Opinión | Democracia y desarrollo: respuestas integrales para nuevos desafíos

Escribe Stefano Pettinato

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Por Stefano Pettinato*

Entre las regiones en desarrollo del mundo, América Latina y el Caribe es la región más democrática. Sin embargo, esa realidad convive con crecientes señales de insatisfacción y desconfianza ciudadana. En mayo, el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD lanzado en Montevideo, advertía precisamente sobre esa tensión: democracias que perduran, pero cuya capacidad de representar, procesar conflictos y generar resultados concretos para las personas está bajo presión.

Los nuevos datos de Latinobarómetro 2026, publicados el pasado 2 de octubre, aportan una mirada actualizada confirmando ese escenario. El apoyo a la democracia se mantiene en el 52% a nivel regional. Uruguay continúa entre los países con mayor apoyo, con 64%, aunque registra una caída de seis puntos respecto de 2024. Al mismo tiempo, en América Latina apenas el 26% considera que el Estado ha hecho mucho o algo por las personas y el 73% responde que ha hecho poco o nada.

Estos patrones son un reflejo de uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias de la región: la capacidad de los Estados de responder a las expectativas y necesidades de la ciudadanía a través de procesos democráticos con políticas públicas que tengan resultados concretos para las personas.

Aunque las elecciones son una manifestación emblemática de la democracia, sabemos que el proceso democrático es un continuum en el tiempo y no se agota ahí. Una democracia madura hoy cuenta con instituciones capaces de representar intereses diversos, procesar diferencias y responder a varias necesidades. Para la fortaleza y popularidad de una democracia, la solidez de sus instituciones son una condición necesaria pero no suficiente, al necesitarse resultados que amplíen oportunidades, fomenten la equidad y eleven el bienestar de la ciudadanía.

Al centro del mencionado Informe del PNUD está la relación triangular entre la democracia, el desarrollo humano y el Estado. Cuando se refuerzan mutuamente, se amplían libertades y oportunidades; cuando se debilita ese vínculo, aumentan la frustración ciudadana y las dificultades para construir acuerdos en un círculo vicioso. En suma, no puede haber desarrollo sostenible sin democracia, ni democracia efectiva sin un Estado capaz.

Uruguay cuenta con una trayectoria de solidez institucional y partidos políticos con un papel relevante en la representación. Pero estas fortalezas conviven con desafíos que requieren respuestas sostenidas: la persistencia de desigualdades, las brechas en la participación política de las mujeres, señales de agudización de la inseguridad y algunos efectos adversos de las transformaciones tecnológicas y ambientales.

Información confiable para una democracia saludable

La proliferación en el uso de las plataformas digitales ha ampliado las posibilidades de expresión, acceso a la información y participación, pero también han transformado el debate público. La información circula a una velocidad sin precedentes, mientras los contenidos falsos o manipulados pueden amplificarse y dificultar la construcción de una base compartida de hechos confiables.

Estas tendencias están en sintonía con una de las presiones emergentes identificadas por el Informe del PNUD: la transformación del ecosistema informativo. La desinformación y la aceleración tecnológica interactúan con debilidades preexistentes de representación y confianza, poniendo a prueba la capacidad de las democracias para sostener una deliberación pública informada.

La polarización constituye otro desafío para las democracias de América Latina y el Caribe. Las diferencias políticas son inherentes a una sociedad plural, pero cuando se profundizan las divisiones y se debilita el reconocimiento de otras perspectivas, resulta más difícil sostener el diálogo y construir acuerdos.

Las propias dinámicas de las plataformas digitales pueden favorecer la circulación y amplificación de contenidos más polarizantes. En una región que enfrenta demandas sociales crecientes y problemas que trascienden los ciclos electorales, preservar espacios de deliberación es fundamental para encontrar respuestas compartidas.

Frente a estos desafíos, la alfabetización mediática y digital, el periodismo independiente y la transparencia de las plataformas contribuyen a preservar un debate público informado. El objetivo no es eliminar el desacuerdo, indispensable en democracia, sino garantizar las condiciones para que pueda expresarse libremente y sobre una base compartida de hechos.

Una atención especial requiere las niñas, niños y adolescentes, para quienes los entornos digitales y la inteligencia artificial abren oportunidades, pero también plantean riesgos y desafíos para el ejercicio de sus derechos y su futura participación ciudadana. En Uruguay, el PNUD acompaña la Consulta Pública, impulsada por el Parlamento y otros actores nacionales para generar evidencia e incorporar distintas voces en la construcción de posibles respuestas públicas.

Igualdad de oportunidades y representación

La calidad de la democracia también depende de quiénes participan y cuánto pueden incidir en las decisiones. Uruguay registra avances en desarrollo humano, pero persisten desigualdades que condicionan las oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos.

