En muchas empresas el cambio no llega con un anuncio ni con un despido masivo. Llega cuando ciertas tareas se resuelven “en minutos”, cuando un reporte sale solo, cuando una consulta de clientes la atiende un asistente digital o cuando una vacante simplemente no se repone. Esa es la transformación laboral que hoy avanza, casi siempre, en silencio.

El nombre más visible detrás de esa dinámica es la inteligencia artificial —en particular, la IA generativa—. No es una amenaza en sí misma: es una tecnología de propósito general que reordena productividad, empleo y poder económico al mismo tiempo. Por eso el debate no puede ser emocional ni nostálgico, pero tampoco puede reducirse a la pulseada clásica entre capital y trabajo. El mapa cambió: hoy cambian las tareas, no solo los márgenes.

En Uruguay el desempleo cerró 2025 en torno a 7%. Ese nivel no sugiere un colapso del mercado laboral. Lo que muestra es algo distinto: un cambio de reglas sobre cómo se organiza el trabajo, qué habilidades valen y quién captura las ganancias de productividad.

Durante décadas discutimos en términos defensivos. Del lado del trabajador, si la empresa pierde, el trabajador “no tiene la culpa”. Del lado de la empresa, si la empresa gana, “es el premio” por el riesgo asumido por el empresario. Esa lógica tuvo sentido en economías industriales relativamente estables. Hoy el problema es distinto: la tecnología altera la estructura de tareas —administración, ventas, atención, análisis— y desplaza fronteras entre ocupaciones. Discutir únicamente salario contra ganancia es discutir con el mapa viejo.

La evidencia regional ayuda a dimensionar el fenómeno. Un informe conjunto OIT–Banco Mundial estima que entre 26% y 38% de los empleos en América Latina y el Caribe estarán expuestos a la IA generativa, mientras que el riesgo de automatización sería bastante menor: entre 2% y 5%. La lectura correcta no es apocalipsis: es reconfiguración. Y una reconfiguración que premia distinto según sector, calificación y acceso digital.

Ese cambio suele ser gradual y poco visible. La automatización silenciosa es esto: sustitución incremental de tareas, vacantes que no se reponen, “mejoras de proceso” que achican equipos, back office que se compacta, atención al cliente que migra a chatbots, revisión rutinaria que se vuelve automática. No siempre hay despidos. Hay erosión lenta.

En Uruguay ese impacto puede concentrarse donde ya existe fragilidad estructural: la inserción juvenil, los mayores de 45 años, las personas con menos competencias digitales. Allí un mercado laboral “promedio” puede esconder una herida estructural.

Negar la tecnología sería un error estratégico: las empresas que no adopten IA pierden competitividad. Pero adoptar sin reglas también es un error. Si la productividad crece y la desigualdad se amplía, el proceso pierde legitimidad y se vuelve políticamente inestable. No es un dilema técnico. Es un dilema de pacto.

La clave no es frenar la innovación: es gobernarla. Uruguay tiene herramientas —negociación colectiva, Consejos de Salarios, diálogo social— que pueden ordenar el cambio si se actualizan para una economía donde las tareas cambian más rápido que las categorías ocupacionales. Gobernar implica anticipar impactos, distribuir riesgos y acordar cómo se reparten beneficios.

Para que esa gobernanza sea operativa, hay tres compromisos simples y medibles que pueden implementarse dentro de los marcos existentes:

Primero: reglas de transición en convenios. Si se incorpora IA en procesos que afecten tareas, pactar movilidad interna, reentrenamiento con tiempo protegido y mecanismos de resguardo laboral antes de posible desvinculación.

Segundo: reglas de distribución de la productividad. No castigar la inversión en su fase inicial. Pero cuando se verifiquen mejoras sostenidas con indicadores acordados, discutir participación: bonos ligados a productividad o reducción progresiva de jornada donde aumente la producción por hora.

Tercero: reconversión conectada a demanda real. Formación atada a puestos y sectores verificables, con participación empresarial y sindical. Si cambian las tareas, la responsabilidad colectiva no es administrar la desvinculación como destino, es diseñar la transformación.

Hay además un ángulo estructural que no podemos ignorar: la protección social. Los sistemas contributivos se sostienen sobre empleo formal y aportes. En 2025 la informalidad se ubicó en 22%. Si la transición tecnológica empuja segmentos hacia informalidad o formas híbridas, la base contributiva se tensiona y el problema deja de ser solo laboral: pasa a ser fiscal y previsional.

El dilema no es tecnología sí o no. Es modernización con pacto social o modernización con fractura. Ser modernos no es ser ingenuos, es reconocer que la productividad es condición de prosperidad, pero que la prosperidad necesita reglas compartidas. Sin pacto, la tecnología divide. Con pacto, puede volverse una herramienta de cohesión social y desarrollo sostenible.