Opinión | El “triunfo” del Sunca y la factura que pagarán todos los uruguayos

Escribe Aldo Lamorte

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Aldo Lamorte

Diputado (s) por el Partido Nacional, Unión Cívica. Arquitecto, empresario, consejero de nómina de gobierno de Italia en el Consejo General de los Italianos en el Exterior.

El preacuerdo alcanzado entre el Sunca y las cámaras empresariales de la construcción será presentado como una conquista histórica. La reducción gradual de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial constituye una de las principales reivindicaciones del sindicato y, sin dudas, representa una victoria para quienes participaron de esa negociación. Sin embargo, más allá de los festejos y de los discursos, existe una pregunta que permanece sin respuesta: ¿quién asumirá el costo de este acuerdo?

En economía nada es gratuito. Cuando un trabajador mantiene su salario pero reduce su carga horaria, el costo de cada hora efectivamente trabajada aumenta. La disminución de 44 a 40 horas implica un incremento cercano al diez por ciento en el costo laboral por hora, salvo que exista un aumento equivalente de la productividad. Y esa productividad no se decreta por convenio ni surge automáticamente de una firma; requiere inversión, tecnología, capacitación y una organización del trabajo más eficiente.

Lo preocupante es que esta negociación estuvo precedida por un conflicto particularmente duro. Durante semanas se sucedieron paros, movilizaciones y medidas gremiales que afectaron el desarrollo normal de numerosas obras. Distintas empresas denunciaron bloqueos en los accesos, interrupciones en el suministro de hormigón y presiones para impedir que trabajadores que deseaban continuar con sus tareas pudieran hacerlo. Desde el Sunca se sostuvo que esas acciones formaban parte del legítimo ejercicio del derecho de huelga y eran necesarias para fortalecer la posición negociadora. Sin embargo, para muchos empresarios y trabajadores no afiliados, la sensación fue que el conflicto había dejado de ser una herramienta de negociación para transformarse en un mecanismo de presión cuyo costo terminó siendo soportado por terceros.

Nadie discute que el derecho de huelga constituye una garantía fundamental en una sociedad democrática. Pero tan importante como ese derecho es el de trabajar. Cuando una obra permanece paralizada porque un camión de hormigón no puede ingresar, cuando proveedores pierden jornadas completas o cuando trabajadores que desean cumplir con su labor son impedidos de hacerlo, el perjuicio deja de recaer únicamente sobre la empresa involucrada y alcanza a toda la cadena productiva.

Existe además un aspecto que casi no ha sido objeto de análisis. Dentro de la Cámara de la Construcción conviven empresas con realidades completamente distintas. Muchas de las grandes constructoras desarrollan buena parte de su actividad ejecutando obras para el Estado. En esos casos, un aumento de los costos laborales puede terminar incorporándose al precio de las futuras licitaciones. Es decir, el mayor costo no desaparece: simplemente cambia de bolsillo. Lo termina pagando el Estado y, en definitiva, todos los uruguayos a través de sus impuestos.

Muy distinta es la situación del empresario privado. El pequeño constructor que levanta viviendas para familias, el desarrollador que invierte su propio capital o la empresa que trabaja exclusivamente para clientes particulares no tiene la posibilidad de modificar el precio de venta porque aumentaron sus costos laborales. El mercado fija los valores y los compradores tienen un límite económico. Si ese límite se supera, la obra no se vende. En consecuencia, el incremento de costos deberá absorberse reduciendo la rentabilidad, postergando inversiones o, en el peor de los casos, disminuyendo la contratación de personal.

Esta diferencia explica por qué el acuerdo no impacta de igual manera sobre todos los integrantes del sector. Mientras algunas empresas podrán trasladar el aumento a contratos financiados con recursos públicos, miles de pequeñas y medianas empresas deberán afrontarlo con sus propios márgenes, en un contexto económico donde la competencia y la demanda no permiten aumentar precios con facilidad.

También llama la atención que toda la discusión se haya centrado en la reducción de la jornada y casi nada en la productividad. En los países que han logrado disminuir las horas de trabajo sin afectar la competitividad, ese cambio fue consecuencia de un aumento previo en la eficiencia, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de los procesos productivos. En Uruguay parece haberse optado por el camino inverso: primero se incrementan los costos y luego se espera que la productividad aparezca para compensarlos.

Este acuerdo, además, se produce en un momento especialmente delicado para la imagen pública del sindicato. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Social de Vivienda, que motivaron denuncias y actuaciones promovidas por el propio Sunca, han generado un lógico reclamo de mayor transparencia y control. Precisamente por ello, una organización con una enorme capacidad de movilización y una fuerte influencia en las negociaciones nacionales debería ser también un ejemplo de responsabilidad institucional y administración rigurosa de los recursos que gestiona.

No se trata de cuestionar el derecho de los trabajadores a mejorar sus condiciones laborales ni de desconocer la importancia de la negociación colectiva. Se trata de preguntarse si las decisiones adoptadas consideran el interés general del país o únicamente el de quienes participan directamente en la negociación. Porque cuando una parte importante de los costos termina siendo absorbida por el Estado y por miles de emprendedores privados que no tienen posibilidad de trasladarlos al mercado, el debate deja de ser exclusivamente sindical y pasa a convertirse en un asunto de política económica nacional.

El Sunca puede celebrar un triunfo y sus dirigentes tienen motivos para sentirse satisfechos con el resultado obtenido. Sin embargo, también corresponde preguntarse si ese triunfo representa un beneficio para el conjunto del Uruguay. Las grandes empresas vinculadas a la obra pública probablemente incorporarán esos mayores costos a las futuras licitaciones; los pequeños empresarios deberán resignar rentabilidad o inversión; y los ciudadanos, como contribuyentes, terminarán financiando obras públicas más costosas.

Tal vez por eso la verdadera conclusión de este acuerdo no sea que todos ganaron. La realidad parece indicar que algunos obtuvieron una importante victoria en la mesa de negociación, mientras que la cuenta quedó, una vez más, en manos de quienes no participaron de ella: los contribuyentes, los emprendedores privados medianos así como pequeños, las cooperativas de vivienda, en definitiva, todos los uruguayos, compren o no una vivienda.