Opinión | Cuando el violento termina mandando en el fútbol

Escribe Pedro Jisdonian

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Pedro Jisdonian

Es abogado y diputado del Partido Nacional por la lista 404. Inició su militancia a los 16 años y desde 2015 integra la Cámara de Representantes, donde ha presidido comisiones como Deporte, Trabajo y la Reforma de la Seguridad Social. Actualmente preside la Comisión de Deporte y promueve un proyecto de ley para erradicar la violencia en el fútbol.

El fútbol uruguayo fue tomando durante años decisiones destinadas, supuestamente, a controlar a los violentos. Primero se separaron las hinchadas. Después aparecieron los pulmones en las tribunas. Más tarde se redujo el espacio para el público visitante. Finalmente llegamos a partidos clásicos disputados exclusivamente con hinchas del equipo local.

El resultado está a la vista. Los violentos siguen estando.

El clásico disputado el domingo en el Campeón del Siglo necesitó un operativo de 618 policías. No es una cifra menor. Participaron efectivos de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, la Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Aviación y otras dependencias. Los controles habían comenzado dos días antes.

Sin embargo, el partido terminó con enfrentamientos, policías lesionados y detenidos. No parece la descripción de un operativo exitoso.

Mucho menos cuando los propios policías de la Guardia Republicana denunciaron después “errores básicos”, calificaron el operativo de “tibio” y cuestionaron la orden de replegarse mientras estaban siendo apedreados.

Hay algo extraño cuando el Estado despliega cientos de policías, blindados, perros, tecnología y vigilancia durante varios días, pero son los policías quienes terminan denunciando que estuvieron expuestos frente a los violentos.

¿Para proteger a quién se organiza entonces semejante operativo? La pregunta no es retórica.

Durante las inspecciones apareció algo todavía más inquietante: un cuarto ciego construido dentro de la tribuna, lindera con un baño, donde había material prohibido.

No era un cuarto vacío descubierto por casualidad. Alguien construyó ese espacio y alguien colocó allí esos elementos. Hay, por lo menos, una acción deliberada que deberá ser investigada.

La gravedad del episodio llevó al propio Peñarol a anunciar una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o incluso directivos. Es una decisión necesaria, pero la investigación decisiva es otra: la que lleva adelante la Fiscalía.

Será la Justicia, y no el club, la que deberá establecer qué ocurrió, quién construyó ese cuarto ciego, quién introdujo allí el material prohibido y qué responsabilidades penales existen.

La investigación interna podrá explicar qué pasó puertas adentro de Peñarol. La Justicia deberá determinar si hubo delitos y quiénes los cometieron.

Mientras tanto, las preguntas siguen ahí.

¿Quién construyó esa cámara?; ¿para qué?; ¿quién sabía que existía?; ¿cómo pudo hacerse una obra de esas características dentro de un estadio sin que nadie lo advirtiera?; ¿y cómo pudo permanecer allí material prohibido después de los controles realizados antes del clásico?

No conocemos todavía esas respuestas. Pero hay algo que ya sabemos: un cuarto ciego no aparece por generación espontánea.

Esa cámara es, en todo caso, la consecuencia material de un problema mucho más antiguo: la progresiva cesión de espacios y autoridad frente a los violentos.

Durante demasiado tiempo aceptamos como “folclore del fútbol” cosas que nada tienen que ver con el folclore.

Cantar durante un partido recordando el asesinato de un hincha rival no es folclore. Arrojar botellas cuando ataca el adversario no es folclore. Tirar bombas de estruendo cerca de los propios jugadores tampoco lo es.

Mucho menos lo son los insultos racistas o antisemitas que también hemos escuchado en escenarios deportivos uruguayos.

El folclore es la camiseta, la rivalidad, la cargada, el barrio, una historia familiar que pasa de padres a hijos.

El folclore no consiste en matar, secuestrar, degradar ni amenazar. Eso tiene otro nombre. Se llama violencia.

