Opinión | Caso Cardama: no pensaron en el país

En toda crisis contractual del Estado hay al menos tres relatos en pugna: el político, hecho de declaraciones, gestos y asignación de culpas; el técnico, construido con normas jurídicas, probabilidades, costos y alternativas imperfectas; y el institucional, acaso el más importante, formado por los compromisos y objetivos estratégicos y la credibilidad internacional del país.

El Caso Cardama exhibe a un gobierno que priorizó exclusivamente el relato político, con claras intenciones electorales, relegando los aspectos técnicos e institucionales.

El problema es que, cando se ordenan las alternativas disponibles mediante una matriz básica de decisiones (una herramienta elemental en cualquier administración seria y profesional), un análisis del Valor de Recuperación Neto o la mejor alternativa a un acuerdo negociado, el resultado puede señalar cursos de acción racionales que no producen beneficios políticos inmediatos.

La alternativa con mayor valor esperado parecía ser la renegociación con garantías válidas, pagos contra avances verificables y control efectivo del activo en construcción. No era una solución ideal (casi ninguna lo es), pero permitía transformar el dinero erogado en un bien tangible y potencialmente recuperable, en lugar de consolidarlo como un costo hundido.

En adquisiciones complejas, lo decisivo no es lo pagado sino lo que los desembolsos futuros permiten preservar: capacidad, tiempo y margen de maniobra. Con garantías ejecutables, certificación independiente y propiedad estatal sobre el buque en obra, continuar podía acelerar la disponibilidad de medios estratégicos para cumplir con el cometido de patrullar el mar territorial.

En el extremo opuesto se ubica la rescisión dura acompañada de denuncias y litigios, la alternativa finalmente adoptada.

Desde el punto de vista económico, consolida la pérdida del anticipo, introduce costos legales elevados y somete cualquier recuperación a plazos inciertos, especialmente si el proveedor enfrenta insolvencia.

Desde el punto de vista operativo, implica la desaparición inmediata de la capacidad buscada y la ausencia de reemplazos en el corto plazo.

Desde una perspectiva contractual, expone al Estado a contrademandas y a la incertidumbre de procesos judiciales prolongados.

Lo más significativo y sospechoso en la estrategia adoptada por el gobierno es que estas opciones no eran excluyentes. El gobierno podía, simultáneamente, denunciar irregularidades, exigir garantías nuevas, preservar la continuidad del proyecto y, en paralelo (incluso a posteriori), preparar acciones legales.

Esa estrategia de “múltiples carriles” habría permitido proteger el interés nacional sin renunciar a la exigencia de cumplimiento ni a los reproches políticos a quienes firmaron el contrato. Sin embargo, las decisiones adoptadas sugieren que se privilegió la obtención de réditos políticos por encima de la maximización del valor público.

La pregunta inevitable es por qué se optó por la alternativa que destruye más valor patrimonial y estratégico.

La rescisión total permite construir un relato de firmeza, asignar responsabilidades hacia el pasado y afectar negativamente la reputación de importantes dirigentes opositores. Pero esa ganancia política inmediata tiene un costo material diferido en términos de recursos perdidos y capacidad estratégica ausente.

Realizar una matriz de decisiones, identificar la mejor alternativa a un acuerdo negociado o estimar el Valor de Recuperación Neto no son sofisticaciones corporativas: son mecanismos básicos para demostrar que se actuó con diligencia, previsión y foco en el interés público.

Si estos ejercicios no se realizan (o no se explicitan), la discusión queda atrapada en lo político y la factura final no la pagan quienes protagonizan el conflicto, sino el país.

Aunque tal vez no se haya dado cuenta de lo que dijo, el presidente Orsi reconoció ayer que tomaron la decisión de rescindir sin tener aún una alternativa firme que supere la opción del Cardama, cuando dijo que se estudian cinco propuestas… ¡cuatro meses después de anunciar su voluntad de rescindir el contrato con el astillero español!

De modo que, cada vez que un vocero oficial reproche a la oposición por cuestionar estas decisiones, conviene recordarle que “ponerse del lado del Estado”, requiere que los actos de gobierno se orienten al interés nacional y no a cálculos político-electorales.