La teoría económica del derrame establece, en términos simples, que los sectores más privilegiados de la sociedad deben crecer primero para después derramar sobre el resto.
El Presidente fue claro: su estrategia es apoyar a los malla oro para que luego estos derramen en el resto de la sociedad. Se puede observar que la primera parte de la proposición se cumple, pero la segunda no solo no se cumple, sino que se invierte: la sociedad derrama a los malla oro.
En esta columna demostraré cómo el plan de gobierno es transferir recursos de los ciudadanos a los “malla oro”, generando disminución del poder de compra de las y los trabajadores y jubilados y pauperización de los servicios públicos más utilizados por nuestros compatriotas.
Salarios e impuestos
Nuestra economía vive un impulso importante a causa de factores externos e internos. Vale aclarar que ninguno fue generado por el actual gobierno. Los elementos más importantes son: por un lado, el aumento del valor de las exportaciones, producto de precios récord de nuestros commodities y, por otro, la inversión combinada más grande de la historia de nuestro país (UPM y Ferrocarril Central). Los datos de exportaciones son contundentes: en 2021, las exportaciones se encontraban un 26% por encima del nivel de 2019, alcanzando los USD 11.549 millones. Ni que hablar los números del volumen de inversión, las dos obras mencionadas suman 5.000 millones de dólares. No hay registro en la historia de un monto tan elevado. (Solo hablamos de dos obras.) Se acuerdan cuando gobernaba el Frente Amplio y el actual oficialismo repetía la expresión “viento de cola”. Bueno, hoy el país vive un verdadero huracán de cola.
Producto de este “ciclón”, el gobierno estimó que la economía crecerá aproximadamente un 8% en todo el quinquenio. Pero, ¡adivinen cuánto crecerán los salarios! 0%. Esa es la magnitud del derrame.
En este contexto, observamos cómo los ingresos de las familias se vienen deteriorando en los últimos dos años. Más del 90% de nuestra población recibe ingresos a través de salarios y jubilaciones. Los salarios bajaron aproximadamente un 4% con relación a 2019 y, como consecuencia de ello, las jubilaciones también, por estar atadas a la evolución de los salarios. Por tanto, la mayoría de las familias uruguayas han sufrido una disminución de su poder de compra.
La excusa del gobierno es la pandemia. El argumento es que todos fuimos afectados de igual manera y por lo tanto la caída de los salarios es consecuencia de la crisis. Los datos contradicen dicho relato, no se puede explicar cómo en plena pandemia entre 2020 y 2021 los ahorros de los sectores más privilegiados aumentaron 9.000 millones de dólares y los ingresos de la familias disminuyeron de tal manera que hay 66 mil compatriotas más en la pobreza que en el 2019.
Otro dato significativo es la evolución de la masa salarial con relación al PIB, en términos sencillos es cómo crecieron los salarios y el empleo en relación al crecimiento de la economía. En el 2021, mientras la economía creció 4,5 % la masa salarial solo 1,5 % (1), esto representa que los trabajadores perdieron 800 millones de dólares por la distribución inequitativa del crecimiento económico del 2021.
Ahora bien, ¿se puede decir que el gobierno no pudo hacer nada o, en el peor de los casos, que esta situación fue resultado de las fuerzas del capitalismo? No. El gobierno ayudó a ese empeoramiento, por ejemplo, a través de la suba de impuestos y los combustibles.
Vamos a los impuestos: a través de modificaciones impositivas del IRPF, IASS, IVA e Impuesto Covid el gobierno recaudó 110 millones de dólares entre 2020 y 2021, afectando directamente a trabajadores y jubilados.
A su vez, el aumento de los combustibles impacta directamente en los precios de los productos de la canasta básica. Las naftas pasaron de $55 en el 2020 a casi $81 en la actualidad, lo cual representa un aumento de 47,2% en lo que va del período de gobierno. El gasoil pasó de $40 en el 2020 a $65, lo que implica un crecimiento de 61%. Similar evolución tuvieron los combustibles demandados por los sectores más vulnerables, el queroseno se incrementó un 55% y el supergás 35%.
La disminución del poder de compra de las familias tiene como corolario el impacto sobre los comerciantes pequeños y medianos de nuestro país, que sufrieron un descenso en sus ventas de aproximadamente un 9%, según la consultora Scanntech (2).
Precarización del Trabajo
En el 2021, ha crecido el empleo con relación al 2020. Se crearon 53 mil puestos de trabajo. Eso es una realidad, pero el trabajo es más precario y peor pago. Hay datos contundentes que determinan eso: hay más trabajadores pobres, hay más trabajadores dispuestos a trabajar por menos de un sueldo mínimo y los salarios decrecieron.
