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Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Ojalá sea en serio

El Consejo de Ministros dedicó su cónclave del pasado fin de semana a la Reforma del Estado. De acuerdo a los muy pocos trascendidos recogidos por los medios de prensa, será un tema de alta prioridad que manejará el Presidente de la República en forma personal y directa, aunque muy poco se conoce sobre sus contenidos.

Por Pablo Mieres

20.03.2007 00:00

Lectura: 4'

2007-03-20T00:00:00-03:00
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Se trata de un tema crucial para nuestro país que, quizás como ninguno en América Latina, está fuertemente influenciado por un Estado que se desarrolló y creció décadas atrás convirtiéndose, con el paso de los años, en una enorme estructura burocrática y administrativa que cumple con dificultad sus cometidos y, al mismo tiempo, obstaculiza cualquier iniciativa profunda de transformación de nuestra sociedad y de la distribución de sus recursos.

En los pasados gobiernos, desde el retorno a la democracia, esta consigna ha estado presente en cada una de las agendas públicas. Es más, en la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo un proyecto que significó para el Estado un fuerte endeudamiento público y cuyos resultados han sido definitivamente muy escasos. Todavía está pendiente la realización de una evaluación de la relación costo-beneficio que representó para nuestro país la mencionada iniciativa.

Los impulsos reformistas sucesivamente frustrados estuvieron motivados por un diagnóstico que aun hoy permanece vigente; Uruguay posee un Estado sobredimensionado y extremadamente costoso que, además, no cumple con eficacia y eficiencia las funciones que tiene asignadas. La propia estructura estatal exhibe grotescas inequidades e irracionalidades que se expresan a todo lo largo y ancho del aparato público; no existen criterios únicos en las estructuras de remuneraciones, los sueldos están distorsionados por sucesivas modificaciones y ajustes que como capas geológicas se van agregando a una estructura salarial que ya nada tiene de orden y sistematicidad.

Por otra parte, las regulaciones existentes marcan límites muy fuertes al margen de maniobra de las decisiones públicas, puesto que cualquier intento de alteración de los criterios definidos choca rápidamente con normas proteccionistas que impiden la afectación de los tan manidos derechos adquiridos.

Finalmente, para completar el panorama, todas las iniciativas de reforma estatal enfrentaron, además, la firme y combativa postura del Frente Amplio que satanizó todas las propuestas presentadas calificándolas de neoliberales .

Es más, el Frente Amplio llegó al gobierno en base a un discurso firme de defensa del viejo Uruguay batllista , estatista y proteccionista; y seguramente parte de su crecimiento electoral estuvo directamente relacionado con la creciente percepción de parte de los funcionarios públicos y sus familias de que esta fuerza política sería la única que podría garantizarles la estabilidad de sus beneficios junto con la recuperación del nivel salarial perdido.

Sin embargo, hoy este gobierno anuncia el impulso decidido de una profunda Reforma del Estado. Ahora bien, más allá del impactante título de la iniciativa, la gran interrogante consiste en establecer cuáles serán los contenidos efectivos de la reforma.

Si el camino adoptado coincide con las ideas que trasmitió el Ministro Lepra hace un par de meses en el marco de un reportaje para Búsqueda, entonces se deberá apoyar el esfuerzo con entusiasmo. En esa oportunidad el Ministro reivindicó la necesidad de reconstruir un marco estatal más flexible, acompañado de la revisión de la inamovilidad de los funcionarios públicos, aumentando las posibilidades de asociación entre el Estado y el sector privado, modernizando sus mecanismos de decisión y redefiniendo sus cometidos y funciones. Si además, la propuesta supone una verdadera apertura al control ciudadano sobre la gestión pública y se reivindica la transparencia y la accesibilidad como principios rectores del accionar público, entonces se avanzaría en la dirección correcta.

Si estos fueran los contenidos de la reforma emprendida, el gobierno deberá enfrentar la cerrada oposición de numerosos actores sociales que han sido parte de sus respaldos a la hora de alcanzar el poder, así como de varios de los sectores políticos que lo integran. Si, por el contrario, la reforma quedara nuevamente limitada a esfuerzos cosméticos, como en las oportunidades anteriores, o se transformara en una retórica vacía el Frente Amplio no sufrirá tensiones internas, pero seguirá gobernando un país atascado en el pasado y dominado por lógicas culturales que ya eran viejas a fines del pasado siglo.

Este es el dilema que el gobierno tiene planteado, ni más ni menos.