Opinión | Con el agua no se juega

El agua no es un recurso más. Es la base de la vida, de la salud y del desarrollo de cualquier sociedad. Cuando falla su gestión, lo que está en juego no es solo un servicio: es la confianza pública y la calidad de vida de las personas.

Uruguay, históricamente considerado un país privilegiado en materia hídrica, enfrentó en los últimos años una de las crisis más severas de su historia reciente. Y esa crisis dejó en evidencia algo que durante mucho tiempo se evitó asumir: la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.

En lugar de respuestas estructurales, el debate público quedó muchas veces atrapado en la improvisación, los mensajes contradictorios y la falta de una estrategia clara de largo plazo.

Durante la crisis hídrica de 2023, la discusión sobre los niveles de sodio y trihalometanos en el agua potable expuso con claridad esa falta de rumbo. En ese contexto, la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, difundió en conferencia un fragmento de un informe de la Facultad de Medicina que vinculaba la exposición a trihalometanos con posibles malformaciones en embarazos.

Sin embargo, el propio informe advertía que la evidencia científica era limitada, contradictoria y debía interpretarse con cautela. Horas más tarde, la Facultad de Medicina llamó explícitamente a evitar generar alarma en la población.

Este episodio no solo generó preocupación innecesaria, sino que debilitó la confianza pública en un tema extremadamente sensible.

A esa incertidumbre se le sumaron decisiones difíciles de explicar. Mientras la calidad del agua estaba en discusión, se registraron aumentos tarifarios que impactaron directamente en los usuarios. Incluso desde el propio sistema político se había cuestionado esa lógica: el actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había sostenido en su momento —siendo legislador— que no correspondía cobrar por un servicio en esas condiciones. La distancia entre ese planteo y la realidad actual vuelve a poner en evidencia una preocupante incoherencia.

Pero más allá de los episodios puntuales, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la falta de planificación.

El proyecto Arazatí, planteado como una alternativa para diversificar las fuentes de abastecimiento en el área metropolitana y reducir la dependencia de un único sistema, fue dejado sin efecto.

En paralelo, otras iniciativas avanzan generando más dudas que certezas, con impactos ambientales y sociales que no han sido debidamente esclarecidos.

El caso de Casupá es ilustrativo.

Durante el tratamiento presupuestal se realizaron consultas al Ministerio de Ambiente sobre el conocimiento del territorio afectado y las consecuencias de las obras.

Las respuestas dejaron interrogantes relevantes.

Para quienes viven en esas zonas, la eventual inundación de sus tierras no es un dato técnico: es una transformación profunda de su vida, su trabajo y su historia.

A esto se suma un desafío estructural que el país sigue postergando: la necesidad de una política integral del agua.

La existencia de fuentes como el acuífero Raigón, el rol central de OSE en el abastecimiento metropolitano y los problemas asociados a la calidad en determinadas zonas evidencian la necesidad de actualizar marcos normativos y fortalecer la planificación.

Sin embargo, el Presupuesto Nacional no contempló una asignación clara para un Plan Nacional de Aguas, pese a haber sido anunciado como compromiso de gobierno.

Esa ausencia no es menor, pues implica seguir gestionando uno de los recursos más críticos del país sin una hoja de ruta integral.

Gobernar no es reaccionar. No es improvisar ni cambiar el discurso según el momento. Gobernar es anticipar, planificar y actuar con responsabilidad.

El agua no admite errores. No admite contradicciones. No admite liviandad.

Con el agua no se juega.