Opinión | El dogma sanitarista sube a escena

La prohibición de que los actores hagan como que fuman en sus representaciones teatrales ha causado un enorme revuelo en la opinión pública. Los propios teatristas pusieron el grito en el cielo ante la recordación de una legislación represiva que condicionaba la puesta en escena de obras que ahora mismo se representan en las salas del país. Más allá de eso, la recordación de la "Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco a las instituciones teatrales, de que "el acto de fumar, aunque sea un cigarrillo apagado o con productos que simulen ser cigarrillos, está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas".

A ver si los gobernantes y su coro bienpensante lo entienden de una vez y para siempre: en un Estado de derecho, democrático y laico, la norma es la libertad y la excepción, su restricción. En este caso, se trata nada menos que de la libertad de expresar libremente lo que la conciencia indique. No es un derecho absoluto pero tiende a serlo porque condicional al vigencia real del resto de los derechos. Especialmente el de criticar asuntos de la vida en sociedad.

Es interesante volver una y otra vez sobre el texto constitucional porque allí se expresa cabalmente el tipo de sociedad en la que hemos convenido vivir. El Artículo 44 le reconoce al Estado su facultad de legislar "en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". Por cierto, esta legislación debe ser armónica con el resto de los preceptos constitucionales, especialmente en cuanto a posibles restricciones a la libertad de las personas. Para empezar, debe ser armónica con el segundo párrafo de dicho artículo, que no le reconoce al Estado sino a los habitantes la responsabilidad de cuidar su salud.

Por otro lado, tenemos que la salud es, así definida por la OMS, "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Constitución uruguaya, las personas debemos resolver cómo se alcanza ese estado, atendiendo a cuestiones no sólo somáticas sino "mentales", es decir espirituales, cognitivas, sensoriales, etc. ¿Cuánto estamos dispuesto a sacrificar de nuestro estado sensitivo para vivir tres o cuatro años más? O al revés, ¿cuánto estamos dispuesto a sacrificar de nuestra expectativa de vida por ceder al eventual disfrute de alimentos, sustancias u otros consumos y disfrutes? La respuesta a estas preguntas nos llevará al umbral de las decisiones, entre otros, sobre el consumo de tabaco, así como a las autoridades, al freno de sus ansias moralizantes sobre lo que está "bien" y lo que está "mal" en materia tan delicada y subjetiva. Detrás de su pátina sanitaria y progre, este tipo de campañas encarnan siempre la aspiración conservadora de convertir ciertas pautas morales en un dogma, persiguiendo a quienes osen cuestionarlas o plantear alternativas.

Muchas personas que fuman se enferman y mueren antes de tiempo. Esto es una constatación de la ciencia biológica y de la estadística. Sin embargo, existen personas que, aun sabiendo esto, deciden seguir fumando, como otras ingieren alimentos sin moderación. Saben que eso aumenta la probabilidad de que mueran antes de lo que marca la estadística y en peores condiciones de salud. Lo que tiene que procurar el Estado es promover un estado de óptima toma de decisiones y eventualmente advertir a todos sobre los riesgos y proteger a aquellas personas que aún no pueden elegir (niños y adolescentes) de quedar expuestas a un consumo prematuro y potencialmente dañino.

Pero hacer que se fuma no es fumar, lo mismo que hacer que se mata no es matar. Por lo mismo, hacer que se fuma no es una incitación a consumir tabaco. Ahora bien, ¿si lo fuera qué? Si un artista o un ciudadano cualquiera considerara oportuno predicar a favor del consumo del tabaco, a través del lenguaje simbólico del arte o del proselitismo más directo, ¿no está amparado por la legislación, lo mismo que si defendiera los valores antagónicos? Las preguntas son puramente retóricas. La respuesta es, en ambos casos, sí.

La legislación que protege la libertad de expresión existe para velar por el derecho de quienes opinan al margen de los valores dominantes o consensuados. Son la garantía de que nadie nos va a imponer un dogma, ya sea religioso, moral, sanitario, económico, filosófico ni de especie alguna, o más importante aún, son la garantía de que los dogmas dominantes, hegemónicos o consensuados están también sometidos al escrutinio de la ciudadanía. De modo que no se trata tan sólo del derecho de los artistas a hacer como que fuman en escena cuando el texto representado así lo reclame. Se trata del derecho de todos a predicar el credo ascético (la longevidad a cualquier precio) tanto como el hedonista (el placer a cualquier precio) o cualquier otro que suponga una graduación o combinación de estos u otros extremos.

No está de más recordar, de paso, que muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por esta legislación despótica, guardaron silencio cuando se les impuso la obligatoriedad de contratar con el sistema financiero o cuando se les privó de la libertad de elegir mutualista. Así las cosas, no es sobreabundante recordar la advertencia artiguista de que "la cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo".