Opinión | El ajuste también se cocina en casa: suben el supergás y el gasoil

Desde el 1º de setiembre, el gasoil vuelve a subir: más de $2 por litro. El supergas también, $100 más por garrafa. Con esta decisión, el gobierno traslada nuevamente el peso del ajuste a quienes menos margen tienen: la producción nacional, el transporte, los hogares que dependen del supergas.

En apariencia, se trata de un simple reordenamiento de tarifas. Pero en los hechos, es un gesto con destinatarios claros: una nueva transferencia de costos hacia los sectores productivos y los más pobres, en favor de una agenda recaudatoria con rostro de “ajuste técnico”. No lo es. Es una decisión política. Y como tal, tiene consecuencias.

El caso del gasoil es elocuente. Subir $2,06 por litro puede parecer poco a escala individual. Pero cuando se lo multiplica por los 1.095 millones de litros que se venden anualmente en Uruguay, se transforma en más de $2.250 millones de pesos adicionales para las arcas del Estado. Esa recaudación no surge del aire: la pagan los productores rurales, los camioneros, las pequeñas industrias, las empresas de transporte, los pescadores artesanales. Lo paga, en definitiva, la base que sostiene la economía real del país.

Porque el gasoil no es un lujo ni un consumo suntuario: es una herramienta de trabajo, un costo fijo que incide directamente en los precios internos y en la competitividad de nuestras exportaciones. Cada litro más caro encarece la logística, reduce márgenes y nos aleja de poder competir en igualdad de condiciones con países que subsidian la producción o protegen su industria. En rubros como el arroz o el transporte forestal, ese margen hace la diferencia. En este contexto, subir el gasoil no es neutro: es recesivo.

En paralelo, el gobierno decidió reinstalar el precio anterior de la garrafa de supergás, llevándola nuevamente a $1.150. Hace apenas dos meses, esa misma garrafa había bajado a $1.050 como gesto de alivio para los sectores populares. Lo que en junio se presentó como un alivio, hoy se revierte en silencio. Un ida y vuelta que no responde a la realidad del mercado, sino a las necesidades de caja. El resultado es un aumento real del 9,5% en apenas 60 días.

¿El precio internacional del gas subió un 10% en ese plazo? Difícil de sostener. No hay justificación técnica que lo respalde. Hay, sí, una lógica fiscalista: recaudar más, aunque sea sobre el consumo básico de los hogares más pobres.

Y el supergas no es anecdótico. En miles de hogares sin acceso a red de gas o con sistemas eléctricos precarios, la garrafa es esencial para cocinar, para calentar agua, para vivir. Una familia que usa dos garrafas al mes verá un aumento de $200 mensuales, que pesan mucho en el presupuesto familiar.

Con una estimación conservadora de 10 millones de garrafas vendidas al año, esta medida le reportará al Estado unos $1.000 millones de pesos adicionales. Una recaudación que sale del bolsillo de quienes cocinan con garrafa porque no tienen otra opción.

En conjunto, las subas del gasoil y el supergas podrían significar más de $3.200 millones de pesos extra por año para el Estado. Pero con un costo social evidente: se castiga a quienes producen, a quienes trabajan y a quienes no tienen alternativa.

No se puede hablar de reactivación productiva y al mismo tiempo encarecer el combustible que la mueve.

Y eso no es un problema técnico. Es una elección política.