Opinión | Cuando BCU genera ruido: el riesgo de sembrar dudas sobre depósitos en dólares

Las recientes declaraciones del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Guillermo Tolosa acerca de introducir nuevos “consentimientos” para quienes mantienen depósitos en dólares, bajo el argumento de que estos ahorristas “aceptan la volatilidad”, han generado un ruido innecesario en una de las áreas más sensibles de la economía: la confianza financiera.

Las autoridades abren un debate que excede lo discursivo y se instala en la arquitectura misma del sistema financiero uruguayo. No es solo un tema comunicacional: implica intervenir en la relación entre riesgo percibido, estructura de incentivos, expectativas racionales y estabilidad del sistema.

Estas afirmaciones, lejos de clarificar, introducen ruido premeditado. Porque cuando el regulador financiero sugiere que ahorrar en dólares requiere una advertencia formal, es inevitable que empresarios, inversores y familias empiecen a preguntarse qué está viendo el Banco Central que el público no ve. ¿Por qué motivo se instala de pronto la idea de que el depósito en dólares necesita una “señal de riesgo”? ¿Se está preparando el terreno para justificar futuras restricciones? ¿Se busca desalentar, por vías indirectas, el uso de una moneda que la sociedad ha elegido durante décadas como referencia de estabilidad?

El presidente del BCU planteó que la institución “tiene rol de tomar medidas concretas para que este proceso vaya a una velocidad mayor”, en referencia explícita a la desdolarización. Se refirió a que el organismo se encuentra “en etapa avanzada para tomar decisiones concretas” que respeten la “tradición de libertades financieras” pero que faciliten —a juicio del regulador— que agentes económicos “tomen mejores decisiones”. Esta formulación introduce un giro significativo hacia una política monetaria con componentes conductuales (nudge policy) aplicados al uso de monedas.

Entre las medidas mencionadas, dos tienen especial relevancia técnica.

Primero, el Banco Central está considerando encarecer la porción de encajes asociada a depósitos en dólares, elevando su costo relativo respecto al peso uruguayo. Esto constituye un ajuste en la estructura de reservas obligatorias que incide directamente en el comportamiento de intermediación bancaria, afectando spreads, tasas pasivas y la asignación de portafolios de los bancos.

Segundo, el BCU pretende “generar algo de fricción con los depósitos en dólares” mediante la obligación de un consentimiento explícito donde el cliente declare que su ahorro “está sujeto a la volatilidad”. Esta figura —análoga a advertencias sanitarias o disclaimers financieros— introduce una señal pública de riesgo. Al homologar el dólar a un activo que requiere advertencias, el regulador altera el régimen de expectativas que ha caracterizado históricamente a la plaza uruguaya.

Desde un punto de vista macrofinanciero, estas declaraciones generan ruido —en términos de señalización— en un mercado donde el 72% de los depósitos privados a septiembre (US$ 46.212 millones) están nominados en dólares. Uruguay posee una estructura bimonetaria estable, donde el dólar cumple roles funcionales: unidad de cuenta para comercio exterior, activo de ahorro, referencia de largo plazo y cobertura frente a shocks externos. Cualquier intervención discursiva o normativa que busque alterar ese equilibrio requiere un análisis profundo del pass-through cambiario, del comportamiento de los depositantes y de los efectos sobre liquidez sistémica.

El planteo del consentimiento por “volatilidad” presenta a nuestro entender dos inconsistencias técnicas.

Primero, la volatilidad no es exclusiva del dólar: el peso uruguayo presenta variaciones nominales y reales que en ciertos períodos superan ampliamente la del dólar. Sin embargo, jamás se planteó un consentimiento para quienes abren una cuenta en moneda nacional. Esto introduce un sesgo regulatorio selectivo que puede interpretarse como un mecanismo de desincentivo indirecto.

Segundo, en mercados financieros desarrollados, las advertencias se aplican a productos complejos o de riesgo elevado; no a monedas de curso legal utilizadas masivamente como depósito de valor.

El efecto económico más relevante no es normativo: es psicológico y sistémico.

Cuando el regulador introduce dudas sobre el instrumento de ahorro predominante, se erosiona la confianza intertemporal. Las decisiones de portafolio se basan en expectativas estables; cuando el depositante percibe ruido institucional, puede reorientar su ahorro hacia activos externos, instrumentos no bancarios o incluso hacia la dolarización física (cash holding), con impacto directo en la intermediación financiera y en la profundidad del mercado.

Además, encarecer los encajes en dólares puede generar efectos secundarios no triviales: reducción de la intermediación en moneda extranjera, aumento de tasas para el sector productivo que opera en dólares, mayor mismatch cambiario en empresas endeudadas, y un potencial desalineamiento entre regulación local y prácticas internacionales de supervisión bancaria.

La credibilidad del Banco Central es un activo macroeconómico tan importante como las reservas o la política de metas de inflación. En economías bimonetarias, la comunicación del regulador es parte integral de la política monetaria. Uruguay ha construido una reputación basada en previsibilidad, respeto por la libertad financiera y ausencia de intervenciones abruptas. Introducir advertencias sobre depósitos en dólares, aún en fase discursiva, altera ese marco.

La pregunta central no es técnica sino estratégica: ¿qué problema pretende resolver el Banco Central? ¿Se está preparando el terreno para justificar futuras restricciones? ¿Se busca desalentar, por vías indirectas, el uso de una moneda que la sociedad ha elegido durante décadas como referencia de estabilidad?

Si se trata de reducir dolarización, las medidas coercitivas o simbólicas han demostrado ser menos efectivas que el fortalecimiento del peso vía de mayor profundidad financiera, estabilidad fiscal y competitividad. Si se trata de “educar” al ahorrista, este ya internaliza la volatilidad como cualquier agente racional que opera en un país históricamente bimonetario.

En síntesis: introducir ruido en los depósitos en dólares puede generar un costo reputacional que excede el beneficio esperado de cualquier movimiento desdolarizador. El Banco Central debería a nuestro entender priorizar la estabilidad de expectativas, la claridad regulatoria y la neutralidad monetaria.

Uruguay no necesita advertencias en sus monedas: necesita señales de confianza, consistencia y continuidad institucional.