Opinión | Activos en el exterior: una cuestión de solidaridad, pero también de equidad

La propagación del COVID-19 y la situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos ha implicado una crisis a escala global con casi tres millones de muertos, un drama humanitario gigantesco.

Esto ha implicado también una caída del nivel de actividad global sin precedentes en las últimas décadas.

A esa realidad obviamente no ha escapado nuestro país donde el producto cayó un 6% en 2020, aproximadamente cien mil compatriotas cayeron por debajo de la línea de pobreza y miles han perdido su trabajo.

Todos en mayor o menor medida nos hemos visto afectados por esta situación, tanto a nivel humano como social y económico.

Pero claramente algunos hemos tenido mejores condiciones para afrontar esta crisis, aquellos más vulnerables han visto empeorada su situación profundizándose desigualdades preexistentes.

Por ejemplo, quienes desarrollan su actividad en el mercado informal de trabajo no pueden acceder a los beneficios del seguro de desempleo, o quienes son monotributistas o micro y pequeños empresarios no tienen capacidad financiera de sostener sus emprendimientos.

Pensemos también en sectores especialmente afectados por la pandemia como la cultura, el deporte o el turismo.

Todo ello conlleva la necesidad de apoyar económicamente a los más afectados, para evitar el drama humano y social, pero también para mantener a nuestra economía a flote.

En este contexto, la solidaridad es un imperativo moral para quienes estamos en mejor situación, debemos poner el hombro para ayudar a quienes peor lo pasan.

Pero a la hora de ayudar también debe plantearse el objetivo de la equidad, que ayuden todos los que pueden hacerlo, y que el aporte mayor lo hagan quienes más pueden.

Es una buena señal que quienes cobran los salarios más elevados del sector público contribuyan de manera excepcional para financiar las ayudas.

Pero esto será correcto si también lo hacen quienes cobran elevados salarios en el sector privado y han podido seguir haciéndolo durante la pandemia.

Éticamente corresponde ser equitativos, sino simplemente estamos ante una medida para la tribuna, estigmatizando la función pública.
Tan es así que uno de los principales socios de la coalición como lo es el Partido Colorado, también ha pedido que se incorpore a los trabajadores del sector privado.

Pero además del dilema ético, no respetar la igualdad ante las cargas públicas es claramente inconstitucional; se viola el principio de igualdad del artículo 8 de la Constitución en su dimensión de la "igualdad en la ley", lo que indica que con respecto a sujetos que se hallen en la misma situación, no se deben estipular desigualdades injustificadas.

En el caso de la regulación del "Impuesto Covid" surge una discriminación palmaria entre el ingreso de trabajadores públicos y el ingreso de trabajadores privados sin una razón o justificación racional.

Y si aportan quienes cobran mejores salarios, ¿por qué no deben hacerlos aquellos que están aún en una mejor posición y tienen elevados patrimonios que además han colocado en el exterior?

No resiste la menor defensa el argumentar que deba pagar un impuesto excepcional un investigador o un científico, o un médico que ayudan todos ellos en el combate a la pandemia y que no deba hacerlo quien tiene una cuenta con millones de dólares en Suiza, o posee títulos de deuda de otro país por los que cobra intereses, o tiene acciones en sociedades extranjeras y recibe dividendos.

Además, aquí ni siquiera puede esgrimirse el argumento del "malla oro" porque los dineros colocados en el exterior no generar ningún beneficio a la actividad económica en nuestro país.

En un país como el nuestro donde la seguridad jurídica es una garantía para todos los ciudadanos y para el inversor extranjero, y donde las alternancias democráticas en el gobierno en nada la afectan, la decisión de algunos uruguayos de colocar su capital en el exterior para obtener un mayor rédito económico del mismo es una decisión absolutamente legítima, pero que no contribuye al desarrollo productivo de nuestro país.

Es por esta razón que el proyecto de ley que crea el impuesto grava los activos financieros situados en el exterior en tanto sean propiedad de personas físicas, focalizando el gravamen exclusivamente en el capital financiero.

Por tanto, este impuesto en nada afecta la política de estímulo a la inversión productiva que han implementado las administraciones anteriores y que la actual administración de gobierno ha dado continuidad.

A diferencia del pasado, hoy día se puede controlar mejor el cumplimiento del pago de este impuesto. La política de inserción internacional desarrollada en la década pasada ha implicado que nuestro país tenga a la fecha una red de convenios de intercambio de información tributaria que le permite acceder a información sobre activos financieros proveniente de 109 Jurisdicciones en forma automática y de 139 a requerimiento.

Cabe destacar que la reciente iniciativa presentada por Danilo Astori y en cuya elaboración contribuí, se plantea buscando equidad, que aportemos todos los que podamos hacerlo.

No se plantea de manera permanente sino excepcional, si no se pone el hombro ahora, ¿cuándo?