Opinión | Cuando el Estado, las familias y el Poder Judicial retrocede, las bandas avanzan

Escribe Aldo Lamorte

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Aldo Lamorte

Diputado (s) por el Partido Nacional, Unión Cívica. Arquitecto, empresario, consejero de nómina de gobierno de Italia en el Consejo General de los Italianos en el Exterior.

La muerte de un niño de apenas 12 años en las canteras del Parque Rodó no puede ser tratada como un hecho policial más. Es una tragedia que interpela a todo el Uruguay. Cuando un menor pierde la vida en un ataque a balazos en medio de una concentración de cientos de motos y vehículos realizando picadas clandestinas, lo que queda en evidencia no es solamente la violencia del crimen organizado: queda expuesta la pérdida progresiva del control del espacio público por parte del Estado.

Durante años se ha naturalizado que determinados lugares de Montevideo se conviertan, especialmente durante las madrugadas, en escenarios donde las normas dejan de existir. Vecinos, conductores y quienes transitan por la rambla conocen perfectamente lo que ocurre: concentraciones masivas, picadas ilegales, escapes libres, ocupación de la vía pública y una circulación que pone en riesgo a todos.

La pregunta es inevitable: si era conocido que allí se reunían cerca de doscientas motos y numerosos vehículos, ¿dónde estaban los controles preventivos? ¿Dónde estaban los inspectores municipales encargados de garantizar el orden del tránsito? ¿Dónde estaba la presencia policial suficiente para evitar que un lugar de recreación terminara convertido en un territorio liberado?

No alcanza con investigar después de la tragedia. La verdadera responsabilidad del Estado comienza mucho antes, cuando tiene la obligación de prevenir.

No alcanza con decir por parte del presidente “qué horrible” y no aportar desde el ejecutivo acciones inmediatas y concretas para revertir e impedir estas cosas; los ministros y el ejecutivo tienen que actuar. 

El espacio público pertenece a los ciudadanos honestos, a las familias, a quienes desean disfrutar de la ciudad con tranquilidad. Cada vez que las autoridades abandonan ese espacio, alguien más lo ocupa. Y ese vacío es aprovechado por grupos violentos que encuentran allí un ámbito ideal para operar, intimidar y resolver sus disputas mediante las armas.

Pero existe otro aspecto que también merece una profunda reflexión.

Resulta imposible aceptar con resignación que adolescentes, e incluso niños de apenas 12 años, aparezcan involucrados en contextos donde circulan armas, bandas criminales y ajustes de cuentas. Independientemente de lo que determine la investigación judicial sobre las circunstancias concretas de este caso, la sola presencia de menores en escenarios de extrema violencia revela un fracaso colectivo.

La sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo cuando existen grupos de menores que participan o se vinculan con dinámicas propias de organizaciones delictivas. Allí no solamente falla el sistema educativo o las políticas sociales; también falla el núcleo familiar cuando desaparecen los límites, la autoridad y la responsabilidad sobre los hijos.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce deberes a quienes ejercen la patria potestad. Es momento de debatir si, en determinados casos de abandono manifiesto, de omisión grave de los deberes de cuidado o de permisividad frente a conductas delictivas reiteradas de menores, corresponde fortalecer los mecanismos legales para exigir responsabilidades a los adultos responsables. No se trata de criminalizar la pobreza ni de trasladar automáticamente la culpa a las familias, sino de afirmar un principio elemental: los niños necesitan adultos que los protejan, los eduquen y respondan por ellos.

Tampoco alcanza con multiplicar declaraciones de preocupación cada vez que ocurre una tragedia. Se necesitan decisiones concretas.

Es imprescindible recuperar los espacios públicos mediante una presencia permanente de Policía e inspectores municipales en aquellos puntos donde las concentraciones ilegales son reiteradas. Deben realizarse controles sistemáticos de motos sin matrícula, vehículos modificados ilegalmente y conductores que participan en picadas clandestinas. La prevención cuesta mucho menos que lamentar una muerte.

Uruguay construyó durante décadas una convivencia basada en el respeto a la ley y en la ocupación pacífica de sus espacios públicos. No podemos resignarnos a que determinadas zonas de nuestras ciudades pasen a ser gobernadas por el miedo.

La muerte de un niño de 12 años debería marcar un punto de inflexión. Porque cuando el Estado pierde una esquina, una plaza o una rambla, no pierde solamente territorio: pierde autoridad. Y cuando la autoridad legítima retrocede, la violencia ocupa su lugar.

Recuperar el orden no es una consigna ideológica. Es una obligación democrática. Significa proteger a las familias, garantizar el derecho de todos a vivir seguros y evitar que una nueva generación de niños crezca creyendo que las armas, las bandas y la impunidad forman parte normal de la vida cotidiana.

Uruguay todavía está a tiempo de reaccionar. Pero cada día que se posterga esa decisión, el precio que paga la sociedad es cada vez más alto, muy alto.