Si al presidente Vázquez le quedaba alguna esperanza de celebrar el 19 de junio el día del "nunca más", las referencias del comandante en jefe del Ejército a los crímenes cometidos por sus colegas durante la dictadura no pudieron resultarle más desalentadoras. Según Jorge Rosales, "el Ejército no quiere ser juzgado por eventuales acciones individuales incorrectas". Ni perdón, ni reconocimiento ni nada de nada.

Sus palabras fueron una bofetada a la sensibilidad ciudadana y al sentido común. ¿Cómo es posible que los cuarteles recibieran cientos de detenidos, que se practicaran cientos de interrogatorios, se torturara sistemáticamente, se trasladara decenas de prisioneros desde Buenos Aires y se realizaran entierros clandestinos sin que existiera responsabilidad institucional? ¿Cómo es posible que todo eso ocurriera sin conocimiento de los mandos? ¿Quién nos asegura entonces que hoy mismo un grupo de oficiales no pueda apropiarse "eventualmente" de las armas que custodia Rosales, y salir a cometer acciones "incorrectas" contra civiles indefensos?

Si los hechos ocurrieron como dice Rosales, el Ejército estuvo comandado en aquellos años por un grupo de pusilánimes. Si los hechos ocurrieron como narran sus víctimas y algunos oficiales arrepentidos, el Ejército violó salvajemente los derechos humanos. En ambos casos, el comandante en jefe nos debe unas disculpas, y esa persona es Jorge Rosales.

Pero el fin de semana largo depararía más contratiempos para la estrategia presidencial. El domingo pasado, las organizaciones de derechos humanos reiteraron su convicción de que el "nunca más" debe ser sólo al terrorismo de Estado y ratificaron su determinación de anular la Ley de Caducidad. La consigna de la marcha que recordó los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruíz está en abierta disonancia con la propuesta de Vázquez, quien aboga por una reconciliación que diga "nunca más al enfrentamiento de uruguayos contra uruguayos". Por otra parte, el presidente se comprometió ante la ciudadanía a hacer cumplir la ley de Caducidad, según lo resuelto en 2003 por el congreso del Frente Amplio. Su aplicación permitió a la justicia mandar a la cárcel a un grupo de militares torturadores y tener a Gregorio Álvarez más cerca del calabozo que del geriátrico.

Tras el discurso de Rosales, no parece razonable pedirle a los familiares de desaparecidos más grandeza de la que ya han tenido. Treinta años después, todavía tienen que salir a la calle a preguntar dónde están, "eventualmente", sus seres queridos. En todo caso, a este diálogo de sordos le falta otro interlocutor: entre quienes condenan al terrorismo de Estado se esconde un puñado de organizaciones políticas que también secuestraron y mataron y cuyo acto de constricción y arrepentimiento debería ser más audible.

Con tantos actores jugando al disimulo, la reconciliación y el "nunca más" son sólo una quimera y el acto cívico-militar con que sueña el presidente, un pecado de ingenuidad.