Opinión | Fraude al Estado

¿Se puede obviar un fraude hacia el Estado, cuando existe la obligación de denunciar los hechos aparentemente fraudulentos? Triste corolario de un proceso de compra directa oscuro y lleno de arbitrariedades. En la reciente interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quedó claro que no y que el miembro interpelante dejó tantas dudas sobre la mesa que terminó convirtiéndose en interpelado.

Para entender, lo que puede tratarse del mayor fraude en la historia de nuestro país, debemos tomar en cuenta los antecedentes. En 2021 el entonces gobierno de Lacalle Pou anunció a la opinión pública que daría inicio a un proceso licitatorio dirigido a la compra de patrullas oceánicas, OPV por su sigla en inglés. Fue en ese año que empezó específicamente a configurarse la encrucijada en la que hoy nos encontramos.

Inicialmente se abrieron dos llamados mediante el mecanismo de licitación pública, uno que daba la posibilidad de comprar patrullas usadas; otro para adquirirlas nuevas. Simultáneamente, se crearon tres comisiones para dar seguimiento al procedimiento de contratación: una comisión técnica, otra asesora y otra política. Antes de seguir adelante rescatemos de esta instancia que uno de los requisitos establecidos en el pliego licitatorio para la compra de patrullas nuevas, era que el astillero responsable de su construcción debía tener experiencia en construcción de patrulleros navales.

La iniciativa de compra de patrullas usadas quedó trunca ya que no se recibieron oferentes. La historia continuó mediante el camino abierto por el llamado a licitación para la compra de barcos nuevos. En esto transcurrió el año 2022. Se presentaron propuestas de empresas procedentes de tres países: China, Francia y Holanda. Entre estas, la comisión técnica señaló a la propuesta china como la más cercana a los requerimientos del país. Lo que dio inicios a reclamos por parte de las otras empresas y a la manifestación de disconformidades de tipo diplomáticas emitidas desde Estados Unidos ante una eventualidad de compra de patrulleros chinos.

La administración de Javier García decidió declarar desiertos ambos procesos licitatorios, y adjudicar por compra directa la construcción de las OPV. Y ahí comenzó el desbarranque que terminó cayendo en manos de nuestro gobierno.

El camino hacia la discrecionalidad quedó abierto consecuentemente cuando en abril se decidió dar continuidad al proceso de compra mediante el formato de compra directa, que se implementó contactando específicamente a cinco astilleros para pedirles que ofertaran. Una de esas empresas fue el astillero que hasta el momento se había dedicado a construir barcos de pequeña entidad o reparaciones. Cardama nunca había construido un barco de estas características. El contacto que se viabilizó mediante un Capitán de Fragata retirado que actualmente vive en Canadá, cuyo negocio le habilita a cobrar 3% del precio final de la compra por concepto de representación. Para ese entonces, si bien ya no estaban en funcionamiento las comisiones asesoras previstas en el marco del llamado a licitación pública, quien era comandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson, buscó la opinión técnica de sus subalternos. Baste considerar que, en dicha instancia, quien era Jefe del Estado Mayor del cuerpo, Contralmirante Gustavo Musso, ubicó la propuesta de Cardama en último lugar. Poco después, pidió pase a retiro.

El resultado de todo esto: se adjudicó de forma directa la compra millonaria de dos patrulleros oceánicos a un astillero sin experiencia en tal tipo de construcciones por ser la más barata, y por proponer plazos de construcción más rápidos. Otorgándole una contratación millonaria de casi 90 millones de dólares, a un astillero que tenía una facturación máxima anual de 8 millones de dólares.

El 10 de octubre de 2023 se adjudicó la compra directa al Astillero Cardama por resolución D/602 firmada por Javier García y Luis Lacalle Pou. Al mes siguiente el Tribunal de Cuentas aprobó la propuesta con la oposición de los representantes del Frente Amplio. Finalmente, el 15 de diciembre de ese año se firmó el contrato entre el Ministerio de Defensa y Cardama.

En dicho contrato se establece como obligación esencial la constitución y presentación de las garantías de reembolso (art. 11) y garantía de fiel cumplimiento (art. 27), tal es su relevancia que su cumplimiento es, además, condición indispensable para la entrada en vigencia del contrato (art. 36). Dicha relevancia es en cumplimiento de lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), normativa que en nuestro país establece la regulación del uso de fondos públicos.

Desde la firma, comenzaron a correr los 45 días que el contrato establecía y que Cardama se obligó, como plazo para que la empresa cumpliera con dicho requisito. Lo que, al día de hoy, ya sabemos que finalmente llevó un poco más de 45 días: 11 meses, algo así como 330 días. ¿Cómo se explica esta tolerancia, cuando la justificación de la adjudicación era la necesidad de contar con los barcos en menor tiempo posible? ¿Cómo se justifica que, en un contrato de obra de 18 meses, se esté 11 meses esperando para que entre en vigencia?

Recordemos que estas garantías eran dos. Una de reembolso del 100% del primer anticipo de los dos buques que haga Uruguay y otra de fiel cumplimiento, por el 5% del total del contrato. El problema fue con la última. Ninguna entidad financiera estaba convencida de que Cardama podía cumplir con su parte del contrato. Entre ellas, el Banco de Seguros del Estado (BSE), a quien Cardama solicitó que oficie de garantía en febrero de 2024 y este se negó a partir del resultado de los informes de sus técnicos, que sostuvieron que el astillero no reunía las condiciones mínimas para otorgar el aval solicitado.

El plazo de los 45 días vencía el 29 de enero de 2024, por lo que Cardama se presentó ante el MDN solicitando una prórroga, la cual fue aceptada por el entonces Ministro Dr. Javier García, con fecha 1 de febrero (vencido el plazo) expresando “la constitución de ambas garantías se previó como requisito para la “entrada en vigor” del Contrato (cláusula 36, lit.c). A su vez, se indicó que “si en plazo de sesenta días desde su firma, este contrato no hubiese entrado en vigor, a menos que ambas partes acuerden lo contrario, el mismo se entenderá automáticamente nulo y se tendrá por no celebrado .(…) se solicita a Cardama realizar los máximos esfuerzos y diligencias por construir las garantías en el menor tiempo posible, y mantener informado al MDN de sus avances, considerando la trascendencia de los plazos del Contrato y a fin de coordinar las instancias de cumplimiento previstas para la entrada en vigor”.

El 4 de marzo de 2024, el entonces ministro Armando Castaingdebat autorizó una nueva prórroga a solicitud de Cardama “(…) por un plazo máximo de 10 días corridos…”. Después de esto, se fueron otorgando sucesivas aprobaciones de forma tácita o por mails del Director General de Secretaría Fabián Martínez y del Director de asuntos financieros Damián Galo, sin existencia de expediente administrativo, ni de actos administrativos motivados por autoridad competentes que apenas pueden ser rastreadas en comunicaciones electrónicas que han sobrevivido ya que no se conoce expediente alguno, y todos los mails fueron eliminados, pero dieron la posibilidad a Cardama de seguir en carrera.

En vano fueron, también, las advertencias que el propio estudio jurídico contratado por el Ministerio de Defensa hizo en reiteradas oportunidades. Desde Delpiazzo Abogados se alertó a las autoridades lo llamativo que era la constante demora y solicitud de prórrogas para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la empresa, al punto tal de elaborar un borrador de rescisión del contrato dado que el plazo para presentarla estaba ampliamente vencido señalando Delpiazzo: “A la fecha, habiendo pasado más de 8 meses de la firma del contrato y estando próximo a los 6 meses de vencido el plazo prorrogado para presentar las garantías proyectadas, no se han constituido las garantías. Por tal razón, corresponde tener por 'no celebrado el contrato referido'”. Para las autoridades de la época era como escuchar llover.

Este proceso de constitución de garantías, pasó de 45 días contractuales a 11 meses. ¿No llamó la atención que, en este proceso, se presentaran más de 7 empresas, las cuales no prosperaban? ¿Por qué no se consultó a un experto de corredor de seguros como aconsejó el BCU? ¿No llamó la atención que empresas uruguayas y españolas no garantizaran el cumplimiento de la obra por Cardama, siendo el 5% del valor del contrato?.

Mágicamente, el miércoles 23 de octubre de 2024 (cuatro días antes de las elecciones nacionales), apareció la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce. La que al día de hoy ha de ser la más conocida de la historia, lamentablemente por ser la más fraudulenta también.

Durante octubre y noviembre, el estudio Delpiazzo realizó varias observaciones a los documentos presentados por Cardama, de hecho de los mails y audios que se dieron a conocer por medios de prensa surgen consideraciones de Delpiazzo como “asombra la desprolijidad de esta gente”. Sin subsanar todas las observaciones, el viernes 22 de noviembre de 2024, Fabian Martinez firma constancia de recepción de garantías, asumiendo el MDN el compromiso de disparar la carta de crédito y el pago inicial.

Cuando nuestro gobierno asumió, con actitud republicana, siguió adelante con el contrato firmado y cumplió con las obligaciones contraídas por el Estado. Pero lo hizo con una actitud de cuidado de las finanzas públicas. Por ello, además de enviar a representantes de la Armada para contar con informes de primera mano sobre los avances y la calidad de la construcción de las patrullas, estuvo atento también a velar por la pervivencia del marco legal sobre el cual transcurría el negocio. Sobre todo, cuando estaba en vigencia una garantía, la ya mencionada de fiel cumplimiento, que se había aceptado sin que cumpliera con uno de los requisitos establecidos en el contrato: estar vigente por todo el período de construcción de los barcos (30 meses), y por doce meses posteriores a su finalización. En suma, la referida garantía debería haberse extendido por un plazo total de 42 meses. Sin embargo, el papel de Eurocommerce decía que tenía vigencia por 12 meses y que debía ser prorrogada. Esto también fue alertado por Delpiazzo Abogados oportunamente.

Por tal razón la “garantía” tenía una cláusula “a primer requerimiento” que estipulaba que, si Cardama no enviaba la renovación al Ministerio de Defensa 30 días antes de su vencimiento esto es 22 de setiembre de 2025, hasta completar los 42 meses exigidos por el contrato, el Ministerio de Defensa podía reclamar su ejecución. Y esto es lo que atinadamente hizo nuestro gobierno el pasado mes de octubre, esperando el plazo de expiración de 22 de Octubre de 2025, a los efectos de que el estado uruguayo no quedara sin garantías. ¿Qué otra cosa podía hacer la Administración? Arriesgarse a perder una garantía de 4.113.500 de euros. Este procedimiento, dio lugar al conocimiento de una sumatoria de hechos que no hicieron más que dar cuenta que el Estado Uruguayo había sido víctima de un fraude, uno tras otro, de una situación altamente preocupante que echó por tierra la credibilidad en la garantía presentada, en la entidad financiera que la emitió y en Astilleros Cardama.

Cuando el embajador uruguayo en Reino Unido fue a las oficinas declaradas por Eurocommerce, se encontró con que allí no estaba instalada empresa alguna con dicha denominación sino una inmobiliaria. Al buscar más información sobre la supuesta entidad financiera, se descubrió que era una firma sin actividad desde 2019, que en 2022 había tenido un solo empleado y en 2023 y 2024 ninguno. Finalmente, al mes siguiente de conocerse esta situación, se confirmó que había sido liquidada por no cumplir con los requerimientos legales establecidos en Reino Unido. Se confirmaba entonces el carácter fraudulento de varios indicios sospechosos que ya en su momento habían sido observados por Delpiazzo: el documento había sido presentado sin su correspondiente traducción, con un apostillado dudoso y sin una firma correctamente certificada, peor aún, fraudulentamente resguardada mediante una forma notarial que no existe y una firma denunciada en España como falsa. Ni que hablar de la inexistencia de un análisis de la solvencia académica de Eurocommerce, algo recomendado por Delpiazzo en aquel entonces pero que el Ministerio de Defensa nunca hizo.

Fue así que llegamos al pasado 22 de octubre, cuando nuestro presidente informó el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes en el ámbito nacional e internacional para la protección y defensa, y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay. Decisión fundada en la existencia de una serie de indicios que hoy ya son datos, y no han sido controvertidos ni siquiera por Cardama.

Estamos de acuerdo en que Uruguay necesita las patrullas oceánicas, pero no puede ser a cualquier costo. El Frente Amplio manifestó reiteradamente sus razonables dudas desde los inicios del proceso, sobre todo en la instancia de selección porque hubo criterios que no quedaron claros desde un principio. Lamentablemente el paso del tiempo los fue develando. Hasta que se hizo insostenible seguir adelante con ello sin poner en riesgo los recursos que nuestro país estaba destinando para esta compra. Hoy, queda claro que no se llegó a esta decisión apresurada ni caprichosamente.

Ahora bien, quienes han cuestionado la decisión del gobierno, ¿a quién defienden? ¿Cómo se puede continuar un vínculo de 90 millones, con los graves indicios de fraude que dan lugar a acciones penales en nuestro país, España y Reino Unido?

No solo la empresa Eurocommerce no existe, sino que las actas notariales entregadas en mano por Cardama son absolutamente falsas. La diligencia practicada por el notario español Ignacio Martínez-Gil Vich, quien, en un informe de 43 páginas, concluye: “Las copias autorizadas entregadas al Ministerio de Defensa de la República Oriental del Uruguay son absolutamente falsas y han sido elaboradas para crear una apariencia de regularidad merced a la intervención de un notario”. Dicha falsedad es notoria, y como menciona el notario, con una simple lectura deberían haberse advertido.

Luego de haber escuchado la exposición de la ministra, ¿se puede decir que se eligió a Cardama por su experiencia y plazo? ¿No llamó la atención el período de 11 meses para constituir una garantía nada más ni nada menos de “fiel cumplimiento” de apenas el 5% del valor?

Nuevamente nos preguntamos, ¿es posible continuar un negocio de casi 100 millones de dólares en estas condiciones?

Para nuestro gobierno, no. Como señala el TOCAF y enfatiza Delpiazzo, los principios de razonabilidad, de veracidad y de buena fe son trascendentales en la contratación pública y en el accionar de la Administración. En tal sentido, su alcance “implica el rechazo a la mentira y la desconfianza". El Estado uruguayo no puede confiar en un contratante que ha presentado documentación falsificada, menos si consideramos que tiene por objeto la construcción de buques patrulleros para la protección y defensa de la soberanía de nuestro territorio. Además, significa una inversión histórica para el Ministerio de Defensa Nacional, que obliga al Estado a tomar todos los recaudos necesarios para evitar desembolsos irrecuperables que impliquen daños económicos irreparables.

Es por ello que el Estado uruguayo legítimamente está llevando adelante acciones legales civiles y penales, conjuntamente con investigaciones administrativas para aclarar las acciones realizadas. El deber de un buen gobernante es cuidar los recursos públicos, tratando de salvar los 60 millones que restan por pagar, y buscar recuperar lo que ya se pagó, proteger lo que es de todos y actuar cuando aparecen indicios de fraude o irregularidad. Transparencia es defender los intereses del país.