Y resulta curioso que conductas que pueden determinar la interrupción de un partido, fuertes multas o severas sanciones en competencias internacionales sean toleradas durante largos minutos en nuestros escenarios como si constituyeran una inevitable expresión de la cultura futbolística.

No lo son. La mayoría de quienes concurren hoy a una cancha ni siquiera acompaña algunos de esos cantos. Los escucha. Y quizás ahí exista una señal mucho más importante de lo que parece. El hincha común está cansado.

Pero el fracaso más serio es otro: hemos ido modificando el fútbol para adaptarlo a los violentos en lugar de aplicar las reglas para expulsar a los violentos del fútbol.

Sacamos a los visitantes. Separamos tribunas. Creamos pulmones. Limitamos aforos. Jugamos clásicos con una sola hinchada.

Y mientras se escriben estas líneas apareció una nueva demostración de hasta dónde llegó el problema.

En el Estadio Charrúa, cuando Danubio perdía 2 a 0 frente a Montevideo City Torque por la Copa Uruguay, varios hinchas de Danubio invadieron la cancha sobre el final del partido para increpar y agredir a los jugadores de su propio equipo. Hubo empujones y golpes de puño.

Esta vez no había un clásico. No estaban Peñarol y Nacional frente a frente. Ni siquiera fueron dos hinchadas las que se enfrentaron. Eran hinchas contra los jugadores de su propio club.

¿Cuál será entonces la próxima medida? ¿Separar también a los hinchas de sus propios jugadores? La pregunta parece absurda. Los hechos empiezan a hacer que no lo sea tanto.

¿La solución será, finalmente, jugar sin público?

Sería una formidable paradoja: para solucionar el problema de unos pocos violentos terminaríamos castigando a decenas de miles de personas que jamás cometieron un delito.

Hay padres que empiezan a preguntarse si vale la pena llevar a sus hijos a una cancha. Cuando una familia debe evaluar el riesgo físico antes de decidir si llevará a un niño a ver a su equipo, el fútbol ya perdió algo mucho más importante que un partido.

Perdió normalidad. Existe además un asunto todavía más grave.

Dirigentes deportivos nos han planteado que, cuando determinados grupos no reciben aquello que reclaman, pueden provocar incidentes que terminen perjudicando al propio club o incluso provocando el cierre de su estadio.

Si eso ocurre, ya no estamos hablando de hinchas demasiado apasionados. Estamos hablando de extorsión. Y cuando una institución cede ante una extorsión porque teme las consecuencias de enfrentar al extorsionador, comienza inevitablemente a perder autoridad.

Los clubes deben asumir las responsabilidades que les correspondan. La Asociación Uruguaya de Fútbol también. Y el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad que no puede transferir a nadie: garantizar el orden público y proteger tanto a los ciudadanos como a los propios policías.

Nuestro proyecto sobre violencia en el deporte parte de una idea bastante sencilla. No necesitamos inventar el delito de daño, el de riña o el de hurto. Esos delitos existen. La Justicia ya puede actuar sobre ellos.

Necesitamos identificar a quienes delinquen, sacarlos de las canchas y hacer que respondan ante la Justicia. Y necesitamos herramientas eficaces para combatir también el odio, el racismo, la xenofobia y otras formas de violencia que fueron absurdamente naturalizadas en el deporte.

El Estado no puede resignarse a administrar la violencia. Tiene que terminar con ella.

Porque durante demasiado tiempo el fútbol uruguayo fue cambiando sus reglas, sus tribunas y hasta sus costumbres para adaptarse a los violentos.

Las familias, por suerte, todavía están en las canchas. Lo inadmisible es que hayamos aceptado que tengan que convivir con quienes amenazan, agreden, extorsionan o convierten la muerte en una canción de tribuna.

Quizás llegó la hora de dejar de adaptar el fútbol a los violentos. Y empezar, sencillamente, a sacar a los violentos del fútbol.