Opinión | Celulares en el aula: entre la ansiedad regulatoria y la evidencia

En los últimos meses, el debate sobre los celulares en las aulas volvió a instalarse con fuerza en distintos países. Gobiernos que avanzan en restricciones, sistemas educativos que ensayan prohibiciones parciales o totales, y una opinión pública que, en muchos casos, parece haber encontrado un nuevo consenso rápido: el celular es el problema.

Uruguay no es ajeno a esa conversación. En programas de radio, en salas docentes y en la discusión cotidiana de las familias, la escena se repite: distracción, baja atención, conflictos en clase. La tentación de resolverlo con una norma clara y dura, aparece casi como inevitable.

Pero cuando uno se corre un poco del ruido, la pregunta relevante no es si los celulares generan problemas (eso es evidente), sino la siguiente: ¿es una política educativa eficaz? Ahí es donde la evidencia empieza a incomodar.

Un estudio reciente publicado en Social Science & Medicine (2026), de la Universidad de Birmingham, analiza los efectos de las restricciones al uso de teléfonos en centros educativos y encuentra resultados, como mínimo, ambiguos. Si bien pueden observarse mejoras puntuales en ciertos indicadores de atención en el aula, los impactos sobre aprendizaje, bienestar y uso problemático fuera del horario escolar son mucho menos claros. En algunos casos, incluso, la prohibición en el entorno educativo desplaza, más que reduce, el uso intensivo hacia otros espacios.

Es decir: el problema no desaparece, se mueve.

Este punto es particularmente relevante para países como Uruguay, donde el acceso a dispositivos es alto y relativamente democratizado. A diferencia de otros debates educativos, aquí no estamos frente a una brecha de acceso, sino frente a un desafío de uso. Esto cambia completamente la lógica de política.

En una reciente mesa de debate en radio, distintos actores del sistema educativo uruguayo coincidían en algo interesante: más allá de las normas, lo que ocurre en los centros depende en gran medida de los acuerdos institucionales, de la autoridad pedagógica y de la capacidad de los docentes de gestionar el aula en un contexto que ya no es el de hace diez años.

Dicho de otra forma: el celular no irrumpe en una escuela estable, sino en una escuela que viene con problemas.

Por eso, el riesgo de este debate es confundir síntoma con causa. La distracción no nace con el teléfono: el teléfono la amplifica.Y frente a esto, la respuesta más rápida, prohibir, puede ser también la más superficial.

Hay además una dimensión menos discutida pero igual de relevante: cuando el sistema educativo decide que un problema complejo se resuelve sacándolo del aula, en realidad está renunciando a intervenir pedagógicamente sobre él. Está diciendo, implícitamente, que no tiene herramientas para formar en el uso responsable de una tecnología que define la vida cotidiana de los estudiantes. Esta es una señal preocupante, porque la escuela obligatoria no es solo un espacio de transmisión de contenidos. Es un espacio de formación para la vida en sociedad. Y hoy esa vida está mediada por pantallas. En ese contexto, excluir el problema del aula puede tener una consecuencia no prevista: trasladarlo íntegramente al hogar, donde aparece otra tensión.

Si los dispositivos quedan fuera del ámbito educativo pero siguen presentes (aún sin la necesidad de una regulación como lo hacen muchas escuelas en la actualidad) en el entorno doméstico, lo que se genera no es una reducción del uso, sino una privatización del problema. La gestión pasa de la escuela a las familias, con capacidades muy desiguales para enfrentarlo.

En los hechos, esto puede terminar profundizando brechas: no entre quienes tienen o no tienen celular, sino entre quienes tienen herramientas para regular su uso y quienes no.

Pero hay algo más.Cuando el celular desaparece del aula, también desaparece como objeto de conversación educativa. Ya no se discute, no se problematiza, no se integra. Simplemente se prohíbe. Y lo que no se educa en la escuela, se aprende, o se sufre, en otros lados.

La pregunta, entonces, no es si hay que regular. Toda institución necesita reglas. La pregunta es qué tipo de regulación construye aprendizaje y cuál simplemente ordena la superficie.

En un sistema educativo que enfrenta desafíos mucho más estructurales, trayectorias fragmentadas, baja continuidad, problemas de aprendizaje acumulados, el riesgo es sobrerreaccionar frente a aquello que es visible y cotidiano, pero no necesariamente central.

El celular molesta. Interrumpe. Reta la autoridad en el aula. Desconecta, estimula la ansiedad, genera adicción. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que prohibirlo puede ser, en el mejor de los casos, una solución parcial. Y en el peor, una forma elegante de no hacerse cargo del problema de fondo.

Pero hay una pregunta previa, y bastante más incómoda, que casi nadie está haciendo: ¿las escuelas están trabajando junto a las familias frente al uso problemático, y en muchos casos adictivo, de los celulares en niños y adolescentes? Los hechos sugieren que no. En buena parte de la educación privada existen, al menos, intentos de regulación o abordaje institucional. En la educación pública, en cambio, el tema aparece de forma lateral, cuando no directamente ausente.

Pero, incluso donde hay reglas, lo que prácticamente no existe es un trabajo sistemático con las familias. Y ahí está el punto ciego. Porque si la regulación en el aula no viene acompañada de una estrategia que involucre al hogar, lo que se está haciendo, en los hechos, es trasladar el problema sin promover soluciones. No se trata de “cargarle el fardo” a las familias, sino de integrarlas a una política educativa que hoy, simplemente, no existe.

¿Dónde están los espacios promovidos desde el sistema para discutir esto con padres y madres y trazar una hoja de ruta? ¿Dónde están las orientaciones de la escuela, las herramientas concretas, los acuerdos? No están. Y difícilmente aparezcan si la discusión sigue atrapada en agendas que miran más al pasado que a los problemas reales del presente.

Este es el punto de partida de una discusión que Uruguay necesita dar sin atajos.

Porque regular no es lo mismo que educar.

Y a veces, cuando creemos que estamos resolviendo un problema, lo único que estamos haciendo es moverlo de lugar.