Opinión | El foco en lo importante

Escribe Sol Maneiro

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Sol Maneiro

Diputada por Montevideo desde 2025. Madre de cuatro y repostera de profesión. Integró el equipo de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Militante del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 29% de las niñas y niños menores de seis años vivían en hogares por debajo de la línea de pobreza en 2025. Lejos de tratarse de un hecho puntual, esta situación se ha instalado como un fenómeno persistente, difícil de abatir. Están sobradamente estudiadas y comprobadas las consecuencias que esto tiene en el desarrollo de las personas. Cuando ese período crucial para el desarrollo de las personas, como lo es la infancia, está atravesado por privaciones o carencias básicas, es más común observar luego dificultades para permanecer en el sistema educativo, conseguir un empleo o que este sea de calidad. No solo se compromete el desarrollo de las personas en tanto seres humanos, sino también el desarrollo futuro del país.

Con esta idea de fondo, el gobierno decidió poner a estudio del Parlamento una propuesta de reformulación del sistema de transferencias a la infancia y adolescencia. Además de buscar un sistema más fácil de entender, de acceder y de controlar, el objetivo de fondo es incrementar el monto de la transferencia como forma de amortiguar los efectos económicos de pertenecer a los hogares de menores ingresos. Esto debería ayudar a reducir la pobreza, pero, además, a mejorar las condiciones para que esas niñas, niños y adolescentes puedan crecer con mayor dignidad, en un entorno más favorable para su desarrollo. De nuevo, este es el objetivo primordial, mejorar la calidad de vida de estas familias y en particular niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, se ha intentado plantear como el centro del debate un aspecto que es, a lo sumo, complementario. El proyecto propone que, como condición para el cobro completo de la prestación, se deba cumplir con la asistencia a un centro educativo y la realización de controles médicos. En caso de no cumplir con estos requisitos, se podría suspender hasta el 20% del valor de la prestación. Ante esto, se han levantado voces pidiendo la suspensión total de la prestación. No estamos de acuerdo con eso.

Existen varios argumentos para sostener que el diseño propuesto es adecuado. Por un lado, el objetivo final de la política. No se trata de una política educativa, ni tampoco de carácter sanitario. Esto busca mitigar la carencia de recursos y evitar que los hogares y en particular los niños se enfrenten a situaciones de pobreza no deseadas. Sí es posible plantearse que esta política contribuya en el logro de otros objetivos, pero no debe ser su objetivo central.

Por otra parte, la experiencia internacional, pero sobre todo la nuestra propia, demuestra que la amenaza de cortar la prestación en caso de no cumplimiento no es tan potente como se cree. Si bien todos los años es noticia el gran número de asignaciones familiares que se plantean cortar y se ha dado aviso a las familias sobre esta situación, el nivel de revinculación es muy bajo. A modo de ejemplo, en 2024, de casi 5.000 beneficiarios desvinculados del sistema educativo, solo 300 retornaron después de recibir un mensaje advirtiendo sobre el corte de la prestación.

Si buscamos realmente retener y mantener a los jóvenes en el sistema educativo (hay que tener en cuenta que en su enorme mayoría quienes se desvinculan del sistema educativo no son niños, sino adolescentes) los caminos son otros. En 2025, distintas instituciones del Estado pusieron en marcha el plan Volver a los Sueños. Se trata de una experiencia de cercanía, no solo de mandar un mensaje, sino de ir a buscar, acompañar y apoyar a quien se desvinculó del sistema educativo, procurando su retorno. Nuevamente, frente a casi 5.000 jóvenes desvinculados, esta vez se logró que casi 2.500 retornen a alguna instancia educativa. No fue la amenaza ni tampoco el castigo de cortarles la prestación, sino la cercanía, el apoyo y la comprensión.

Para muchas de estas familias, este tipo de transferencias son su último vínculo con el Estado. Cortarlo implicaría consolidar el no retorno al centro educativo de esos jóvenes, una reducción de los ingresos del hogar que profundizaría su precariedad, y la pérdida de contacto, de apoyo, de seguimiento y acompañamiento a esas familias por parte del Estado. Impedir que esto suceda no es solo una cuestión de humanidad, sino de compromiso con el futuro de nuestra gente y del país.