En estos días se ha presentado al Poder Ejecutivo el documento final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que sistematiza casi un año de trabajo en cuatro ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas en su etapa activa y jubilaciones y pensiones. Las orientaciones contenidas en el capítulo 4 son ambiciosas en su escala y coherentes con un diagnóstico que no admite discusión: la pobreza se concentra en los hogares con niñas, niños y adolescentes, los cuidados continúan recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres, las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales y el envejecimiento poblacional tensiona la sostenibilidad del sistema.

Sobre ese diagnóstico, el documento propone unificar en un sistema único las cinco prestaciones dirigidas a la infancia que hoy operan dispersas (Asignaciones Familiares, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza, Bienvenido Bebé), elevar los montos tomando como referencia la Canasta Básica Alimentaria, ampliar la licencia parental hasta los nueve meses, crear un seguro por cese de actividad para trabajadores independientes y establecer un piso mínimo de bienestar universal. A ello se suma el desafío más exigente desde el punto de vista fiscal: pasar el financiamiento público de los cuidados de larga duración de menos del 0,1% a cerca de 1% del PBI, diez veces más, según la propia estimación del documento.

Lamentablemente, sobre cómo se financian todas estas reformas, el documento no tiene respuesta y, lo que es más grave, tampoco la busca. El texto reconoce expresamente que no se logró acordar una hoja de financiamiento y se limita a registrar las posiciones divergentes de los actores en notas y recuadros sin proponer una salida común.

Aquí es donde cabe detenerse, porque la responsabilidad de cerrar un proceso de esta naturaleza con una propuesta consistente sobre el financiamiento no recae principalmente sobre los actores sociales, sino sobre quien convocó el Diálogo Social, presidió la Comisión Ejecutiva y conduce desde el Poder Ejecutivo la política económica y social del país. El gobierno tiene representación directa en la Comisión Ejecutiva a través de OPP, BPS, MEF, Mides, MSP y MTSS, y dispone además de todo el aparato técnico del Estado para producir estimaciones, escenarios y opciones tributarias. Si el documento que el Diálogo Social, liderado por el gobierno, le entrega al propio gobierno no contiene financiamiento, no es porque los actores no se hayan puesto de acuerdo, sino porque el convocante optó por no poner sobre la mesa una propuesta y no liderar la discusión que él mismo abrió.

A esta primera omisión política se suma una omisión técnica de enorme relevancia y que la agrava: el documento prácticamente no contiene estimaciones de costo. Sabemos cuánto se invierte hoy, pero no sabemos cuánto costaría implementar lo propuesto. No están costeadas la unificación y el aumento de las transferencias, no está costeada la duplicación de centros de tiempo completo a 2029, no está costeada la extensión de la licencia parental, no está costeado el seguro por cese de actividad y no está costeado el piso mínimo de bienestar.

Aquí no caben atenuantes: producir esas estimaciones es exactamente lo que el Poder Ejecutivo puede hacer, lo que ningún otro actor está en condiciones de hacer con la misma información, y lo que un gobierno responsable debería haber puesto sobre la mesa antes de cerrar el proceso. No hacerlo no es prudencia metodológica, es desplazamiento de responsabilidad.

Es cierto que un documento de “orientaciones” no tiene por qué resolver toda la ingeniería fiscal de las reformas que propone, pero no es menos cierto que el gobierno no convoca a un diálogo social de un año de duración, con apoyos técnicos y cobertura institucional plena, para entregarse a sí mismo un documento sin números y sin financiamiento. La gradualidad invocada como criterio de implementación, lejos de resolver el problema, lo encubre: gradualidad sin costos estimados ni financiamiento definido es postergación indefinida, y postergación indefinida es la forma más eficaz que tiene cualquier gobierno de archivar acuerdos sin pagar el costo político hacerlo. El riesgo es que las propuestas más ambiciosas queden congeladas a la espera de un escenario fiscal que nadie se compromete a construir.

El propio documento asigna a la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social el rol de traducir las propuestas en instrumentos concretos. En ese marco, le corresponde al Poder Ejecutivo —no a los actores sociales, no a los partidos políticos, no a los gobiernos que vendrán— producir y publicar, antes de la próxima Rendición de Cuentas, el costeo de cada propuesta, las opciones de financiamiento disponibles y sus efectos distributivos sobre los sectores sociales y generaciones. La ciudadanía tiene derecho a un debate fiscal honesto y con números a la vista sobre la pregunta más postergada de toda reforma de la protección social: quién la paga, cuándo la paga y con qué instrumento la paga. Sin esa respuesta, las orientaciones acordadas no son una agenda de reformas para este gobierno: son una factura impaga que se le entrega a la próxima generación.