Opinión | Construyendo un Uruguay más justo desde el interior

Las propuestas contenidas en el documento “Prioridades para Gobernar Uruguay” presentado por el equipo de Yamandú Orsi son el punto de partida para un nuevo pacto social: el gobierno no afirma privilegios de unos pocos, exige y promueve equidad. Gobernar con justicia es reconocer que el país real se construye tanto en cada rincón de nuestro interior del país como en las avenidas capitalinas. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestra oportunidad, devolverle al interior su lugar. 

Desde siempre las decisiones de los gobiernos se toman en Montevideo y muchas veces parecen lejanas para quienes vivimos y trabajamos en el interior. Es necesario alzar la voz por un país más equitativo, donde las oportunidades no dependan del código postal, sino que las oportunidades sean para todos.

El documento presentado desde el gobierno nacional ofrece una hoja de ruta ambiciosa y urgente, que desafía especialmente a quiénes representamos a las regiones más postergadas del país a seguir de cerca cada iniciativa, dándole énfasis en nuestros pueblos.

Necesitamos garantizar los derechos en salud

En los pueblos más lejanos uno de los temas más sensibles es el de la salud. Se centralizarán los esfuerzos en fortalecer la red de atención primaria, algo que en el interior es una necesidad básica y que hoy en día es más difícil de lo que muchas personas creen acceder. No podemos permitir que aún hoy haya compatriotas que deban recorrer decenas de kilómetros para acceder a un médico o que esperen meses para recibir la atención de especialistas. También se propone una mayor articulación entre ASSE y el sistema mutual, y un nuevo enfoque en salud mental, prevención y adicciones. Todas cuestiones de urgencia donde cada día cuenta, y por lo que en el interior es muy necesario la dedicación y apoyo del Estado.

El trabajo debe ser la mejor política social

Este gobierno y su equipo insisten en políticas activas para mejorar la generación de empleo, principalmente de jóvenes y mujeres. Es fundamental fomentar el desarrollo productivo local poniendo todas las energías en acompañar iniciativas que nazcan de cada realidad. Desde la perspectiva del interior, esto significa dar impulso a emprendimientos que brinden un valor agregado, que permita fortalecer las cadenas agroindustriales y apostar a la economía social y solidaria. Debemos pasar del asistencialismo a la generación de empleo genuino, sostenible y con derechos.

La vivienda es la raíz de la dignidad

No hay desarrollo posible sin un techo digno. El documento destaca la necesidad de una política de vivienda con enfoque territorial, que priorice el acceso en zonas rurales y ciudades intermedias. Es hora de volver a impulsar planes de Mevir, ampliar el alcance de los alquileres sociales y facilitar el acceso al suelo urbano en localidades pequeñas, donde la informalidad se ha convertido en norma.

El transporte como una conectividad para la igualdad

En materia de transporte necesitamos un sistema integrado y moderno que no deje a nuestros pueblos aislados, que genere una conectividad nacional e internacional para un mayor desarrollo en construcción y logística. Se propone una mejora sustancial del transporte colectivo y mayor inversión en infraestructura vial y ferroviaria, así como también el desarrollo en materia fluvial. En muchos pueblos del interior, el transporte local con el que cuentan pasa una o dos veces al día, siendo el único medio que permite la conexión con centros de salud, centros educativos o empleo. La única manera de acortar esa brecha es con acciones políticas claras y direccionadas para cada territorio.

La convivencia y seguridad en el interior

La seguridad es una de las preocupaciones más sentidas por la ciudadanía, y en el interior del país se vive con una mezcla de impotencia y resignación ya que, al decir de los vecinos y vecinas, “aquí pasan cosas que antes no pasaban”. Las medidas presentadas proponen una estrategia integral que va más allá del enfoque disciplinario. Implica mejorar la prevención y profesionalizar las fuerzas policiales con más presencia territorial, y el retorno de la policía comunitaria.

Un punto central es el combate firme y sostenido contra el narcotráfico. Se plantea la necesidad de desarticular las redes de microtráfico que operan en barrios de capitales y localidades del interior, muchas veces aprovechando la falta de presencia estatal. Para eso, se propone mejorar la inteligencia policial, la coordinación entre agencias, y garantizar recursos para una acción efectiva y sostenida.

Pero también se subraya que no se puede combatir al narco sólo con policías; hace falta presencia social, políticas de inclusión, recuperación de espacios públicos y alternativas reales para jóvenes. La seguridad se construye con comunidad, con educación, con oportunidades. En nuestros pueblos, no alcanza con el patrullaje: se necesita Estado, cercano y comprometido.

La gente nos ha otorgado una nueva oportunidad en el gobierno. Debemos haber aprendido que es necesario mantener el mano a mano, la escucha en los territorios y el ida y vuelta con la población tanto como con la fuerza política. No hay posibilidad ni margen para un trabajo aislado, ya que la esperanza de nuestra gente late y no tiene los tiempos ni la burocracia del centralismo.