Opinión | Construyendo comunidad y futuro: el acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda propia no es solo un objetivo material, sino un derecho humano fundamental que consolida la dignidad de las personas, fortalece a las familias y crea comunidad. Por eso, la política habitacional debe ser concebida como una auténtica “política de Estado”: un proceso acumulativo en el tiempo que trasciende coyunturas y gobiernos, y que garantiza continuidad en la construcción de ciudadanía.

En este camino, el Partido Nacional ha sido protagonista histórico, aportando visión, institucionalidad e instrumentos concretos para que miles de uruguayos puedan alcanzar el sueño de su casa propia. Dos hitos marcan claramente ese compromiso: en 1967 la creación de Mevir, ejemplo único en América Latina de un sistema solidario y descentralizado de construcción de viviendas en el medio rural; y en 1990, la instalación del Ministerio de Vivienda, que otorgó jerarquía institucional y centralidad a la política habitacional en la agenda nacional.

Décadas más tarde, durante el gobierno de la Coalición Republicana, se consolidó una nueva etapa de transformaciones que reafirmaron esa tradición. La Ley de Urgente Consideración abrió camino a innovaciones claves: la ampliación del alcance de Mevir a localidades de hasta 15.000 habitantes y, en casos de emergencia, a todo el territorio nacional, logrando un récord histórico de intervenciones.

Asimismo, se creó la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que centralizó y potenció programas dispersos para actuar integralmente sobre los asentamientos irregulares. Con el Fideicomiso de Integración Social y Urbana se financió el “Plan Avanzar”, un esfuerzo inédito para combatir la precariedad habitacional en todos los departamentos del país.

El fortalecimiento del régimen de Vivienda Promovida tras la reforma normativa de 2020 impulsó récords de proyectos, generando inversión, puestos de trabajo y un aumento sostenido del stock habitacional. A ello se sumó el programa “Entre Todos – Sueños en Obra”, que permitió a más familias acceder a viviendas sociales con subsidios y topes de precios.

También se atendieron reclamos históricos: la aprobación de la Ley Nº 20.237 dio respuesta a miles de deudores del Banco Hipotecario en UR; se redujo la tasa de interés de las cooperativas de vivienda del 5% al 2% anual; y se implementó el sistema de alquileres sin garantía, abriendo alternativas para quienes antes quedaban fuera del mercado.

Todo esto muestra algo clave: la vivienda en Uruguay no es un tema de un solo gobierno, sino una política de Estado. Hay una línea que viene de lejos, que se fortalece con cada paso y que hoy continúa bajo nuevas autoridades. El país ha aprendido que cuando se trata de darle techo a las familias, la continuidad es tan importante como la innovación.

Porque al final del día, cada casa construida es mucho más que ladrillos y cemento: es un hogar donde se teje comunidad, donde se afirman los valores, donde se construye ciudadanía. Y ahí está, una vez más, la huella del Partido Nacional: construyendo hábitat, construyendo futuro.