Opinión | Argentina y la ley Antimafia

La ciudad de Rosario, una de las más golpeadas por la violencia en Argentina, se ha transformado recientemente en el laboratorio jurídico y político con el estreno de la denominada “Ley Antimafia”.

A principios de 2025 se aprobó una normativa que comenzó a aplicarse días atrás en Rosario. Esa legislación ofrece herramientas inéditas en la región para desmantelar organizaciones criminales.

Durante más de una década, Rosario ha sido el escenario de un proceso de degradación social y territorial alimentado por el narcotráfico y la corrupción institucional. Con una altísima tasa de homicidios, con bandas como “Los Monos” o los “Alvarado” librando guerras abiertas y con testimonios de extorsiones sistemáticas a comerciantes, el Estado argentino parecía haber cedido en su función más elemental: garantizar la seguridad y la ley.

No sorprende, entonces, que Rosario haya sido designada la primera “zona sujeta a investigación especial” bajo la flamante Ley. Así se ha convertido en el umbral —y acaso la prueba— del nuevo tipo de normas que se necesitan para enfrentar al crimen organizado en el siglo XXI.

La norma fue impulsada con el objetivo explícito de permitir la persecución “integral” de las organizaciones delictivas.

“Banda que comete un delito, caen todos por igual. En bloque todos sus miembros. No más uno por uno uno”, escribía el pasado 16 de mayo en la red social X la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich al anunciar la aplicación de la nueva Ley.

Precisamente, el núcleo de la normativa consiste en castigar la “asociación criminal” como delito autónomo. La ley establece penas de hasta 20 años para todos quienes integren, financien o colaboren con una estructura criminal organizada, independientemente de los delitos concretos cometidos, y responsabiliza de manera colectiva. Esa arquitectura legal está inspirada en la experiencia italiana en su lucha contra la Mafia (y en la Ley RICO norteamericana). Este tipo de norma se caracteriza porque juzga y castiga a todos los miembros de una organización por el conjunto de crímenes realizados por la banda, aunque su intervención haya sido marginal.

El corazón del modelo italiano es la noción de “asociación ilícita de tipo mafioso” y ese es el aporte teórico fundamental que recoge la ley argentina. No se persigue al delincuente individual, sino al sistema criminal. Ya no se trata del ladrón, el asesino o el narcotraficante aislado, sino de toda la red que se organiza para cometer esos delitos.

Este tipo de norma interpreta —correctamente— que el crimen organizado tiene vocación de poder, no solo de lucro. Domina territorios, impone normas, aplica castigos. En otras palabras, es una suerte de Estado dentro del Estado. Y solo una respuesta institucional de gran escala puede enfrentarlo. La sola integración de este tipo de organizaciones constituye un elemento que el Estado debe reputar inaceptable, con un castigo severo que simbolice el repudio social.

Obviamente este tipo de normativa debe aplicarse con criterios estrictos de razonabilidad. La clave siempre estará en cómo se aplique, con qué controles, y bajo qué supervisión judicial efectiva.

El ejemplo que Argentina inaugura en la región debe tomarse en consideración para los desafíos que tiene nuestro país en la lucha contra las organizaciones criminales que están distribuidas en nuestros barrios y que son responsables al menos de la mitad de los homicidios que ocurren al año.