La representación política de las mujeres es un ejemplo. Según datos de la Unión Interparlamentaria, en la actual legislatura ocupan el 30% de las bancas de la Cámara de Representantes y el 26% del Senado uruguayo. Estas cifras reflejan una brecha respecto de la representación paritaria. Como señaló la directora regional del PNUD, Michelle Muschett, durante su visita a Uruguay, el país combina niveles elevados de desarrollo humano y educación con desafíos pendientes en la participación política femenina. Ampliar su presencia e incidencia en los espacios de decisión forma parte de una agenda más amplia de igualdad de oportunidades.

En esta línea, la reciente publicación del PNUD Democracia, desarrollo e igualdad en América Latina y el Caribe destaca el papel decisivo de los marcos normativos en los avances de la representación política de las mujeres en la región, cuya presencia en los parlamentos se triplicó desde 1990. Sin embargo, advierte que el acceso a los espacios de decisión no garantiza por sí solo el ejercicio efectivo del poder. Para avanzar en ese sentido, es necesario seguir fortaleciendo los marcos normativos, garantizar su aplicación efectiva y superar las barreras institucionales y culturales que todavía limitan la capacidad de incidencia de las mujeres.

También merecen especial atención las desigualdades económicas, sociales y territoriales, junto con la pobreza infantil y adolescente: las oportunidades disponibles desde los primeros años condicionan las trayectorias educativas, laborales y de participación futura. Reducir estas brechas es una cuestión de desarrollo humano y de igualdad en el ejercicio de la ciudadanía.

La agenda climática como desafío democrático

Las sequías, inundaciones y otros eventos extremos afectan la producción, los servicios, los ingresos y la vida cotidiana. Sin embargo, sus consecuencias son muy desiguales al afectar desproporcionadamente a quienes disponen de menos recursos, que suelen tener menos herramientas para anticipar los riesgos, adaptarse y recuperarse.

El Informe recuerda como la triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación— exige respuestas que integren las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo, con decisiones cuyos beneficios pueden trascender los ciclos políticos. Esta interdependencia estará también en el centro del próximo Informe global sobre Desarrollo Humano 2026 del PNUD que se presentará en diciembre y abordará la relación entre el bienestar de las personas y las transformaciones de los sistemas planetarios.

En Uruguay, la segunda Encuesta Nacional de Percepción Social sobre el Cambio Climático, presentada el pasado 17 de setiembre, muestra que el 61% de la población se declara muy o bastante preocupada por el tema y dos de cada tres personas consideran que el país ya está sintiendo sus consecuencias negativas. Escuchar cómo las personas perciben y experimentan estos cambios es también una forma de fortalecer la política climática y diseñar respuestas centradas en sus necesidades.

Uruguay tiene ante sí el desafío de sostener una agenda climática que articule adaptación, transformación productiva, protección de los recursos naturales y bienestar. La gestión del agua, la transición energética y la producción sostenible requieren conocimiento, inversión, coordinación institucional y participación de las comunidades.

Estas decisiones también implican distribuir costos, beneficios y oportunidades. Por eso, la transición debe incorporar criterios de equidad y políticas que acompañen a los sectores y territorios más expuestos, mediante acuerdos duraderos.

Renovar la democracia para ampliar el desarrollo

Estas agendas —información, igualdad y sostenibilidad— comparten una característica: ninguna puede abordarse de manera aislada. Requieren capacidades estatales, evidencia, cooperación y espacios de diálogo entre niveles de gobierno, partidos políticos, academia, sector privado y sociedad civil.

De manera similar, muchos retos cruzan fronteras y requieren cooperación entre países. Esta necesidad de respuestas colectivas resonó también en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, donde numerosos líderes y lideresas reafirmaron la importancia del multilateralismo frente a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

Uruguay dispone de una trayectoria democrática sobre la cual construir, habiendo introducido en las últimas décadas políticas de Estado transformadoras que han marcado generaciones. El desafío es proyectar esa vocación para introducir transformaciones hacia el futuro. Entre ellas, ampliar la matriz productiva generando empleos de calidad, habilitar una transición digital que abra oportunidades y respete derechos, asegurar que las mujeres participen en igualdad de condiciones, promover una transición ambiental justa e incluir todos los territorios en ese camino.

La democracia necesita instituciones sólidas, libertades y reglas compartidas. Su sostenibilidad también depende de la capacidad de convertir esas condiciones en oportunidades de desarrollo. Renovar los acuerdos y las herramientas para lograrlo es una tarea permanente y compartida.

* Stefano Pettinato es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay.