Opinión | El presupuesto del gobierno de Orsi son promesas incumplidas

Mientras se habla de inclusión e igualdad, el nuevo presupuesto nacional deja en evidencia un Estado que retrocede en educación, crea más impuestos y aumenta la deuda pública.

Hace más de un mes venimos recibiendo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a ministros, equipos económicos, gremios, delegaciones sociales y distintas instituciones del país. También participaron funcionarios y representantes del PIT-CNT.

Por primera vez, tuve la oportunidad de escuchar, ver y preguntar directamente a muchísimos ciudadanos de todos los rincones del país cuáles son sus necesidades reales y cuáles deberían ser las nuevas líneas de trabajo del Estado.

Las sesiones han sido intensas, extensas y, en muchos casos, con planteos casi contradictorios. En la subcomisión de subsidios y donaciones especiales, se ha presentado un esfuerzo enorme por mostrar lo que se hace desde el anonimato, con compromiso y vocación, aun cuando muchas veces el Estado no llega.

Sostengo más que nunca que el capital más grande que tiene el Uruguay es su gente.

Quizás muchos no tengan títulos universitarios ni maestrías, pero son ellos los que educan, incluyen, generan oportunidades y apuestan al desarrollo real quienes sostienen el país cada día.

Sin embargo, escuchamos al gobierno hablar de un presupuesto a largo plazo, con objetivos hacia 2030, mientras el país sigue funcionando con los recursos que dejó la administración anterior.

Y esto debe quedar claro: el país no estaba en ruinas.

Lo que se nos ha presentado es un presupuesto duro, restrictivo y decepcionante. No invierte en educación, no destina fondos suficientes a Utec, y está muy lejos del tan reclamado 6% más 1% para la enseñanza.

Lejos de avanzar, el presupuesto destinado a la educación pública uruguaya evidencia un claro retroceso. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) había solicitado un incremento superior a los 600 millones de dólares, pero recibió apenas el 10% de lo requerido. Entre las solicitudes que quedaron sin atender se encontraban la extensión del tiempo pedagógico, el fortalecimiento de la educación especial inclusiva o la universalización de 3 años, un punto clave en el combate contra la pobreza infantil.

Por otra parte, la Universidad de la República (Udelar) reclamó 360 millones de dólares, pero solo se le otorgó el 2,5%. Una situación similar atraviesa la Universidad Tecnológica (UTEC). Ambas instituciones advirtieron ante la comisión parlamentaria que los recursos asignados no solo representan un freno al desarrollo, sino que las colocan en un escenario de retroceso e incluso de sobrevivencia.

Además, no cumplen con las promesas de campaña. Por el contrario, crea más impuestos, genera más deuda y golpea directamente el bolsillo de los trabajadores.

Resulta incoherente que, mientras se llenan los discursos de palabras como inclusión e igualdad, se recorten recursos a los ciudadanos y se les cierre la puerta a los jóvenes del interior que sueñan con acceder a la universidad. Como dijeron una vez refiriéndose a la enseñanza del interior: “No es lo mismo estudiar matemáticas en Montevideo que en el interior del país”; el Estado no debe hacer esta diferencia, debería garantizar esa igualdad de oportunidades.

Duele ver cómo se restringe la posibilidad de brindar herramientas a quienes más las necesitan para progresar, construir su presente y su futuro. Y duele aún más ver cómo se permite la instalación de universidades extranjeras, mientras se debilitan las nuestras.

Hoy muchos uruguayos sienten frustración, y con razón. Porque cuando un gobierno limita los sueños y frena las oportunidades, comete el peor error posible, quitar la elección, el progreso y la esperanza.