Opinión | Aunque duela, el presidente de la República debe renunciar a su cargo

Aunque lo haga con extrema preocupación, puedo hablar con comodidad, no tengo cola de paja porque cuando fue necesario, y a pesar de dolerme mucho e impactar contra mi adhesión política partidaria al Frente Amplio durante casi 60 años, dije lo que tenía que decir. No me arrepiento y me lo hicieron pagar muy caro.

Primero estaban los principios, las convicciones, las lecciones de la historia en todo el mundo y después los intereses partidarios y el amor por el poder. No voy a preguntar, como podría hacerlo perfectamente: ¿Quién tuvo razón, de acuerdo a cómo se desarrollaron los hechos políticos y judiciales posteriores? Cada uno sacará sus conclusiones.

Aunque conozco los nombres de los miserables que en su momento dijeron que yo les había proporcionado los datos del “caso Sendic” a los blancos o a la prensa (no hay una sola prueba y además no es cierto), no los voy a desnudar; que se pudran en su oportunismo y su miseria. Sí es cierto que avisé con tiempo a quienes debía avisar, que esa situación iba a explotar y el Frente Amplio la pagaría muy cara. Casi el 20% de los votos perdidos entre las elecciones de 2024 y 2019, por ejemplo.

Lo más ruidoso ni siquiera fueron los temas de fondo del manejo de ANCAP, sino estupideces increíbles que todos recordamos y que yo ni siquiera sabía, no figuraban en los balances de la empresa ni me ocupé de su currículum vitae.

Por eso, ahora puedo hablar con la misma libertad y con la misma obligación. Ahora no se trata del vicepresidente, sino nada menos que del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

No tuve en absoluto una actitud de animosidad contra él, hay declaraciones mías en La Tertulia hace varios años, antes de ser candidato a presidente, afirmando que lo respetaba como un militante de todos los días en el departamento de Canelones, promoviendo su candidatura a diputado, y que era una persona inteligente.

En la primera etapa de su mandato, con la peste del covid, también demostré que dentro de mis limitadas posibilidades trataba de comprender y de apoyar todo lo posible el esfuerzo nacional encabezado por el Gobierno para combatir la pandemia.

Por todo lo anterior, y de acuerdo a la acumulación de casos graves de corrupción que no tienen nada que ver con diferencias políticas, ni económicas, ni sociales, ni educativas, ni del sistema jubilatorio, es que creo con mucho dolor y preocupación que el presidente debe hacerse a un lado y abandonar sus funciones.

Debe hacerlo para que la vida institucional del país siga su curso normal. Es un trauma grave, pero a esta altura inevitable. Esto es por su directa vinculación, por su designación de un delincuente como Alejandro Astesiano como jefe de su seguridad personal, cuando ya está demostrado claramente que desde el 4° piso de la Torre Ejecutiva funcionaba un completo esquema de corrupción y una asociación para delinquir.

Últimamente se incorporó nada menos que el espionaje para acumular datos personales de dos senadores de la república, Carrera y Bergara, encomendado por una empresa desde el exterior por su representante en Uruguay (un militar retirado) a partir del pedido de estos de actuar sobre el tema de la entrega del puerto a los belgas de Katoen Natie (cada día me cuesta más llamarlos una empresa). Lo hizo y lo cobró en pleno ejercicio de su función como jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano. Hay pruebas terminantes e irrefutables. Es un atentado contra la democracia, el Senado y las instituciones.

Lo he pensado mucho, con toda la seriedad del caso, pero cada día se acumulan elementos más graves y el presidente no ha reaccionado en absoluto como correspondía, destituyendo a los ministros directamente involucrados (Interior y Relaciones Exteriores), al Jefe de Inteligencia y a los altos mandos policiales involucrados en las acusaciones. Y eso me llena de dudas, o mejor dicho de certezas.

Ni siquiera lo he visto reaccionar con la indignación y con la actitud de un presidente que ha sido traicionado, pero que además ha puesto en riesgo la seguridad del país y de la primera magistratura encomendando su seguridad, con todos los amplios poderes que tenía, a un delincuente con años de andanzas.

No es admisible que se escude con que Astesiano no tenía antecedentes registrados; no soporta el más elemental análisis y solo utilizar ese argumento es un insulto a la ciudadanía. Si todo el aparato del Estado uruguayo fue engañado de esa manera, el jefe superior, el señor presidente de la República, además de por razones morales, no puede seguir en su cargo por razones de incapacidad para proteger a la seguridad nacional.

El detalle de los delitos cometidos por la banda de Astesiano y de la imagen que proyecta del país hacia el exterior demuestra claramente que era y sigue siendo un peligro para el país. El conocimiento de la información que maneja, como la del “pescado congelado” en valija diplomática y otras, deben ser cortadas de raíz y no alcanza con que vayan presos Astesiano y su banda creciente; ese criminal no puede tener esa capacidad de extorsión. Hay que realizar una profunda limpieza y remoción en ministerios, Policía y en organismos de Inteligencia.

El presidente de la República debe renunciar a su cargo y la vida institucional debe proseguir de acuerdo a la Constitución. La Justicia determinará las responsabilidades penales de los involucrados.

Sé que esta opinión no es compartida (o si lo es, nadie se anima a formularla ni en la oposición, ni menos en el oficialismo); es un cambio radical en la historia política e institucional del Uruguay. Pero así como me jugué cuando se trataba de un personaje, de una trama en mi partido, y con el cargo de vicepresidente, con exactamente el mismo criterio lo hago en este caso. Con un agravante: no solo que se trata del presidente de la República, sino que en el caso de Sendic nunca se puso en peligro la seguridad nacional y el funcionamiento institucional al convivir y designar a un traidor a la Patria y un operador contra la democracia y las instituciones, a favor de una banda extranjera.

Si la unidad de medida moral, institucional y política para juzgar casos tan graves es el color de las posiciones partidarias, la defensa de los cargos, y no los intereses nacionales y la proyección del Uruguay en el mundo, habremos retrocedido gravemente, en todos los planos.

La actitud del presidente es además un gesto básico de respeto hacia su propio partido y los socios de la coalición y hacia los ministros y altos funcionarios que no están involucrados en este grave caso de corrupción y de vilipendio a la democracia y la república.

No se pueden cubrir las responsabilidades políticas e institucionales, esperando el fallo de la Justicia. Se trata de asumir lo que ya todos sabemos y está comprobado ampliamente: Alejandro Astesiano, un delincuente contumaz, fue designado y ejerció como Jefe de la seguridad presidencial durante más de dos años y tejió una red de delincuentes que manejó desde la propia Torre Ejecutiva.

¿Qué más?