Opinión | Esperando al Presupuesto: ¿por qué y para qué?

En el correr de este mes de agosto el Poder Ejecutivo deberá presentar al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto para el actual período de gobierno.

La cuestión presupuestal se instalará en el centro del debate político durante meses, hasta que se promulgue la ley por lo menos, y tendrá fuerte impacto sobre la opinión pública. Hasta ahora, el gran tema lo viene siendo la pandemia y las vicisitudes de la lucha contra ella. El país está saliendo relativamente bien librado de esta situación de emergencia, y el gobierno recoge el fruto de sus aciertos en un estado de opinión pública que le es favorable en términos que superan las expectativas más optimistas.

El Presupuesto cambiará el juego. Salvo que el Covid 19 se escape del control y agrave dramáticamente la situación sanitaria, lo que nadie desea, ni parece probable, veremos cómo el foco de los informativos se desplaza del Ministerio de Salud Pública al de Economía y Finanzas; de la cantidad de contagiados a la cantidad de millones de pesos que se asigna a un rubro o a otro; del número de hisopados, al de movilizaciones sindicales en contra del proyecto presupuestal. La oposición frenteamplista, a media máquina durante la emergencia sanitaria, atacará con toda su potencia al gobierno y a la coalición de partidos que lo sustenta.

El equipo económico que encabezan Azucena Arbeleche e Isaac Alfie tiene entre manos una tarea sumamente ardua y compleja. Debe lidiar con un déficit fiscal que al 1º de marzo estaba en el 5% del PBI y que, a fin de año, como consecuencia del aumento del gasto en el que fue necesario incurrir para enfrentar a la pandemia, así como de la disminución de la actividad económica y la consiguiente caída de la recaudación fiscal producidas por ella, será mayor aún. No voy a detenerme señalando diversos indicadores de la grave de la situación económica y social que vivimos; los doy por conocidos. Sólo agrego que, para hacerle la vida aún más difícil a los responsables de las cuentas públicas, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado dijeron enfáticamente durante la pasada campaña electoral que no iban a crear nuevos impuestos ni a aumentar los ya existentes. Es cierto que la pandemia no estaba en los cálculos de nadie y que la irrupción de este factor extraordinario justificaría un cambio de planes, pero hasta ahora nada se ha dicho al respecto, por lo que debe entenderse -hasta nuevo aviso, por lo menos- que el compromiso de no crear ni aumentar impuestos se mantiene.

En estas condiciones es obvio que el Presupuesto vendrá con recortes; no puede ser de otra manera. Se acabaron los tiempos de las previsiones optimistas, del "espacio fiscal" que daba para todas y todos, del gasto público creciendo sistemáticamente más que la economía. El nuevo gobierno tiene que pagar las cuentas de la fiesta, porque si no lo hace, o si no empieza a hacerlo por lo menos, pondrá en peligro el "grado inversor", esa calificación crediticia que nos facilita el seguir endeudándonos para pagar lo mucho que ya debemos. Y si Uruguay pierde el grado inversor, es decir, si al final del día tenemos que pagar intereses más altos por el dinero que tenemos que pedir prestado (porque gastamos siempre más de lo que podemos pagar con nuestros propios recursos) todo se hará mucho más difícil de lo que ya es.

Ya que el Presupuesto no va a ser para festejar, sino para sufrir, es fundamental que esté bien claro para qué vamos a sufrir. Tiene que valer la pena. Decir con rigor espartano que "hay que reducir el gasto para equilibrar las cuentas públicas", y nada más, podrá ser técnicamente exacto pero sería también, sin duda, políticamente insuficiente.

Cuando disputaba la presidencia de Peñarol con el Cr. José Pedro Damiani, Washington Cataldi acuñó una frase para la posteridad: "nadie sale a 18 de Julio a festejar un balance". He ahí una gran verdad, que debe interpretarse con cuidado y aplicarse con prudencia. La opinión pública no va a festejar que no se pierda el grado inversor, ni que se achique el déficit. Es preciso lograr esos dos objetivos, sin duda; pero el estado de la opinión pública no cambiará por ello.

¿Y por qué le tiene que preocupar a la coalición de gobierno el estado de la opinión pública, si no hay elecciones hasta el 2024? Pues porque si el gobierno quiere hacer reformas importantes -en la educación y en la seguridad social, por ejemplo-, necesita un amplio apoyo popular. No será el mismo que tiene hoy, porque una cosa es la pandemia y otra el Presupuesto; pero es necesario que los que votaron por un cambio el año pasado, tengan claro que se trabaja para lograrlo y no solamente para tener las cuentas en orden.

Los recortes no se pueden hacer al barrer. En algunos incisos habrá que recortar mucho, en otros pocos y en otros nada; y quizás haya unidades ejecutoras a las que deba asignárseles más recursos que los que hoy tienen.

Hay un área de ineludible consideración preferencial: la educación.

La educación de nuestros niños y jóvenes debe ser la gran bandera en torno a la cual nos agrupemos todos. Sabemos que es necesario mejorarla sustancialmente; de que lo logremos depende el futuro de esta sociedad. La esperanza de un futuro mejor, y no sólo la necesidad de equilibrar las cuentas, es lo que tiene que contener el presupuesto para que el pueblo considere justificados los rigores que impondrá.

Para darle a la ANEP lo que precisa, quizás haya que ser más severos en el recorte a otros incisos presupuestales, de manera que el resultado final esté en línea con los planes del equipo económico; si así tiene que ser, que así sea.

Lo importante es que a la hora de asignar los recursos públicos podamos decir con propiedad que, para el Uruguay, la gran prioridad es la educación de sus hijos. Eso le dará sentido y valor al gran esfuerzo que como sociedad tenemos por delante.