como señala el jurista Ruben Correa Freitas, la independencia legislativa exige evitar influencias indebidas que beneficien a intereses particulares, priorizando el interés general del país.

El proyecto se alinea con algunas tendencias internacionales, presentes en legislaciones como, por ejemplo, las de Israel, España, Ucrania, Lituania, Eslovenia, Colombia, Ecuador o Bolivia, que aplican la dedicación exclusiva para resguardar la probidad pública. Asimismo, se alinea con el artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA que mandata a los Estados parte a explorar y desarrollar normas y mecanismos de control que avancen en la transparencia y mejoren la conducta y la ética de la función pública.

En esta misma línea, en el caso particular del Movimiento de Participación Popular (MPP), desde que contamos con representación parlamentaria y cargos de confianza en el Estado, quienes ejercieron y ejercemos esas responsabilidades tenemos voluntariamente nuestros ingresos topeados por decisión de la propia organización. En la práctica, esto significa que percibimos aproximadamente un tercio de la remuneración fijada para un legislador en Uruguay.

En síntesis, la labor parlamentaria moderna exige tiempo completo para mejorar el estudio normativo y la fiscalización, para la profesionalización de la tarea, para la optimización de la técnica legislativa y para ayudar también a combatir los posibles conflictos de intereses, el ausentismo y las “puertas giratorias” corporativas.

Rendición de viáticos: control de gastos y fin de la discrecionalidad

El segundo proyecto modifica el artículo 46 de la Ley 19.924 para incluir al Poder Legislativo, ediles y cargos de confianza en el régimen vigente de liquidación de viáticos públicos. Tras la derogación en el año 2020 de las normativas específicas que habían sido aprobadas en 2019 y que alcanzaban a los parlamentarios, resulta imperativo restituir un marco claro de rendición de cuentas que vuelva a incluir a quienes desempeñamos estas funciones.

La propuesta fija que las misiones oficiales deben rendirse mediante declaración jurada en diez días hábiles tras el regreso, devolviendo obligatoriamente los sobrantes a la tesorería pública correspondiente. En caso de incumplimiento, se aplican retenciones salariales e inhabilitación para nuevas misiones. Adicionalmente, exige informar todas las misiones financiadas por gobiernos u organismos internacionales, transparentando pasajes y alojamientos recibidos de terceros. Esta regulación adopta estándares promovidos por ejemplo por la Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) del Reino Unido, Estados Unidos o Chile, donde la comprobación documental y la devolución de excedentes son obligatorios. Los viáticos no son un sobresueldo que se le otorga al parlamentario, sino fondos públicos, que se asignan para cubrir los gastos de quienes representan a nuestro país en actividades en el exterior, pero deben estar sujetos a una estricta fiscalización y decoro.

Reforma del subsidio de desempleo: ética y equidad para cargos políticos

El tercer y último proyecto de este paquete modifica el subsidio por cese de cargos políticos y de confianza. La legislación vigente otorga hasta un año de subsidio equivalente al 85% del sueldo activo. El proyecto presentado reduce su duración a seis meses y el monto al 66%, equiparándolo al seguro de paro de la actividad privada.

Esta reforma elimina una inequidad injustificada frente al resto de los trabajadores de nuestro país. Este tipo de modelo se aplica también en otros países de América Latina y Europa; por ejemplo en Chile o Colombia no existen pensiones de egreso prolongadas, mientras que en el modelo nórdico (Noruega, Suecia, Dinamarca) el apoyo es degresivo, exige búsqueda activa de empleo y descuenta ingresos externos.

El proyecto incorpora además una exigencia ética clave: prohíbe el subsidio a quien se encuentre en calidad de “omiso” ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en su declaración jurada de bienes (Ley 17.060). Así, los beneficios públicos quedan supeditados a la probidad de las autoridades.

Una democracia más justa

La aprobación de este paquete normativo, de tres pilares, significaría un paso muy importante para fortalecer la estructura institucional y democrática del Uruguay. Exigir dedicación exclusiva a los legisladores, rendición transparente de viáticos y la eliminación de privilegios en los subsidios, reafirma una premisa fundamental de la República: los gobernantes somos servidores del pueblo y estamos sujetos a las mismas reglas de ética, equidad y responsabilidad que rigen para todos los ciudadanos de nuestro país.