Opinión | El Estado no debía pedir más papeles: la ley existe, pero la burocracia sigue

En el año 2022, como senador de la República, presente una ley de simplificación de los trámites con el Estado, fruto de un trabajo de varios técnicos de la Unión Cívica y varias legislaturas para mejora de la relación Estado-Ciudadanos. Tuvimos la posibilidad de plantearlo de forma directa al presidente Luis Lacalle para llevar adelante esa iniciativa y él reaccionó positivamente sacando un decreto y su reglamentación.

A más de un año de la entrada en vigencia del Decreto 353/023, Uruguay cuenta con una de las herramientas normativas más claras para simplificar la relación entre el ciudadano y el Estado. El principio es contundente: ningún organismo público puede exigir documentos que ya estén en poder de la propia Administración. Sin embargo, en la práctica, ese cambio aún no se refleja plenamente en la vida cotidiana.

El decreto, publicado en IMPO, buscó corregir una de las distorsiones más arraigadas del sistema administrativo: convertir al ciudadano en gestor de información que el propio Estado ya posee. La norma apunta a la interoperabilidad, la digitalización y la eliminación de trámites redundantes. Es, en esencia, un cambio de paradigma.  

Pero la implementación revela una realidad más compleja. Trámites ante organismos como el Banco de Previsión Social, el Ministerio del Interior o dependencias públicas continúan requiriendo certificados, constancias o documentación que debería ser obtenida directamente por el propio Estado. En muchos casos, lo que se observa no es una eliminación de requisitos, sino una simple digitalización del papel.

Esto pone en evidencia un problema estructural: no alcanza con aprobar normas si no existen mecanismos efectivos de control y seguimiento. El decreto asigna un rol central a Agesic como organismo encargado de impulsar la interoperabilidad y monitorear la implementación. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido informes públicos consolidados que permitan evaluar con claridad el grado de cumplimiento en cada organismo.

La ausencia de métricas visibles, auditorías sistemáticas o rankings de cumplimiento dificulta identificar avances reales y, sobre todo, detectar incumplimientos. En ese contexto, la carga vuelve a recaer —como tantas veces— en el ciudadano, que debe enfrentar procesos que la normativa ya había previsto eliminar.

Algunos organismos han mostrado avances concretos, incorporando mecanismos de intercambio de información y simplificando procedimientos. Pero esos casos conviven con otros donde persisten prácticas tradicionales, lo que genera una aplicación desigual de la norma y, en definitiva, una experiencia fragmentada para la población.

El desafío de fondo no es tecnológico, sino cultural e institucional. Uruguay cuenta con capacidades técnicas desarrolladas y plataformas que permiten la interoperabilidad. Lo que falta es consolidar una lógica de funcionamiento en la que el Estado actúe como un sistema integrado y no como una suma de compartimentos estancos.

La simplificación administrativa no es un tema menor. Impacta directamente en la competitividad, en la eficiencia del sector público y en la calidad de vida de las personas. Cada trámite innecesario implica tiempo perdido, costos evitables y una señal negativa sobre el funcionamiento del Estado.

El Decreto 353/023 representa un avance significativo en términos normativos. Pero su verdadero valor depende de su aplicación efectiva. Hoy, la brecha entre lo que la norma establece y lo que ocurre en la práctica sigue siendo evidente.

Cerrar esa brecha no requiere nuevas leyes, sino cumplir las existentes. Porque cuando el Estado le pide al ciudadano un documento que ya tiene, no solo incumple una norma: también pierde una oportunidad de ser más eficiente, más moderno y más justo.

¡Como ciudadanos debemos exigir que se cumpla con el decreto vigente! Los funcionarios públicos y oficinas del Estado que incumplen, ¿qué sanciones tienen?