Opinión | Empresas públicas en Bolsa: qué cambia y qué está en juego
Los posibles beneficios alcanzan tanto a las empresas que empiezan a cotizar como al mercado en general.
CFA Society Uruguay
CFA Society Uruguay reúne a profesionales uruguayos de la inversión comprometidos con promover la ética, la educación financiera y la excelencia profesional en beneficio de la sociedad.
Por Fabián Ibarburu y Julio Carzolgio*
La posibilidad de que las empresas públicas coticen en Bolsa genera debate. ¿Significa venderlas? ¿Podría una persona comprar una pequeña parte? Para entender qué está en juego, conviene empezar por lo básico.
¿Qué significa apertura de la cotización en Bolsa de una empresa pública?
Significa que el Estado ofrece al mercado, a través de una Bolsa de Valores, una parte de la propiedad de esa empresa mediante la venta de acciones que podrán, a partir de la oferta inicial, comprarse y venderse en esa bolsa.
No implica necesariamente una privatización total. El Estado puede mantener el control de la empresa conservando, por ejemplo, el 75 u 80% de las acciones, mientras el resto queda en manos de inversores privados.
¿Cuáles son los beneficios de la cotización en Bolsa de las empresas públicas?
Los posibles beneficios alcanzan tanto a las empresas que empiezan a cotizar como al mercado en general.
Para la empresa, en primer lugar, el control puede seguir en poder del Estado si conserva una participación suficiente. A su vez, cotizar exige mejoras en el gobierno corporativo, con mejores prácticas de selección de directores y mayor independencia frente a los tiempos políticos. El resultado debería ser más eficiencia y transparencia.
También permite conseguir fondos para inversiones mediante la emisión de nuevas acciones, sin recurrir a deuda. La incorporación de nuevos accionistas, especialmente inversores profesionales y empresas referentes en el sector, puede generar beneficios a largo plazo.
Además, el mercado evalúa de forma permanente el valor de la empresa: las buenas decisiones deberían favorecer su cotización y las malas podrían reducirla, aunque el precio también depende de factores externos. Finalmente, pueden crearse incentivos para los funcionarios de carrera vinculados al desempeño de la empresa.
Para el mercado, sumar empresas públicas amplía las opciones de inversión para personas, fondos de pensiones y aseguradoras. También puede animar a otras empresas privadas a cotizar.
¿Y cuáles serían los argumentos en contra?
El Estado podría perder gradualmente el control si reduce su participación, y una valoración incorrecta podría llevar a vender patrimonio estatal a un precio demasiado bajo. También pueden surgir presiones para priorizar las ganancias sobre los objetivos de servicio a la comunidad, generando conflictos entre los accionistas privados y los objetivos de política pública.
¿Qué nos enseña la experiencia internacional?
Si miramos la experiencia internacional, según un informe del Banco Mundial, en los años 80 y 90 era común que el Estado vendiera partes mayoritarias de empresas públicas. Desde los 2000, especialmente en Asia, ganó terreno la venta de una parte de las acciones, manteniendo el control estatal.
La mayoría de las empresas que eran grandes ya generaba ganancias antes de salir a Bolsa. Entre los compradores hay fondos de pensiones y aseguradoras cuando los mercados ya están desarrollados, o personas y extranjeros en otros casos. A veces se ofrecen precios reducidos a pequeños inversores para incentivar su participación.
Estas operaciones impulsan la operativa de las bolsas locales.
Para que la apertura a bolsa funcione, se necesitan empresas grandes y rentables, instituciones sólidas y un mercado confiable. También es fundamental una buena gobernanza: reglas claras sobre quién decide, cómo se controlan los riesgos y los conflictos de interés y cómo se rinden cuentas.
Según las directrices de la OCDE, el Estado debe fijar los objetivos de la empresa y darle autonomía para la gestión. Los directorios deben ser integrados por profesionales capacitados y miembros independientes, evitando conflictos de interés e interferencias de políticos, que deben abstenerse de ser directores.
Además, las empresas deben explicar sus objetivos de servicio a la comunidad y cómo los cumplen, competir sin ventajas indebidas y proteger e informar adecuadamente a todos sus accionistas.
¿Cuál ha sido el impacto en el desarrollo de los mercados de capitales locales en economías en desarrollo?
La apertura a la cotización en Bolsa de empresas públicas ha ayudado a atraer nuevos inversores, tanto personas como extranjeros, y a que otras empresas se animen a cotizar. También puede facilitar el acceso a financiamiento. Petrobras, por ejemplo, pudo obtener más deuda en el mercado de valores tras ofrecer sus acciones.
¿Cuál ha sido el impacto en el desarrollo económico?
En muchos casos, las empresas mejoraron sus resultados, especialmente en sectores donde compiten con otras. Una gestión profesional puede contribuir a esas mejoras. En YPF, una reestructura liderada por directores profesionales permitió aumentar las ganancias. Se han registrado ganancias para quienes compraron acciones en las ofertas iniciales, sobre todo a corto plazo.
Sin embargo, evitar la interferencia política sigue siendo un desafío. Singapur logró separar mejor las decisiones del gobierno de la gestión empresarial mediante una sociedad que administra sus participaciones en las empresas públicas.
Referencias
Banco Mundial (2021). Listing State-Owned Enterprises in Emerging and Developing Economies: Lessons Learned from 30 Years of Success and Failure.
OCDE (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024. OECD Publishing, París.
* Fabián Ibarburu, CFA, es miembro de la CFA Society Uruguay, de la cual fue presidente. Julio Carzolgio, CFA, es secretario de CFA Society Uruguay.
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