Opinión | Cuando el Estado decide defenderse: Cardama, Marset y el interés nacional

Lamentablemente, poco se habla de la defensa del interés nacional, una razón de ser de la política. El interés nacional, a diferencia de los intereses sectoriales, representa el bienestar colectivo, la dignidad del Estado, la confianza de la ciudadanía y el respeto por nuestras instituciones.

Cuando ese interés se ve comprometido, cuando se lo traiciona por inacción, negligencia o beneficio propio, lo que está en juego es la propia soberanía democrática. Por eso, en estos momentos, cuando salen a la luz hechos graves que afectan al Estado uruguayo no hay espacio para la indiferencia ni para el cálculo electoral.

Esta semana dos noticias muy distintas, pero conectadas, volvieron a plantear una misma pregunta: ¿puede el Estado uruguayo defender los intereses del país frente al fraude y el crimen organizado?

Por un lado, trasciende la denuncia presentada por el gobierno ante la Fiscalía General de la Nación contra el astillero español Cardama, responsable de construir dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada uruguaya. Por otro lado, tenemos la reaparición del narcotraficante Sebastián Marset, el mismo que fue liberado en Dubái tras recibir un pasaporte uruguayo durante el gobierno anterior.

Caso Cardama: negligencia con sello oficial

El contrato con Cardama se firmó en diciembre de 2023, bajo la gestión del entonces ministro de Defensa Javier García, durante el gobierno del Partido Nacional. Se preveía la construcción de dos patrulleros por 82 millones de dólares, con fechas de entrega claras: el primero en marzo de 2025 y el segundo a fines del mismo año. Sin embargo, a la fecha, ninguna de las naves está terminada.

Según los informes disponibles, solo se completó un 60 % del acero estructural de uno de los cascos. Peor aún: la garantía de fiel cumplimiento, obligatoria dentro de los 45 días posteriores a la firma, nunca fue efectivamente constituida. Cardama pidió sucesivas prórrogas, alegando dificultades financieras. La situación se volvió alarmante cuando, tras rechazos de múltiples aseguradoras, Cardama presentó como garante a una empresa fantasma: Eurocommerce Limited, una sociedad registrada en el Reino Unido, sin empleados ni actividad económica, cuyo único director es un ciudadano ruso y que fue disuelta por el propio registro mercantil británico en agosto de 2025.

Pese a todas las señales, el contrato siguió vigente. Recién ahora, bajo esta nueva administración, el Estado decidió presentar una denuncia penal y civil, buscando proteger los recursos públicos y deslindar responsabilidades. Pero lo más grave es que, antes de adjudicar el contrato, el Ministerio de Defensa ya contaba con informes que desaconsejaban la elección de Cardama, incluyendo uno del estudio de Carlos Delpiazzo de 2024. Cardama era la última opción entre cuatro propuestas. Sin embargo, fue la seleccionada. El costo de haber ignorado todos los informes, hoy se traduce en un proceso judicial, millones de dólares comprometidos y una mancha en la reputación internacional del país.

Caso Marset: la sombra del descontrol institucional

En paralelo, el narcotraficante “peligroso y pesado” Sebastián Marset reapareció esta semana en un video presuntamente grabado en Bolivia. Recordemos que Marset fue liberado en Dubái luego de recibir un pasaporte oficial emitido por el Estado uruguayo durante el gobierno de Lacalle.

Desde entonces, Marset ha desafiado a las autoridades regionales, concedido entrevistas y consolidado su poder dentro de las redes del narcotráfico. Su liberación fue el resultado de una cadena de decisiones irresponsables tomadas por el gobierno de Lacalle Pou. Se ignoraron alertas internas, se omitió consultar antecedentes penales de público conocimiento y se priorizó una gestión administrativa apresurada por encima del deber de protección ciudadana y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

El expresidente Lacalle y sus ministros no solo minimizaron el caso, sino que intentaron desviar responsabilidades, negando información al Parlamento y ocultando comunicaciones clave que luego salieron a la luz. Hoy sabemos, gracias al trabajo de la prensa y la investigación judicial, que hubo omisiones deliberadas y encubrimientos inadmisibles en una democracia.

Cuando el Estado actúa con liviandad sin anteponer el interés nacional, el resultado puede ser catastrófico. Marset no solo burló a la justicia, sino que también expuso al país a un daño reputacional incalculable. Y todo ello fue posible porque quienes debían custodiar el interés nacional, eligieron mirar para otro lado.

Un Estado que no se defiende, se degrada

El caso Cardama y el caso Marset tienen una raíz común: la liviandad con la que se gestionaron decisiones fundamentales. Investigar el contrato de Cardama y denunciar el posible fraude no es un ataque partidario, como pretende instalar la oposición, sino un deber con la verdad y la transparencia.

Cuando el Estado uruguayo se planta ante el fraude, se está defendiendo a sí mismo. Lo hace en nombre del pueblo y en resguardo de su dignidad institucional. Porque si el Estado no se defiende, se degrada. Y cuando busca justicia, lo hace por todos.