Opinión | El debate sobre las condicionalidades: la solidaridad no es una renta

Escribe Gerardo Sotelo

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Gerardo Sotelo

Es diputado por el Partido Independiente y fue presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Con más de treinta años de trabajo como periodista, fue conductor e informativista de radio y televisión.

El gobierno resolvió que, en la nueva asignación para la infancia, la asistencia educativa y los controles de salud condicionen apenas el 20% del dinero; el 80% restante se cobrará aunque esas obligaciones no se cumplan. Se afirma que no hay evidencia de que las condicionalidades mejoren los resultados. A propósito del mismo asunto, el director de la OPP, Rodrigo Arim, declarado “enemigo acérrimo” de las condicionalidades, comparó a los beneficiarios con su familia: a él, dijo, nadie le exige mostrar el carné de su hija. Hubo argumentos peores, pero analicemos este.

La asignación monetaria a familias en condición de vulnerabilidad amerita al menos dos abordajes: uno práctico o de eficacia (qué modalidad funciona mejor), y otro moral (qué es lo que permite disponer del dinero de unos para asistir a otros).  En ambos, los argumentos del oficialismo han sido pobres o falaces.

Empecemos por la eficacia.

Retirar toda la asignación a una familia cuyo hijo abandonó la escuela puede agravar su vulnerabilidad. Pero de allí no se concluye que las condiciones sean inútiles, sino que la consecuencia debe ser gradual y orientarse a la revinculación. Un metaanálisis publicado este año en una revista del grupo Nature y difundido en X por @PhDenLogica concluyó que las transferencias condicionadas fueron más eficaces para mejorar el desarrollo infantil al promover mayor asistencia a controles médicos y atención preventiva. De modo que no puede sostenerse que no exista evidencia favorable a las condicionalidades, aunque el debate empírico no esté cerrado.

La aversión a las condicionalidades desconoce también tres principios de toda asignación monetaria, que son los del propio dinero: su origen, su costo y la responsabilidad que supone. Todo dinero procede del trabajo, el ahorro, el capital o la deuda; lo destinado a un fin deja de estar disponible para otro; y cuanto más se separa de su finalidad y de la posibilidad de perderlo, menor suele ser el cuidado con que se administra. Desde esta perspectiva, tampoco parece prudente separar la prestación de su finalidad, su seguimiento y las consecuencias de su incumplimiento.

Toda persona tiene derecho a ser asistida cuando lo necesita. Pero nadie adquiere el derecho a vivir indefinidamente del trabajo ajeno. En su fundamentación, Arim omite que nadie le pide el carné de su hija porque no recibe una asignación pública para financiar su educación. Comparar ambas situaciones borra el hecho moral decisivo: cuando la comunidad entrega dinero con una finalidad determinada, puede exigir conductas razonablemente vinculadas con ella.

El Estado social de derecho no debe dejar a nadie por el camino. Esa es su primera ley moral: una sociedad justa no abandona a quienes, por causas que no eligieron, han quedado sin medios para vivir. La segunda es la reciprocidad: quien alcanzó autonomía gracias al amparo de la comunidad debe quedar dispuesto, cuando pueda, a hacer por otros lo que la comunidad hizo por él.

Por eso, cada asignación debería contener una ruta de salida: cuidados, educación, capacitación, empleo, seguimiento y reducción gradual de la prestación. Cuando se rechazan las condiciones o se las reduce de forma significativa, cabe sospechar que no se pretende superar la pobreza, sino financiarla.

Reducir la dignidad humana a su dimensión material supone quitarle lo más significativo de la existencia y del vínculo comunitario. La dignidad pertenece por igual a toda persona y una buena política pública debe ampliar la capacidad de gobernar la propia vida, elegir un proyecto y ser corresponsable de las necesidades de la comunidad. Cuando las condicionalidades se reducen drásticamente, aumenta el riesgo de consolidar la dependencia, asoma el clientelismo (la utilización política de la pobreza) y se desvanece el camino hacia la autonomía y el ejercicio pleno de la dignidad.