Por Claudia Rodríguez Sirtori*.
Cada año, el 20 de junio, el mundo se une para conmemorar el Día del Refugiado, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las esperanzas y dificultades, los sueños rotos y las contribuciones de millones de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares. Según el Informe anual sobre Tendencias Globales de ACNUR publicado el pasado 12 de junio, a finales de abril había 122,1 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, una cifra que sigue siendo escandalosamente alta.
Detrás de cada estadística hay una historia. Personas que un día tuvieron que dejar un hogar, un trabajo, un barrio, una comunidad, y que lo perdieron todo por causas ajenas a su voluntad. Son la cara más visible de un drama de profundidades insondables y, al mismo tiempo, un ejemplo de resiliencia en un mundo que se les ha vuelto hostil. Las personas refugiadas lo han perdido todo, pero también llevan consigo talento, conocimiento, experiencia, y un coraje a prueba de todo. Su presencia en las comunidades aporta valor, diversidad cultural y hasta dinamismo económico a los países que las acogen.
Las personas refugiadas y migrantes han sido un motor clave para la economía, especialmente frente a desafíos como el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral. El propio Banco Mundial ha destacado los beneficios significativos que trae aparejados su integración laboral. La comunidad venezolana, en particular, ha aportado capital humano calificado con profesionales como médicos, ingenieros y técnicos que cubren vacantes en sectores críticos, impulsando actividades como el comercio, la gastronomía y los servicios personales. Su alta participación laboral contribuye al consumo, la recaudación fiscal y la demanda de bienes y servicios. Lejos de ser una carga, su inclusión adecuada puede tener efectos multiplicadores en la economía.
Con políticas públicas que faciliten el acceso al empleo formal, servicios financieros y protección social, las personas desplazadas por la fuerza pueden fortalecer el desarrollo sostenible, enriquecer el tejido social y aportar con su trabajo, creatividad y resiliencia al crecimiento nacional. Según un reporte del Fondo Monetario Internacional, la integración de personas refugiadas y migrantes podría aumentar el PIB de los países de acogida en hasta 4,5 puntos porcentuales para 2030, especialmente cuando se facilita su inserción en el mercado laboral formal.
Mientras que el número de personas desplazadas por la fuerza casi se ha duplicado en la última década, la financiación para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ahora se sitúa aproximadamente en el mismo nivel que en 2015, en medio de recortes brutales de la financiación humanitaria. Esta situación crítica es insostenible, y encierra una enorme paradoja: con la agudización de las crisis humanitarias, nunca los requerimientos fueron tan grandes y los recursos destinados a atenderlos jamás fueron tan escasos. Sudán, Myanmar, Haití, Gaza, Líbano, Congo, Ucrania, Afganistán, Siria, Sahel Central, Sudán, Venezuela… a lo largo y ancho del mundo, los conflictos se multiplican.
Esta realidad tan contradictoria, lejos de paralizarnos, debe movernos a la acción concreta, la única capaz de transformar la vida de la gente. Los recortes de financiación por parte de los principales donantes están poniendo en peligro la vida de los más vulnerables. Esta reducción afecta desde la distribución de alimentos hasta la atención médica, pasando por programas de inclusión sociolaboral o el apoyo directo a las personas refugiadas en temas esenciales, como alojamiento o productos de higiene. Sin ir más lejos, en el Cono Sur estos cortes han llevado al cierre o la reducción de programas que consideramos esenciales para la protección y soluciones de las personas refugiadas. Esta falta de fondos no solo limita la capacidad de respuesta inmediata, sino que también amenaza la sostenibilidad de los programas en el largo plazo.
Por eso, en un día mundial de reflexión, reiteramos nuestro llamado a donantes, cooperantes, embajadas, agencias, empresas y personas para trabajar juntos en la integración de las personas refugiadas. Porque no basta con proteger y acoger a las personas refugiadas; también es necesario ofrecerles oportunidades para prosperar, asegurar su acceso a la educación, un empleo digno y un sentido de pertenencia. En resumen: de lo que se trata es de tender una mano para reconstruir sus vidas.
Para ello, confiamos en la solidaridad del pueblo uruguayo. En la empatía de su gente, en la vocación de paz que ha guiado siempre a este país que se nutrió de la llegada de personas de todos los horizontes del mundo que están en la cultura y que llegaron buscando un lugar seguro donde vivir y trabajar, tolerancia, o libertad de opinión, religiosa o espiritual.
Las uruguayas y los uruguayos son forjadores de una larga tradición de respeto a quienes han huido o deben huir de su país, una causa que defendió con tanta perseverancia nuestra querida Belela Herrera. Símbolo y síntesis de actos heroicos que permanecen vivos en la memoria, el recuerdo de Belela se engrandece ahora cuando el Uruguay abraza la causa de quienes llegan al país en busca de abrir un nuevo capítulo en sus vidas.
El desplazamiento forzado continúa siendo uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. ACNUR, que nació al mundo para ayudar a millones a encontrar protección y soluciones y poder regresar a sus hogares después de vivir en primera persona el drama de la guerra, colabora hace 75 años con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y personas de la sociedad civil para aliviar las heridas abiertas que tratamos de ayudar a cicatrizar con paciencia y empatía.
Uruguay comprende bien la tragedia del desarraigo. Por eso ha liderado en las Américas el progresivo desarrollo del derecho al asilo. El hecho que diversos tratados sobre asilo se hayan negociado y suscripto en Montevideo, es una clara evidencia del compromiso del país con este tema.
Hoy Uruguay cuenta con una larga y generosa tradición de asilo, que se ha revitalizado recientemente con nuevos programas que integran las respuestas de asilo y migración. Las nuevas oportunidades para personas refugiadas y migrantes que ofrecen el programa de residencia por arraigo y la modernización del sistema de refugio, a través de la digitalización y el desarrollo de procedimientos simplificadas para responder a las solicitudes de protección, han recibido gran reconocimiento de la comunidad internacional.
El ACNUR apoya la expansión y robustecimiento de estas iniciativas, no sólo para consolidar un nuevo paradigma de trabajo en el país, sino para contribuir a erigir un modelo regional que sirva de faro y ejemplo de buenas prácticas a otros países de la región, en tiempos desgraciadamente muy turbulentos.
El actual firme compromiso político de las autoridades y la identificación de recursos presupuestarios apropiados será clave este año, para asegurar la sostenibilidad de estos esfuerzos para los años venideros.
En este presente de enormes dificultades, seguimos estando. Los desafíos son grandes y múltiples. Pero cuando se aprecia el trabajo mancomunado de muchos actores que avanzan en la dirección correcta, hay buenas razones para la esperanza. Así, se han dado notables pasos para encontrar una solución de nacionalidad para las personas ciudadanas legales, y para que cuenten con documentación que prueba su ciudadanía uruguaya.
Gracias a estos esfuerzos y la ayuda generosa de donantes, embajadas, empresas, y miles de personas que mes a mes colaboran con la causa de las personas refugiadas, trabajamos con la misma firmeza y con el mismo empeño en proteger la vida de las más de 68 mil personas forzadas a huir y apátridas que viven en Uruguay, y contribuir a su integración.
Hoy, 20 de junio, en un nuevo Día Mundial del Refugiado, reafirmamos nuestro compromiso: hoy, mañana y siempre seguiremos estando junto a las personas refugiadas.
Allí nos encontrarán siempre.
* Claudia Rodríguez Sirtori es representante regional de ACNUR para el Sur de América Latina.
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