Opinión | “Doctrina Benedetti” de la soberanía digital

Escribe Pablo Álvarez López

VER PERFIL DEL AUTOR

Pablo Álvarez López

Vicepresidente de Antel. Es Licenciado en Ciencia Políticas, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Actualmente cursa la maestría en Ciencia Política en la misma institución educativa. Cuenta con estudios sobre geopolítica e integración regional. Fue diputado por Montevideo, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (2010-2015), coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2015-2018) y coordinador de la Comisión Sectorial de Población y Desarrollo (2015-2020). Entre 2020 y 2025, fue asesor legislativo, así como investigador en la organización Mujer y Salud en Uruguay y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

“Uno no siempre hace lo que quiere,
pero tiene el derecho de no hacer
lo que no quiere.”

En política internacional (y no solo) se suele llamar doctrina a algo bastante más modesto de lo que suena, no una ley ni un mandamiento, sino un principio general que orienta nuestras decisiones cuando la realidad nos empuja en direcciones distintas. Sirve para saber hacia dónde caminar en momentos de confusión.

Y confusión, hoy, no falta. La soberanía, y particularmente la soberanía digital, corre el riesgo de convertirse en una de esas palabras que de tanto usarse terminan sin decir nada, ya sea tecnológica, energética, alimentaria, sanitaria o de datos. Cuando una palabra quiere explicarlo todo, termina explicando nada. Por eso conviene precisar de qué hablamos.

Ahí nos ayuda Mario Benedetti, que en Hombre preso que mira a su hijo escribió los versos que abren esta columna. Probablemente sin pretenderlo, ahí hay una buena doctrina de soberanía para un país como Uruguay. Podríamos llamarla la Doctrina Benedetti.

No consiste en imaginar que podemos hacer todo lo que queremos, eso sería confundir soberanía con fantasía. Ser soberano sobre un territorio, por ejemplo, nunca significó levantar un muro que nos aísle, sino decidir qué cruza la frontera y en qué condiciones, sin perder el control de lo que ocurre adentro. La soberanía reconoce dependencias, pero asume que deja de existir cuando se eliminan las alternativas. Por lo tanto, se trata de construir capacidades (materiales, institucionales y políticas) para que, llegado el momento, podamos negarnos a hacer aquello que no queremos. Con la soberanía digital pasa algo parecido: no se trata de desconectarnos del mundo ni de pretender la autosuficiencia, sino de no perder el control y la capacidad de tomar decisiones.

Hoy, una parte creciente de la infraestructura digital, la nube, las plataformas, los datos, el cómputo, los semiconductores, los modelos de inteligencia artificial, está concentrada en un puñado muy pequeño de empresas privadas globales, con más recursos que la mayoría de los Estados. Y quien controla una infraestructura indispensable no necesita gobernar un país, le alcanza con definir los márgenes de alternativas posibles. Su poder no está en obligar, sino en condicionar las posibilidades.

Así, el mayor desafío a la soberanía llega desde el sector privado, por eso se vuelve a colocar, en el mundo entero, al Estado en el centro. Pero no se trata de pedir “más Estado”, hace falta uno con capacidades técnicas e instituciones sólidas, que trabaje con empresas, universidades y trabajadores sin volverse transmisor de intereses particulares. Sin olvidar nunca que no flota en la neutralidad, sino que existe atravesado por relaciones de poder. Por lo cual, no es cuestión solo de capacidades sino para qué se utilizan y quiénes influyen en esas decisiones.

Y ahí la frase de Benedetti adquiere sentido político: la soberanía no consiste en disponer de tecnologías o infraestructuras, sino en conservar suficientes capacidades propias para que sigan existiendo varias decisiones posibles. Y, sobre todo, para que una de esas decisiones pueda ser decir que no.

Un ejemplo ayuda a bajar esto a tierra. Las nubes globales ya ofrecen sovereign cloud, soberanía como servicio, con garantías sobre localización y control de los datos. Pero una garantía contractual no es soberanía política, la infraestructura puede seguir dependiendo de una empresa extranjera y de la legislación de su país de origen. Contratar una capacidad no es lo mismo que disponer de ella.

¿Y qué deberíamos proteger? No hay, ni debería haber, una lista cerrada. Es una decisión política: lo que la sociedad uruguaya entienda que debe protegerse y procesarse con capacidad nacional.

Y ahí Uruguay tiene una ventaja que muchas veces naturalizamos. Mientras buena parte de América Latina privatizó sus infraestructuras en los noventa, Uruguay mantuvo capacidades públicas en telecomunicaciones y energía. Antel y UTE son, por eso, más que proveedoras de servicios, son capacidades que el país conserva, no porque vayamos a competir con los gigantes tecnológicos —sería una pelea tan breve como despareja—, sino para que nuestra política tecnológica no termine reducida a preguntarles qué nos permiten hacer.

Entonces, Uruguay no necesita controlar todas las tecnologías ni producir todo lo que consume. Necesita algo más realista y exigente: conservar las capacidades necesarias para mantener abiertas alternativas colectivas y evitar los puntos de no retorno, esas decisiones que, tomadas una vez, eliminan todas las siguientes.

Pero conservar esas opciones tampoco alcanza si no pueden volverse decisiones democráticas. Una democracia puede mantener sus formas y seguir perdiendo capacidad real de decidir, si lo de fondo ya fue resuelto por un mercado, una plataforma o un algoritmo que nadie en el país puede modificar.

Vuelvo, entonces, a Benedetti. La soberanía empieza menos en la fantasía de poder hacerlo todo y más en algo concreto, en conservar la capacidad de elegir. Y, para cuando haga falta, en conservar la capacidad de decir que no. Tal vez, después de todo, la política haya nacido ahí, la primera vez que alguien se animó a decir no.