A modo de ejemplo, el subempleo se encuentra un punto por encima de lo que era en 2019 (10,5% vs 9,6%). Hablamos de personas que necesitan trabajar más horas y no encuentran. Lo mismo ocurre con la proporción de ocupados por debajo de la línea de pobreza (6,8% vs 5,6%). Es decir, hay más trabajadores pobres que en el 2019 y hay más de asalariados privados que tienen un sueldo inferior al Salario Mínimo (9,5% vs 8%)
Una muestra importante de esto último es la cantidad de gente que se anotó para los jornales solidarios. Se anotaron 160 mil personas para 10 mil cupos con un sueldo de 12.500 pesos. Dicha cifra supera el desempleo que, según INE, son 136 mil personas a nivel nacional. Por lo tanto, hay 30 mil asalariados que posiblemente se encuentren trabajando por menos de 12.500 pesos. Tal es así que, en 16 departamentos, hay más inscriptos que desempleados. Por ejemplo, en Cerro Largo son 7 veces más la cantidad de inscriptos que desempleados, o 3 veces más que en el caso de Florida.
Todo esto tiene un impacto en el bienestar de las familias. De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza en 2020, 66.000 permanecen en esa condición. Los niños y adolescentes siguen siendo los más afectados, la pobreza alcanza al 18,7% de las personas menores de 12 años y al 19,4% de las personas entre 12 y 17 años. A raíz de estos datos, parecería que, en primer lugar, las ayudas y recursos destinados a los hogares vulnerables con niños menores de 4 años han sido completamente insuficientes. En segundo lugar, queda claro que no alcanza solo con aumentar los recursos en primera infancia, sino que para revertir las situaciones de vulnerabilidad se deben también destinar más recursos a los niños entre 6 y 12 años y a los adolescentes, que hoy presentan tasas mayores de pobreza.
Al mirar a lo largo de la distribución del ingreso, se observa claramente que los hogares ubicados en los primeros deciles sufrieron en mayor medida. A modo de ejemplo, el promedio del ingreso de un hogar perteneciente al primer decil es 14% menor en 2021 en comparación con el 2019. En cambio, para los hogares ubicados en el décimo decil, la caída es de 5%.
Pauperización de Servicios Públicos
Los economistas establecen que los servicios públicos son ingresos indirectos para la población, en especial, los que se brindan de manera individualizada como la salud y la educación. Por lo tanto, brindar servicios públicos de calidad y con amplia cobertura impactan directamente en el bienestar de nuestros compatriotas.
El pasado 30 de junio, el gobierno presentó la Rendición de Cuentas de 2021. Recordemos que la Rendición de Cuentas es una ley que da cuentas de lo gastado en el año y lo que se percibe como ingresos para las arcas públicas. También puede establecer un incremento de gasto para los distintos servicios públicos del estado: salud, educación, seguridad, vivienda, etc.
Lo que nos muestra la rendición 2021 es un recorte acumulado desde el 2019 para educación y salud de 180 millones de dólares aproximadamente. Si bien hay un aumento del gasto para el 2022 y 2023, los mismos no compensan los recortes acumulados del 2020 y 2021.
Ahora bien, ¿qué significa esto en términos concretos? Que los hospitales públicos carecen de medicamentos porque el presupuesto se redujo aproximadamente un 30%. Que gurises de liceos y UTU van a estar en salones con 45 o 50 chiquilines, en vez de 30. Tampoco se van a poder mejorar las condiciones de las viviendas de las familias más vulnerables. Recordemos que los asentamientos en nuestro país aumentaron en el 2021 con relación a 2019, pasando de 616 en el 2019, a 621 en el 2021, según el pedido de acceso a información pública realizado por la ong Miles de Ciudades.
A su vez, la inversión pública en infraestructura ha caído fuertemente. Según nuestro presidente, hubo récord en esta materia. En eso coincidimos, hubo récord pero a la baja. En estos dos años, 2020 y 2021 se invirtieron 3.600 millones de dólares (3) en comparación con los mismos años del quinquenio anterior. Es decir, en 2015 y 2016 se invirtieron 4.800 millones de dólares (4), un descenso del 25% en la inversión pública.
En pocas palabras, se pauperiza fuertemente la calidad de los servicios públicos que la gran mayoría de nuestros ciudadanos utilizan.
En definitiva, las familias uruguayas han sufrido un descenso de su poder de compra, se han precarizado sus condiciones laborales y se ha empeorado la calidad y la cobertura de los servicios públicos. En resumen, el gobierno hace exactamente lo contrario a una de las grandes premisas del artiguismo: “Que los más infelices sean los más privilegiados”.
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(1) https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2022/6/rebaja-salarial-y-empleo-los-trabajadores-perdieron-800-millones-de-dolares-en-un-ano/
(2) https://www.elobservador.com.uy/nota/consumo-en-comercios-minoristas-acentuo-su-declive-y-bajo-9-en-mayo--202261313311
(3) https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/exposici%C3%B3n%20de%20motivos%20RC2021.pdf
(4) https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/exposici%C3%B3n%20de%20motivos%20RC2021.pdf
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